La Alhambra urdió un plan contra sus intereses

La Fiscalía sostiene en su querella contra María del Mar Villafranca y su equipo de colaboradores que la dirección de la Alhambra urdió un plan “ilegal” para prorrogar el servicio de audioguías que ha ocasionado pérdidas millonarias. Asegura que el Patronato conocía la actividad “fraudulenta” de la empresa adjudicataria.

Alhambra, Placeta de Carvajales

La dimisión de María del Mar Villafranca como directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG) se ha producido un día después de conocerse la querella presentada por la Fiscalía Provincial de Granada contra la cúpula de la dirección del monumento y contra los empresarios a los que se les adjudicó en septiembre 2007 el contrato de servicio de alquiler de audioguías; todos ellos implicados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y prevaricación administrativa.

El martes también se ha conocido los detalles de la denuncia presentada ante el Decanato de los Juzgados de Granada que deja en muy mal lugar a María del Mar Villafranca y a su principal equipo de gestión administrativa. Si bien Villafranca aseguraba en su comparecencia para hacer pública su dimisión que todas las decisiones se habían tomado “respaldadas por procedimientos administrativos trasparentes e informes jurídicos preceptivos”, el fiscal sostiene que los querellados urdieron un plan para prorrogar el servicio que prestaba Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL, conocedores de su “ilegalidad”, sin que hubiera abonado el canon que se estableció en los primeros cuatro años y ocasionando un perjuicio a las arcas del patronato que se ha cuantificado en 5,4 millones de euros. El plan se pergeña ante el temor de que la Agencia Tributaria hubiese detectado anomalías. Es precisamente un exempleado de la mercantil GTP Museum Solutions SL quien alerta de posibles irregularidades.

Según la Fiscalía, la dirección del PAG sabía que, desde el inicio de la ejecución del contrato, el adjudicatario llevaba a cabo una gestión “fraudulenta”

No sólo se modificaron las cláusulas del contrato, que la dirección de la Alhambra lo atribuyó a un error tipográfico, sino que en 2011 se prorrogó el servicio sin que la empresa hubiese abonado el canon correspondiente (sólo una pequeña cantidad), e incluso mintiendo sobre la presentación de un plan de pagos que era inexistente cuando la directora lo anunció en el Pleno del Patronato.

“Los querellados establecieron un plan para conseguir que la empresa pudiera aflorar el dinero previamente detraído de los alquileres de las audioguías en el periodo 2007 y 2011, consentido por la Directora, Secretaria General, Interventor y Jefe de Gestión del PAG mediante la declaración de ventas ficticias exentas del pago de canon fijado en el contrato”, explica el fiscal José María Suárez-Varela Higueras.

Entre otras irregularidades se menciona que los querellados conocían que el servicio de alquiler de audioguías a grupos no era gratuito, como se ofertó en la licitación, que dicho servicio se cobraba a 12 euros y que el mismo no se liquidaba. Además, mediante informe del Jefe de Gestión, se eximió del pago del canon variable pese a estar incluido en la facturación bruta que la empresa obtenía del alquiler de este servicio en el conjunto monumental.

Entre las personas que han visto salpicadas por la querella del fiscal se encuentra, además de María del Mar Villafranca, la secretaria General del mismo Patronato, V.E.Ch., el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, J.M.V.M, el interventor delegado del Patronato, M.G.P., el dministrador único de Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL,  y  su director General de la misma entidad y la actual Stendhal Museum Solutions SL.

La Fiscalía pide también que se abra una nueva diligencia penal contra J.M.V.M. después de comprobar su relación familiar con la empresa Heritage SL, a la que se le han adjudicado algunos servicios. GranadaiMedia informó el día 1 que la Alhambra había suspendido el contrato que prestaba como servicio de información turística en el itinerario cultural la Dobla de Oro. Desde el Patronato se negó que la decisión de dar marcha atrás a la renovación del contrato por un año guardase relación con la investigación de la Fiscalía.

Visedo solicitó, al parecer, la compatibilidad como jefe de Comercialización del Patronato con la empresa privada Heritage SL, sin horario, no retribuido. La solicitud fue denegada por la Junta de Andalucía.

