Francisco Lupión y Cristina Almagro, en el juicio que tuvo lugar en junio de 2011.
La exconcejal de Juventud del Ayuntamiento de Granada, Cristina Almagro, no ha conseguido su propósito de que la Audiencia Provincial le revoque la sentencia condenatoria por falsificar las actas de la Asociación de Vecinos del Albaicín para auparse a la presidencia.
Tanto ella como el exsecretario de la asociación del Albaicín, Antonio Fernández Lupión, condenado también por falsificación por el Juzgado de lo Penal 2 de Granada, no se libran de la pena. Les rebaja, eso sí, los meses de prisión (de 20 a 6) pese a la contundencia de los argumentos utilizados para censurar la maniobra de los dos dirigentes del PP.
«En la asamblea donde fueron elegidos no se convocó a los socios ni se levantó acta»
En la sentencia, a la que ha tenido acceso GranadaiMedia, la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada estima parcialmente el recurso de apelación y reduce la pena a seis meses de prisión y seis meses de multa –un total de 1.800 euros- por un delito de falsedad en documento oficial, además de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante el periodo de la condena.
Los jueces que forman el tribunal no tienen duda de que el documento que se presentó ante la Delegación Provincial de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía para avalar el nombramiento de la nueva junta directiva del Albaicín fue «falso», y que todo el proceso estuvo plagado de irregularidades.
«Ambos manifiestan que fueron elegidos en la asamblea de 31 de mayo de 2006, sin embargo no consta que se celebrara la misma, no se convocó a los socios, no se levantó acta de la misma, y lo que llama la atención es que los cargos directivos que estaban legalmente nombrados cesaran con fecha posterior», precisa la sentencia. El citado documento llevaba la firma de ambos, tal y como reconocieron durante el juicio.
También se refiere a un episodio celebrado con anterioridad, el 29 de diciembre de 2005, día en el que se celebró una asamblea donde no se nombraron cargos directivos y donde ya ejercían como presidente y secretaria los hoy condenados, sin que ni siquiera Antonio Fernández Lupión perteneciera en ese momento a la asociación de vecinos. En el fallo se hace constar que ninguno de los dos era vecino del Albaicín y para inscribirse en la Asociación facilitaron domicilios falsos. El tribunal ignora los motivos que les llevaron a inscribirse en la asociación y autonombrarse presidente y secretario.
«Se presentaron documentos falsos para lograr esa modificación de los estatutos»
«Lo verdaderamente importante es que con la presentación de ese documento falso se consiguió que la administración dictara una resolución en un expediente administrativo que modificaba la realidad jurídica. En la vida societaria es esencial el acta de las juntas donde se plasma la voluntad de los socios y aquí se ha fingido esa voluntad social», precisa la sentencia de los magistrados, quienes dejan claro que no hubo error por parte de la juez de lo Penal 2 a la hora de valorar las pruebas. «Lo que sucede es que se presentaron ante la Administración documentos con un contenido falso para lograr esa modificación de los estatutos», argumenta.
Igualmente se rechaza que haya habido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y que no haya habido garantías procesales al permitirle al denunciante actuar como acusación particular cuando ni era ofendido ni perjudicado. «Se ha tramitado la causa y en ningún momento se ha impugnado la personación de Miguel Ángel García Segura como acusación particular, luego se ha consentido la misma».
Y aunque el tribunal entiende que la pena impuesta en primera instancia era proporcional al delito por el que se condenaba a ambos dirigentes del PP, y la sentencia estaba razonada, sí procede a rebajarles la pena -el fiscal se pronunció a favor de la estimación parcial del recurso- y a declarar de oficio las costas alzadas por el recurso.
PP: «Conocíamos la imputación de Cristina, no le damos más importancia, el partido la apoya»
La denuncia fue presentada en septiembre de 2008 por un vecino del Albaicín, Miguel Ángel García Segura –primo del presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez–, donde implicaba a dirigentes populares de incluir “datos falsos” en los certificados para ponerse al frente de la directiva del barrio y controlar el movimiento vecinal.
La ejecutiva popular trató de denostar al denunciante, persistente en sus denuncias a cargos del PP a los que acusó también de falsear domicilios para poder votar en los barrios sin vivir en ellos y controlar así al movimiento vecinal. Éste fue el propósito que se marcaron los hoy condenados en sentencia firme para asumir la presidencia del colectivo vecinal mediante un procedimiento ilegal: manejar a su antojo a la asociación de vecinos, un motivo que dice ignorar el tribunal que preside la sección primera de la Audiencia.
No tuvieron reparos en solicitar la colaboración del presidente de la Federación Provincial de las Asociaciones de Vecinos, Francisco López de Haro, quien fue citado a última hora a declarar, a petición de la defensa, para tratar de legitimar el proceso que se siguió para que Cristina accediera a la presidencia de la asociación del Albaicín, también contratada como secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada.
La dirección del PP echó un órdago a los jueces. Consideró el asunto como un tema menor y no le importó que estuviera imputada para incluirla en las listas municipales. A la contundente victoria de los populares le siguió el nombramiento como concejal de Juventud. Su paso por el equipo de gobierno resultó efímero. Tras conocerse la sentencia en primera instancia, la misma dirección del PP que la incluyó en la lista electoral de las municipales, haciendo caso omiso a la acusación que se cernía sobre ella, la obligó a dimitir.
Noticias relacionadas:
Estupendo articulo. Claro y conciso. Queda bastante clarito que el PP de Granada quiere manipular, utilizar y controlar las AAVV. Controla Albaicin y la Federación. Y a las que no controla caña (Zaidin) o aburrirlas.
Maroto
[…] de la Chumbera, un grupo de artistas implicados en su barrio que no dudaron en denunciar el caso de la Concejala Cristina Almagro, la cuál fue finalmente declarada culpable de falsedad documental y obligada a dimitir de su cargo […]
Concejal9 » El desahucio de la artesanía en Granada