Torres Hurtado, en el punto de mira del fiscal

El Ministerio Público ordena investigar al alcalde y a diez altos cargos del Ayuntamiento, entre éstos los concejales de Urbanismo y Economía, por las irregularidades denunciadas por Ramón Arenas en el pabellón Mulhacén.

pabellón deportivo del zaidin

El futuro pabellón deportivo.

La sombra de la sospecha vuelve a cernirse sobre el gobierno local. La Fiscalía ha ordenado investigar al alcalde, José Torres Hurtado, por las presuntas irregularidades urbanísticas en el Pabellón Mulhacén denunciadas por el empresario Ramón Arenas, quien tildó de “pelotazo” la operación porque la construcción no se correspondía con el proyecto inicialmente adjudicado e invadía en más de 300 metros un terreno de su propiedad. En el punto de mira del Ministerio Público también se encuentran diez altos cargos del Ayuntamiento, entre éstos, los concejales de Urbanismo y Economía, Isabel Nieto y Francisco Ledesma, además del constructor Roberto García Arrabal como representante legal de Fontdeis S.L., empresa concesionaria de la explotación comercial anexa al complejo deportivo.

La Fiscalía de Medio Ambiente ve indicios de delitos “contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias”

Para la Fiscalía de Medio Ambiente los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos “contra la ordenación del territorio”, de “prevaricación urbanística, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias”, adelanta hoy el diario Ideal. En el decreto que ha emitido -y al que ha tenido acceso GranadaiMedia- ordena a la Policía tomar declaración a los denunciados e investigar lo sucedido. De forma paralela, solicita a la Junta de Andalucía un informe técnico detallado sobre la legalidad de las actuaciones urbanísticas acometidas, su alcance, si se ha respetado el procedimiento legalmente establecido, además del “posible perjuicio para los intereses municipales y de los ciudadanos”.

Los hechos se remontan a a 2006, cuando el Ayuntamiento sacó a concurso la explotación por 40 años de la actividad comercial y el aparcamiento subterráneo del nuevo complejo deportivo. En febrero de 2007 se adjudicó la concesión al Grupo García Arrabal que, a cambio, debía construir el pabellón municipal para 2.000 espectadores y entregar un canon de 1.000 euros anuales al Ayuntamiento durante el tiempo de concesión.

El uso comercial se concretaría con la construcción de un edificio de una planta en esquina, con una plaza ajardinada interior para uso deportivo al aire libre de tres pistas de pádel. El anteproyecto incluía, además, dos sótanos donde se ubicarían las 196 plazas de aparcamiento y los servicios del polideportivo.

Pero lo dispuesto sobre el papel “dista” de parecerse a la realidad, según denunció el empresario en su día. De hecho, en lugar de la plaza ajardinada y las tres pistas de pádel previstas se alza un McDonald’s; el edificio de una planta para uso comercial se ha convertido en uno de dos alturas que alberga tres restaurantes; y el párking subterráneo de 196 plazas proyectado ha desaparecido directamente. Para hacerlo posible, el gobierno local aprobó a posteriori tres estudios de detalle que modificaron las condiciones iniciales de la concesión “sin respetar la libre concurrencia de otras empresas que pudieron estar interesadas”, según trasladó a la justicia Arenas, que descubrió estas “anomalías” cuando se disponía a iniciar la construcción de la escuela infantil que proyecta en la parcela colindante, un terreno que compró al propio Ayuntamiento en 2005. Para su sorpresa, el complejo deportivo invadía 332,93 metros cuadrados de su solar, lo que le impide ejecutar su proyecto educativo.

Hace apenas unos días el empresario amplió su denuncia ante la Fiscalía, después de que la concejal de Urbanismo decretara la caducidad de su licencia de obras. En el escrito enviado a Arenas, un técnico advertía que la resolución del permiso correspondía a la edil de Medio Ambiente. Además, el empresario había cursado previamente un escrito de recusación contra Nieto al considerar que su “enemistad manifiesta” lo perjudicaba, según traslada a la fiscal.

El gobierno local confía en el archivo de la denuncia

El gobierno local muestra su “confianza absoluta” en el archivo de la denuncia, ante la que ya se han presentado las oportunas alegaciones, anuncia Francisco Ledesma. El concejal ha cargado contra Arenas, al que acusa de intentar “especular” por tratar de revender “por 1,5 millones la parcela municipal que en su día adquirió por 400.000 euros” para levantar una guardería. Según el edil, el Ayuntamiento denegó la operación, que contemplaba la construcción de un parking público, porque en el pliego de condiciones constaba como equipamiento docente.

Ledesma acusa a Arenas de intentar “especular” al tratar de revender “por 1,5 millones la parcela municipal que en su día adquirió por 400.000 euros”

“El despropósito de este señor no queda ahí, sino que pide una hipoteca sobre el solar por importe de 2,5 millones de euros”, advierte Ledesma, que también arremete contra Arenas por rechazar la oferta del Consistorio de compensar los 300 metros que había ocupado de su solar con otros terrenos del entorno. El empresario descartó, asimismo, la “solución civil” ofrecida por el Ayuntamiento, contra el que lleva “diez años de litigios”: la devolución del solar a cambio del importe por el que lo adquirió, ya que lo tendría que entregar “libre de cargas” y la hipoteca lo impide.

