El alcalde, en el centro, y Juan Antonio Mérida, a la dcha., conversan con Manuel Lorente, el técnico absuelto.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha absuelto al que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo, y al resto de los acusados por un presunto delito de prevaricación en torno a l aoperación urbanística en los terrenos del Plan Parcial T-1 del Cerrillo de Maracena, donde se iba a construir el Palacio del Hielo, entre los que figuran el exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento de Granada, el jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha.
Así lo ha adelantado esta mañana el alcalde de Granada durante una visita al Albaicín para valorar el resultado de las obras de accesibilidad en el centro Aliatar. Torres Hurtado ha defendido la labor de los técnicos municipales y ha denunciado la labor de oposición del grupo municipal socialista, que hace coincidir sus denuncias con períodos previos a las elecciones por «motivos partidistas» para desacreditar al equipo de gobierno.
No obstante, el fallo judicial, contra la que cabe recurso de casación alte el Tribunal Supremo, cuestiona el procedimiento irregular seguido por los técnicos del Ayuntamiento de Granada por el que se incrementó la superficie destinada a los aprovechamientos urbanísticos [Incluimos audio con la reacción del alcalde]
La sentencia
Durante su declaración en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada el pasado mes de mayo, García Royo negó ante el juez que existiese una connivencia con los promotores para aumentar las parcelas municipales y el espacio a edificar. La denuncia partió inicialmente de José Julián Romero, uno de los promotores que iba a edificar en esos terrenos, a la que se sumó la Abogacía del Estado, que denunció la apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento de Granada. El Ministerio Público consideró también que esta operación irregular se habría llevado a cabo para obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales, una trama que, además, permitiría a las empresas propietarias de los terrenos aumentar su edificabilidad.
Sin embargo, la Audiencia Provincial no ve la existencia de delito alguno aunque sí cuestiona el proceder de los técnicos del Ayuntamiento de Granada. En el fallo al que ha tenido acceso GranadaiMedia y que puede leerse en su integridad al final de la noticia, los jueces consideran que no existe prevaricación y que el convenio resultó «penalmente neutro».
«Los promotores pudieron sentirse sorprendidos e incluso engañados ante la reclamación económica que el Ayuntamiento»
El tribunal estima que no existió pacto alguno entre los acusados para sacar tajada a la operación urbanística si bien admite que los promotores firmantes del convenio «pudieron sentirse sorprendidos e incluso engañados -tal y como reconoció ante el juez el también acusado José Julián Romero- ante la reclamación económica que el Ayuntamiento terminó por dirigirles, que prácticamente duplicaba el valor previsto en el convenio».
De hecho, la Sala considera justificadas las protestas de los promotores, en este caso de José Julián Romero, después de que se incrementara en más de 41.000 metros cuadrados la superficie referida a la cesión de los aprovechamientos urbanísticos. «El Ayuntamiento mostró en este asunto no sólo desacierto sino una patente falta de mesura».
En opinión de la sala de la Audiencia Provincial, hubo en el convenio urbanístico un sobrecoste frente al que los promotores «tuvieron escasa capacidad de reacción, dado los términos en los que se habían obligado a adquirir los excesos de titularidad municipal y todo por un error que a los mismos no les resultaba imputable, y sí al Ayuntamiento de Granada». «Es también posible que asumieran de mejor o peor grado ese sobrecosto, confiando en poder rentabilizarlo, pero lo cierto y la verdad es que no recurrieron el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación ni la fijación de los aprovechamientos, salvo el concreto particular que se refería a la superficie asignada a la finca del Ministerio de Fomento».
«El Ayuntamiento mostró en este asunto no sólo desacierto sino una patente falta de mesura»
Tampoco observa la codicia que las acusaciones presuponían a los promotores implicados sino «unas calculadas pretensiones comerciales, que es una cosa muy distinta y perfectamente comprensible». Ni queda demostrado, según el fallo, que la Confederación Hidrográfica se viera perjudicada más allá de las controversias suscitadas entre promotores y el Ayuntamiento respecto del volumen y del valor económico de los aprovechamientos que el Ayuntamiento se atribuyó.
Es por todo ello que absuelve del delito de prevaricación al ex concejal Luis Gerardo García-Royo, a los técnicos del Ayuntamiento de Granada, entre ellos Manuel Lorente, y a los promotores José Julián Romero y Manuel Rodríguez Acosta. También absuelve de toda responsabilidad a las empresas promotoras, a la Caja Rural y al Ayuntamiento de Granada.
(04-06-2014)
[…] La querella del alcalde tiene su origen en otra que el PSOE presentó en su día por irregularidades en los terrenos donde se iba a construir el Palacio del Hielo, una supuesta especulación urbanística relacionada con el Plan Parcial del Cerrillo de Maracena PPT1 en la que se vio envuelto el gobierno municipal del PP y técnicos de Urbanismo y que finalmente archivó la justicia. […]
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