Carmen Bajo, la activista del 15M condenada a tres años de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores, no entrará de momento en el centro penitenciario, según el auto con carácter «extraordinario» de la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada que revoca la decisión del juez de lo Penal 1 en la que se negaba a suspender la entrada en prisión de ambos condenados.
El auto, con fecha del martes 22 de julio, es el mismo que ponía en libertad a Carlos Cano, quien ha permanecido una semana en el centro penientenciario de Albolote tras entregarse voluntariamente el pasado 14 de julio. Su libertad definitiva o su ingreso en prisión queda supeditado a la decisión que adopte el Ministerio de Justicia cuando estudie ña petición de indulto que presentaron los dos activistas.
En su resolución, la Audiencia de Granada valora que la propia víctima -la propietaria del establecimiento donde accedió el piquete durante la huelga general del 29 de marzo de 2012- haya suscrito la petición de gracia por considerarla desproporcionada. A Carmen Bajo, el juez de lo Penal número 1 le concedió un aplazamiento de un mes, hasta el 31 de julio, por los motivos personales que alegó pero no aceptó las consideraciones que esgrimía Carlos, quien sí pisó la cárcel granadina.
En el auto al que ha tenido acceso GranadaiMedia, el tribunal considera «significativo»que la propia víctima del delito, a la que le repararon los daños que le causaron cuando los huelguistas accedieron a su local, «ha suscrito expresamente la solicitud de indulto formulada por Carlos Cano y Carmen Bajo».
«De momento tenemos un tiempo de calma chicha a la espera también de lo que decida el Tribunal Constitucional»
Según los jueces, este hecho convierte el caso «en uno de aquellos en los que por las especiales circunstancias concurrentes ha de estimarse oportuna la concesión de aquella suspensión temporal de la ejecución de las penas privativas de libertad que, con carácter extraordinario, se encuentra legalmente prevista en el Código Penal».
En el recurso de apelación, la defensa de Carlos Cano, además de subrayar que se había iniciado el trámite de presentación del indulto, argumentaba que la pena era «desproporcionada», que carecía de antecedentes penales, que la suspensión de entrada en la cárcel no ocasionaba perjuicio alguno a la sociedad ni a la administración, que se había procedido a reparar el daño causado a la víctima, obteniéndose el perdón de la misma y que, de no procederse a la suspensión del auto dictado por el juez de lo Penal, se causarían «graves e irreparables perjuicios» a los dos condenados.
La Audiencia recuerda que el Código Penal faculta al juez o tribunal a suspender la ejecución de condena cuando la finalidad del indulto pusiera resultar «ilusoria», es decir, cuando la ejecución de la pena pudiera frustrar la medida de gracia que pudiera conceder el Gobierno.
«No hay nada definitivo»
En declaraciones a este diario, Carmen Bajo se mostraba cauta con la decisión de los jueces, consciente de que «no hay nada definitivo». «De momento tenemos un tiempo de calma chicha a la espera también de lo que decida el Tribunal Constitucional», añadió. Su abogado está pendiente de que el alto tribunal se pronuncie sobre el recurso que presentó en base a la vulneración de derechos fundamentales durante la tramitación del procedimiento judicial y en especial durante el momento de dictarse la sentencia. «Me alegro sobre todo por Carlos, por lo que significa recobrar la libertad. El encarcelamiento es algo a lo que nunca debería haberse llegado», opinó.
A la espera de que se produzcan nuevos acontecimientos, Carmen Bajo mantendrá la campaña de recogida de firmas que ha puesto en marcha para recabar apoyos a favor de su indulto, además de la llamada solidaria a la autoinculpación a la que ya se han adherido más de 120 personas. «No tengo por qué pedir perdón por participar en una huelga general. Lo acontecido debe servir como conducta ejemplarizante para los gobernantes», concluyó.
(23-7-2014)
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