La Fiscalía investiga las obras en los barrancos

La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción por las obras que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha desarrollado en los barrancos del Sacromonte.

Ecologistas en Acción Granada Sacromonte

Imagen de los barrancos por encima del Camino de Beas, cuyas obras ha denunciado Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción denunció en abril ante la Fiscalía las obras de corrección de los barrancos que lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el Sacromonte y el Camino de Beas, actuaciones con un coste por debajo del millón que se presupuestó, según ha dado a conocer hoy el colectivo para protección del medio ambiente.

Los ecologistas consideran que todo lo que se ha hecho en diez barrancos de la margen derecha del río Darro ha sido un “engaño para sacar dinero de Europa” a través de un proyecto que “no tiene nada que ver con lo realizado”. La actuación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se licitó por valor de 1.129.072,43 euros pero, “vistas las dimensiones de la obra y las calidades de lo ejecutado, difícilmente se puede creer que ese sea el valor real de la obra”.

El colectivo ciudadano asegura que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Granada se negaban a enseñar las cuentas de la obra que se inició en 2009, “hasta que han sido obligados por un informe de la abogacía del Estado”.

La actuación que la empresa Construcciones Alpi S.A. ha desarrollado en los barrancos del Sacromonte y el camino de Beas, en las laderas del Valle del río Darro, se justificaron ante la posibilidad de que posibles inundaciones ocasionaran daños a los habitantes de la zona. El proyecto también incluía el derribo de las construcciones ilegales que obstruyen el paso de las aguas y que, según Ecologistas en Acción, siguen en pie. De igual modo, denuncia que no se ha realizado la adecuación del camino de la Acequia Real, entre la fuente del Avellano y Jesús del Valle, una intervención que se contemplaba en el proyecto pero que luego se descartó por estar en la otra ladera del valle y previa consulta con el Patronato de la Alhambra y la Junta de Andalucía.

Otra de las cuestiones que reprochan guarda relación con el incumplimiento del Ayuntamiento de Granada que, según los ecologistas, debía haber consignado el 30% del coste total de las obras, una condición preceptiva cuando se trata de un proyecto financiado con fondos europeos. “No sólo no ha puesto ni un euro -supuestamente aportó su parte en terrenos- sino que no se enteró del inicio de la actuación hasta que preguntó Ecologistas en Acción, y dio la licencia de obras ocho meses después de comenzadas, cuando ya estaban prácticamente terminadas”, denuncian.

Los ecologistas sostienen que muchas de las actuaciones que se recogían en el proyecto no se han realizado y en otras se han empleado materiales de “muy baja calidad”. La intervención ha consistido en la construcción de un canalillo de menos de un kilómetro, aprovechando en gran parte una vieja acequia  abandonada junto a una pista que ya existía; un muro de 500 metros de piedra junto al camino en una zona donde no vive nadie, salidas bajo la carretera hacia el río Darro, unos 150 metros de rejilla de desagüe sobre el propio camino, y la limpieza manual de broza y basura de algunos barrancos más próximos al río Darro.

Según Ecologistas en Acción las cuentas del proyecto de liquidación no cuadran. “Aparecen partidas enormes para actuaciones que no se han realizado como demoliciones (147.000 €), retirada de escombros (138.000 €), perfilado de barrancos (185.000 €) y aporte de tierra vegetal (35.000 €). También intervenciones donde el pago es “excesivo” como 198.000 € en muros, o 115.000 € en hormigón solo para la acequia. También consideran “sangrante” que haya un proyecto para “control y vigilancia de las obras” del proyecto de corrección ambiental de barrancos en la margen derecha río Darro a su paso por el Sacromonte, que se adjudica a la empresa Ingeniería Rural y Medioambiente S.L.  por un importe de 74.743,58 €.

“Hemos solicitado a la fiscalía que pida los documentos de liquidación de la obra para constatar el gasto real y que un perito coteje lo que allí aparezca con lo realmente realizado. Se podría estar hablando de una distracción de dinero público próxima al millón de euros”, concluyen.

 

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