A continuación recogemos los argumentos del fiscal a la hora de tipificar los posibles delitos cometidos por la dirección de la Alhambra y los empresarios de Stendhal Museum Solutions SL:

Malversación de caudales


El fiscal da por hecho que ha existido un “nulo control” sobre la actuación del adjudicatario. Incluso va más allá, sostiene  que los querellados han mantenido desde el primer momento de la adjudicación del contrato una actitud “especialmente favorecedora” de los intereses de Stendhal. “Desde la falta de valoración de la temeridad de la oferta, la falta de exigencia del pago de las cantidades adeudadas, el nulo control sobre el cumplimiento del contrato y de sus condiciones (presentación de las liquidaciones en fecha, exigencia de los tikets de alquiler…), la falta de consecuencias de los requerimientos meramente formales que se le efectuaban y, sobre todo, permitiendo que el contrato se desarrollase en condiciones completamente diferentes a la anterior adjudicataria”.

Todo ello derivó en un “importante perjuicio” ocasionado a las arcas del patronato y benefició considerablemente al adjudicatario al consentir que éste detrajera del mismo distintas cantidades de dinero:

  1. Se consintió que Stendhal liquidara sobre la facturación neta, una vez deducido el importe del IVA, lo que ocasionó una pérdida por minoración de los ingresos del monumento.
  2. El Patronato conocía que el adjudicatario había establecido unos precios de alquiler diferentes a los fijados en el contrato de adjudicación (máximo 4 euros el individual y 1 euro grupo), y que estos eran de 6,5 euros la guía completa (95% de los alquileres) y 4,10 euros la básica (5% de los alquileres), así como de 12 euros la audioguía para grupos, -y ello aparece publicado en la propia web del PAG-, consintieron que la liquidación se efectuara por el importe referido en el apartado anterior deduciendo el importe del IVA, ocasionando con ello al PAG una pérdida por minoración de sus ingresos que asciende a 2.200.136 euros.
  3. Según la Fiscalía, la dirección del PAG sabía que, desde el inicio de la ejecución del contrato, el adjudicatario llevaba a cabo una gestión “fraudulenta”. “Desde el primer momento el alquiler de audioguías se redujo a la mitad en relación con el anterior concesionario, no llevaron a cabo actuación alguna para poner fin a dicha situación, permitiendo durante todo el periodo de desarrollo del contrato la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales por Stendhal”. Se estima que la pérdida para los intereses del PAG es de 2.654.912,05 euros.
  4. Con pleno conocimiento se benefició, según el Ministerio Público, a la adjudicataria en perjuicio de los intereses del PAG, estableciéndose a favor del adjudicatario una cláusula por la que podría minorar el importe del canon variable inicialmente ofrecido. El perjuicio se cifra en 200.739 euros.
  5. Se hace referencia a la “incompetencia” del Jefe de Gestión para la interpretación de una cláusula contractual, permitiendo que el adjudicatario no abonara el canon sobre el mismo, lo que ocasionó unos perjuicios al Patronato de 45.207 euros.
  6. El fiscal censura a la dirección del PAG por suscribir sendos acuerdos de reconocimiento de deudas, compensando al empresario en perjuicio de las arcas del PAG, que dejó de percibir 97.033 euros y 217.359 euros.
  7. La Expositiva

Prevaricación administrativa


La Fiscalía considera que ha quedado acreditado que los querellados trazaron un plan para prorrogar el contrato del servicio de audioguías con la empresa adjudicataria, actuación “con pleno conocimiento de su ilegalidad”, para ofrecerle una salida a la falta de pago de la deuda contraída con el Patronato de la Alhambra. Se hizo mediante la exención del canon variable sobre grupos, “resolución adoptada por el Jefe de Gestión sin competencia para ello, y conocida y consentida por el resto”.

Los querellados conocían que no había sido abonada cantidad alguna por parte de la empresa GTP (salvo una mínima cuantía), que su situación de solvencia económica no era la que se hacía constar en el acuerdo de prórroga del contrato y que el propio Pleno del Patronato había exigido poner fin al contrato ante el impago reiterado de importantes cantidades. “No hay que olvidar que directora [María del Mar Villafranca] y la secretaria General mintieron en el Pleno celebrado en el mes de junio de 2011 manifestando que la empresa había presentado un plan de pagos algo que sin embargo no ocurrió hasta bien entrado el mes de julio siguiente”.