“Lo que busca es dinero. Hasta el punto de que pide una indemnización de seis millones de euros porque no ha podido desarrollar su actividad”, advierte Ledesma, denunciado ante la Fiscalía “no como responsable de Economía, sino como concejal secretario de la junta de gobierno local”,  aclara. Como tal solo puede “visar los acuerdos ya aprobados previo informe preceptivo de los técnicos”, matiza, sorprendido porque, en su escrito al Ministerio Público, Arenas haga notar que no solo se modificó el contenido del contrato con García Arrabal, sino también su importe -algo más de 6 millones de euros, según las escrituras- cantidad que se rebajó en junta de gobierno local para escapar al control de Consejo Consultivo de Andalucía.

Sobre este aspecto, en las alegaciones presentadas a la Fiscalía se concreta que en la escritura “se valora el canon mínimo de la concesión incluido el IVA ” de ahí que la cantidad varíe, indica Ledesma, para el que “una prueba más del absurdo de esta denuncia” es que, según refiere Arenas, hasta en tres ocasiones remitió escritos sobre lo que sucedía a la Junta sin obtener respuesta, lo que “evidencia que el caso cae por su propio peso”, concluye.

El PSOE solicitará una auditoría de Urbanismo

El grupo municipal socialista exige “responsabilidades políticas” al PP y anuncia que pedirá una auditoría del área de Urbanismo para esclarecer las irregularidades investigadas, una propuesta que espera cuente “con el apoyo del resto de grupos de la oposición, incluido el socio de Gobierno de Torres Hurtado, Luis Salvador”, dada la “extrema gravedad” de los hechos.

Para el viceportavoz del PSOE, Baldomero Oliver,  resulta “sorprendente y preocupante que todos los proyectos urbanísticos de cierta envergadura iniciados por el Ayuntamiento de Granada con el PP a la cabeza acaben en los tribunales o investigados por los fiscales. Es sospechoso que siempre sea por concesiones administrativas cuyas condiciones se modifican con escasa transparencia, proyectos urbanísticos que deberían revertir en la ciudad y cuyo interés público está en duda, o actuaciones del área de Urbanismo que fuerzan la ley hasta acomodar las necesidades de proyectos que acaban siendo modificados en su esencia”.

C’s pedirá explicaciones al gobierno local

El grupo municipal Ciudadanos pedirá explicaciones al Gobierno local ante la orden de investigación solicitada por Fiscalía por presuntas irregularidades urbanísticas.  “Al igual que ya lo estamos siendo en Andalucía, Ciudadnos será implacable ante los casos de corrupción política en Granada y pedirá la dimisión de cualquier cargo público afectado”, advierte Luis Salvador, portavoz de C’s , quien resalta la necesidad de “no precipitar juicios de valor y de conocer cuanto antes los detalles de la investigación”.

Salvador recuerda que la dirección provincial del PP firmó el documento de regeneración democrática y anticorrupción que Ciudadanos defiende a nivel nacional y que contempla “la separación de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a los imputados por corrupción política”, además de la “prohibición de las donaciones por parte de presidentes, consejeros delegados y otros directivos” o la “responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en casos de corrupción de sus cargos públicos”.

Vamos Granada insta a colaborar con la justicia

Vamos Granada insta a los denunciados a “adelantarse y colaborar” con la Fiscalía para esclarecer con la “máxima transparencia” lo sucedido en el caso del pabellón Mulhacén. La coalición pide, asimismo, que el gobierno local explique las presuntas irregularidades que detalla en su decreto el Ministerio Público derivadas “de la alteración fraudulenta de las condiciones del Pliego de la Concesión admistrativa vulnerando fundamentalmente lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones” con el perjuicio que esto supone “para la ciudad y otros empresarios que habrían podido incurrir al concurso en beneficio de un empresario determinado”, además de “la burla de la fiscalización del contrato falseando la cantidad y la cuestión relativa al importe real de las obras ejecutadas”.

Dos investigaciones, un mismo constructor

La investigación ordenada por la Fiscalía se suma a la ya abierta por las irregularidades detectadas en el Serrallo Plaza, donde en lugar un de parque de atracciones infantil y un kiosco, como se proyectaba inicialmente, se construyó una discoteca, una pista de patinaje con bar y una zona multiaventuras.  En ambos casos un nombre se repite: el del constructor García Arrabal.

El gobierno local tiene, además, otro frente judicial abierto por su gestión urbanística. Así, la Fiscalía también abrió diligencias de investigación penal por posibles irregularidades en la reforma del Gran Hotel Lunacuya terraza supera en más de 500 metros cuadrados la edificabilidad de la parcela y ocupa alrededor de 100 m2 de vía pública. Se da la circunstancia de que la empresa responsable del Gran Hotel Luna, Gralusa, es la misma que promueve el polémico bloque de viviendas de Albayda, cuya construcción será posible gracias al cambio de uso de parcela de terciario a residencial, según denunció IU en su día.

Comentarios en este artículo

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    La fiscalía investiga al alcalde de Granada y varios altos cargos por irregularidades urbanísticas

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