Los tres trabajadores despedidos reivindican la necesidad de unirse para combatir la precariedad del sector.
La justicia ha dado un espaldarazo a las protestas por su readmisión y el derecho a huelga que mantienen desde hace meses los tres trabajadores a los que Jardines Alberto despidió tras secundar el paro de hostelería los pasados 29 de agosto, 10 y 11 de septiembre. Así, el juzgado de instrucción número 9 ha archivado la denuncia que el restaurante interpuso contra los ya exempleados, a los que acusaban de supuestos delitos de injurias, amenazas y coacción por sus movilizaciones frente al local. Las propietarias del conocido establecimiento, situado a escasos metros de las taquillas de la Alhambra, solicitaban, además, una orden de alejamiento, tanto del negocio como de ellas mismas porque, según manifestaban, «temían por su integridad física».
La defensa: «la verdadera causa de esta denuncia […] no es otra que instrumentalizar la justicia penal para alcanzar una posición de fuerza en un conflicto que es laboral»
En su auto, al que ha tenido acceso GranadaiMedia, el juez señala que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito», por lo que procede a decretar el «sobreseimiento provisional de las actuaciones».
El archivo de la causa -abierto a recurso de apelación- ha «desmontado» un «nuevo intento de amedrentar» a estos trabajadores, señala el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que pertenecen. Así, los tres exempleados habían emprendido acciones legales contra la empresa por entender “nulo” su despido al “vulnerar el derecho a huelga con el agravante” de que uno de los ceses se produjo contra el delegado de la sección sindical.
Tras infructuosos intentos de negociación, iniciaron de forma paralela una campaña sindical pacífica con piquetes informativos para exigir su readmisión y denunciar que los pusieran en la calle “de forma injustificada” como “represalia” por sumarse al paro hostelero, aseguran. Con este propósito, los afectados repartieron pasquines entre los visitantes de la Alhambra para mostrar, en distintos idiomas, el menú laboral que sirven en el restaurante, con un primer plato, segundo y postre en los que no falta la «precariedad» como ingrediente, critican.
Ante estas reiteradas protestas, la empresa decidió contratacar con esta denuncia, ahora sobreseída, para la que presentó como ‘prueba’ vídeos de las movilizaciones y panfletos.
«El apoyo de numerosos clientes, turistas y gente de Granada, que han rehusado entrar a consumir en el negocio tras conocer las prácticas caciquiles que ahí se cocinan, así como de la inmensa mayoría de trabajadores del recinto de La Alhambra, que conocían la realidad del restaurante, parece que precipitó a las propietarias y al gerente a tratar de silenciar de nuevo la protesta sindical», censura el SAT.
“En total la policía acude en cinco ocasiones [a las protestas de los trabajadores] sin que conste conato alguno de violencia o de insulto, amenaza o coacción en sus informes»
Coincide con esta idea el abogado de los trabajadores, para el que «la verdadera causa de esta denuncia […] no es otra que instrumentalizar la justicia penal para alcanzar una posición de fuerza en el seno de un conflicto que es obviamente laboral».
Según la defensa, «cae por su propio peso» que alguien hubiera podido temer por su integridad ante la actitud de los manifestantes, ya que las propias grabaciones aportadas por Jardines Alberto muestran la conducta pacífica de los trabajadores, un talante que igualmente acreditan los informes de los agentes presentes en las movilizaciones. «En total la policía acude en cinco ocasiones sin que conste conato alguno de violencia o de insulto, amenaza o coacción en sus informes, que sí hablan de la actitud pacífica de los trabajadores», explica el letrado en su escrito al juez.
Desmiente, asimismo, que se produjeran injurias por exclamaciones del tipo «queremos trabajo con dignidad, queremos trabajo, ya está bien de represión sindical”, al tratarse de manifestaciones genéricas en el marco de un conflicto laboral, o por mantener en los panfletos que el restaurante «incumple la normativa laboral en materia de contratos, horarios, formación, número de jornadas laborales”. La defensa recuerda que en su día la propia Inspección de Trabajo «certificó» esta afirmación, tras una denuncia de estos trabajadores por mantenerlos con contratos de temporada cuando realmente eran fijos. El organismo obligó entonces al restaurante a convertir en indefinido a uno de los afectados.
Meses después llegaría su despido y el de sus otros dos compañeros tras sumarse a la huelga de la hostelería, un asunto aún en manos de la justicia.
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