También queda constatado, según el fiscal, que los querellados habían prescindido “total y absolutamente” del procedimiento legalmente establecido en las prórrogas de los contratos de Atención e Información al Visitante.

La modificación del contrato, así como de las condiciones económicas y técnicas del mismo, fue contraria a derecho, pese a lo cual se firma y se añade una segunda cláusula que viene a establecer para el adjudicatario unas condiciones mucho mas favorables de orden económico a las ofrecidas en la licitación inicial.

Blanqueo de capitales


La investigación de la Fiscalía Provincial detecta un incremento “inusual” de las cantidades que figuran como liquidación en concepto de ingresos por alquileres a grupos y que se presentan “repentinamente” ante el PAG  durante los meses inmediatamente siguientes a la prórroga del contrato. Estas cantidades afloran en la tesorería de la empresa con la finalidad de atender al pago de lo reclamado por el PAG pero son, a juicio del Ministerio Público, “absolutamente desproporcionadas” en relación no sólo al propio aforo del monumento sino también a las existencias de la empresa que carecía de las audioguías que declaraba en concepto de alquiler.

Un ejemplo: en el mes de enero de 2015 la empresa declara un total de 99 alquileres a grupos mientras que en el mes de noviembre y diciembre de 2011 hace constar 111 alquileres diarios . La finalidad es “conseguir aflorar el dinero opaco previamente cobrado y no declarado durante los cuatro años de vigencia del contrato”. “Prueba de que los miembros del PAG conocían este “Plan de activación de Ventas” es que los días inmediatamente anteriores a la prórroga se emite un informe por el Jefe de Gestión de Ingresos, previa interpelación del adjudicatario, en el que se le exime de presentar liquidación y, en consecuencia, de ingresar cantidad alguna, en concepto de canon variable por alquileres a grupos”.

La propia Agencia Tributaria (AEAT) tiene constancia de que el adjudicatario pretendió ingresar de una sola vez en la sucursal del Banco de Santander de Dos Hermanas la cantidad adeudada que ascendía a 528.000 euros aproximadamente así como los ingresos efectuados en su cuenta corriente durante los meses siguientes a la prórroga por importe de 25.000 euros.

Las conclusiones de la AEAT en el procedimiento de inspección son las siguientes:

  1. El administrador retiraba de la recaudación determinadas cantidades, presumiblemente desde que comenzó la prestación de los servicios en la Alhambra y Alcázar de Sevilla, y las situaba a su disposición fuera del entorno de la empresa.
  2. Los coordinadores de la Alhambra están bajo el control directo del administrador.
  3. El administrador diseña el plan de activación de ventas para cancelar la deuda con el Patronato.
  4. El plan se realizó después de confirmar que el ingreso del total del efectivo alertaba a la AEAT.
  5. La no finalización del plan de activación queda justificado con el testimonio y prueba documental aportado por el coordinador de la Alhambra, Antonio Ávila, quien, por orden del administrador, habría introducido ventas ficticias en los TPV para poder ingresar el efectivo opaco en la cuenta bancaria.
  6. La empresa estaba en pérdidas antes del cierre del ejercicio 2011.
  7. La empresa auditora que actuó en el proceso de venta había detectado, con ayuda del director de operaciones, un aumento ficticio de las ventas mediante el falseamiento de los partes de caja.
  8. Como resultado de sus operaciones comerciales con el PAG, Stendhal tiene necesidad de tesorería que excede tanto de su capacidad propia como de financiación ajena, necesidad que se concreta en la liquidación de la deuda exigida recurriendo a la “autofinanciación” opaca.

Comentarios en este artículo

  1. Con tal de robar dineros ya sean a los granainos o a todo el mundo les da igual y la cosa seguirá igual.

    otelo
  2. […] presentó su dimisión como directora del Patronato de la Alhambra después de conocerse la querella presentada por la Fiscalía de Granada ante las pérdidas de 5,4 millones de euros que el monumento ha dejado de ingresar por supuestas irregularidades en el servicio de información […]

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