«Conocíamos la imputación de Cristina Almagro —antes de incluirla en la lista—, es un delito al que no le damos más importancia y el partido la apoya«, confirmó recientemente el coordinador de campaña del PP en la capital y concejal de Organización, Juan Antonio Fuentes. La Fiscalía, sin embargo, no opina lo mismo. Atribuye a la secretaria del PP en el barrio granadino del Albaicín, Cristina Almagro, ‘número 8’ de la lista del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, un delito de falsificación de certificados por el que se enfrenta a una multa de 3.600 euros y a la posibilidad de ser inhabilitada para el ejercicio de cargo público en caso de condena.
El juicio tendrá lugar el próximo 6 de junio en el Juzgado de lo Penal 2 de la capital, en cuyo banquillo también se sentará el que fuera secretario de la asociación, Antonio Fernández Lupión, acusado del mismo delito y para el que se pide la misma multa.
Las declaraciones de Fuentes van en la línea mostrada por la dirección del PP tras tener conocimiento de la denuncia que presentó en septiembre de 2008 un vecino del Albaicín, Miguel Ángel García Segura –primo del presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez–, donde implicaba a dirigentes populares de incluir “datos falsos” en los certificados para ponerse al frente de la directiva del barrio y controlar el movimiento vecinal. La acusación particular, que ejerce dicho vecino, presidente de una asociación granadina de artesanos, eleva a 18 meses la petición de cárcel y una multa de 18 meses. La ejecutiva popular trató de denostar al denunciante, persistente en sus denuncias a cargos del PP a los que acusa de falsear domicilios para poder votar en los barrios y controlar al movimiento vecinal.
Lo que realmente tiene relevancia penal para la Fiscalía es el hecho de que tanto Cristina Almagro como Antonio Fernández Lupión expidieron certificados de su puño y letra con el nombramiento de una nueva junta directiva que encabezaron ellos, elegida en la asamblea extraordinaria del 29 de diciembre de 2005 y remitida para su inscripción a la Consejería de Justicia y Administración Pública, “cuyo contenido no se ajusta a la verdad y en los que se han hecho constar datos falsos”.
En dicha asamblea, ni estuvieron presentes ni eran socios de la asociación –se afiliaron el 4 de mayo de 2006–, según los documentos aportados a las diligencias y el testimonio jurado de personas que asistieron a dicha junta, entre ellos el denunciante y los miembros de la entonces directiva Juan Miguel Jiménez Miranda, Torcuato Valenzuela Tomás, Eufrasio Gázquez Gázquez, Margarita Díaz Pérez,Manuel García Sánchez, Miguel Salmerón Hidalgo y María del Carmen Torres Benítez.
El denunciante, que dice no haber contado con ningún apoyo, confiesa «haber recibido muchas presiones para que retirara la denuncia» y teme que el gobierno de Torres Hurtado proceda a desalojar a los artesanos que se encuentran en el edificio municipal de la Chumbera y a los cuales representa.
Sr. periodista, si hubiera hecho Ud. los deberes propios de su profesión, tanto ahora como cuando se hizó eco con la noticia en el periódico en el que trabajaba, habría podido comprobar que el denunciante arrima el ascua a su sardina y miente en bastantes cosas, de hecho ha terminado también imputado por denuncia falsa.
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Albayzinero
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Álvaro Calleja
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La edil del PP dimite tras su condena por falsedad | GranadaiMedia