Unos quince años se lleva hablando de los cortes de luz en el distrito Norte de Granada y de las terribles consecuencias que soportan miles de ciudadanos. Sus testimonios han sido recogidos en bastantes ocasiones, los medios de comunicación nos hemos hecho eco una y otra vez de sus protestas, las instituciones se han pronunciado repetidas veces… Pero el problema, el gravísimo problema, persiste. A lo mejor ya de lo que se trata no es de seguir hablando de lo mismo sino de buscar soluciones, ponerlas encima de la mesa y, sobre todo, aplicarlas con éxito.
Es la intención que ha presidido las jornadas denominadas ‘Soluciones participativas al problema de los cortes de luz en barrios vulnerables: experiencias y propuestas de acción’, que se han desarrollado los días 11 y 12 de mayo en el complejo administrativo Triunfo, frente al Hospital Real de Granada.
Las han organizado la Oficina del Defensor de la Ciudadanía y la Universidad de Granada (UGR), institución a la que, según reconoce el Defensor, Manuel Martín, acudió no tanto para que ofrezca soluciones salidas de un inexistente sombrero de magia como para que «ejerza de mediadora, porque tenemos que tocar todas las puertas y porque entendemos que no hay causas imposibles».
Marga Sánchez, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR, coincide en que en el organismo que representa no está la poción sanadora, pero sí entiende que «puede jugar un papel muy importante, porque el conocimiento del problema, tanto desde el punto de vista de la sociología o la psicología, como desde criterios técnicos que pueden tener que ver con la Ingeniería, por poner tres ejemplos, puede ser importante para aportar soluciones. La Universidad -subraya- investiga para generar conocimiento. Aquí se trata de que, desde puntos de vista distintos, se debata y surjan soluciones para un problema que también tiene una vertiente política importante. Si podemos aportar ese conocimiento, aquí vamos a estar».
Hablar sobre Endesa sin Endesa
Sentadas esas bases, lo cierto es que las jornadas, articuladas en torno a mesas de debate, incluyeron prácticamente a todos los que pueden tener voz en este asunto… excepto Endesa, que no estuvo. «Queríamos que estuviera, por supuesto, pero declinó la invitación», dijo Manuel Martín a GranadaiMedia.
Y da la impresión, así desde fuera, de que su voz habría sido tan valiosa como las de, dicho sea con todos los respetos, la Federación de Consumidores y Usuarios (Facua), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias o la Diputación de Granada.
En esta imagen y en la que figura en la portada, dos de las mesas de trabajo de las jornadas. Foto: GIM
En cualquier caso, los convocados debían pronunciarse sobre los siguientes objetivos:
1- Encontrar soluciones y propuestas al problema desde la perspectiva de los derechos humanos vulnerados y la necesaria inclusión social.
2- Aportar soluciones y propuestas desde un enfoque científico, universitario y técnico que deje al margen el enfoque político y se centre en la realidad y sus efectos para transformarla». (Nótese, al hilo de esto, que la propia vicerrectora de la UGR habló, antes de que empezaran las jornadas, de que el problema «tiene una vertiente política importante»).
3- Atender y aglutinar nuevas ideas, compartir experiencias que hayan resultado útiles o efectivas y poner en común distintas visiones y soluciones del lado de profesionales de diferentes campos.
4- Al tratarse de un problema común a distintos barrios y familias de la geografía, se hace necesaria una perspectiva compartida e integradora que haga protagonistas principales de la solución a los afectados.
5- Dar mayor visibilidad al problema para sensibilizar a más ciudadanía y actores sociales y poder recabar nuevos apoyos en la solución del problema.
Las recetas, a la palestra
Dicho lo cual, allá van las recetas que llevaron bajo el brazo algunos de los ponentes, de la forma más aséptica posible. Que cada cual saque sus conclusiones y se apunte a la que más interesante le parezca.
Rosario García, presidenta de la asociación Nueva Cartuja, una de las zonas que sufre los cortes con más virulencia, opina que lo primero «sería contar con un número de teléfono de atención al ciudadano», porque entiende que es «esencial» que la gente, sobre todo los mayores o los que están solos, «tengan a alguien que les atienda personalmente, que no se tire uno media hora esperando a que un contestador te diga algo, que es desesperante».
Como segunda medida, tan importante o más que la anterior, sugiere que Ayuntamiento, Junta y Gobierno «digan de juntarse y acabar con la impunidad de Endesa». Por el momento, recalca, lo que sucede es que «se echan la pelota el uno al otro y no toman la iniciativa».
Protesta en Casería de Montijo, en enero de 2021, contra los cortes de luz. Foto: Lucía Rivas.
«Tenemos un Ministerio de Industria, ¿no? Pues que le diga a Endesa que hasta aquí hemos llegado. Que las administraciones decidan de una vez sentarse y terminar con este problema y punto», subraya.
De esa visión que tiene del problema, se podría colegir que Endesa es la mala de la política y las administraciones, sus cómplices. Asiente al oír eso, pero de inmediato se le ocurre una alternativa: «A lo mejor los malos son las administraciones, por su dejadez. Tal vez Endesa considera que lo que hace está bien, pero son las administraciones las que le deben decir que no. No hay otro camino: trabajar en común, no hay más vueltas. ¡Tenemos un Ministerio de Industria que debe ponerle límites a Endesa!», insiste. Y no, los signos de admiración no están de adorno en este caso.
La pelota en el tejado de los vecinos
Fernando Machado, director de Energía de la Junta de Andalucía, entiende que la solución «más evidente» es que se regularicen todos los suministros de Norte. «El problema es que hay una red de distribución pública que opera Endesa sin conocer la potencia demandada de esa red. Si se regularizan los suministros, la potencia estará definida y se podrán desarrollar unas redes conforme a la potencia. Al estar dimensionada, no habría problemas de cortes».
Para el representante del gobierno autonómico, parte del problema, en términos técnicos, se genera «cuando los fusibles saltan porque se supera la potencia que aguanta el cable, que está diseñado para la potencia demandada, la que conoce Endesa, no otras desconocidas que se enganchan a la red».
Actuación policial, con apoyo de técnicos de Endesa, contra un enganche ilegal en Granada. Foto: GIM
Se muestra en cierto sentido conforme con la manera en que se está actuando por el momento. «Lo que se está haciendo es combatir esos enganches irregulares, por eso todas las semanas las Fuerzas de Seguridad y Endesa cortan esos suministros irregulares. Ahora mismo no se me ocurre otra cosa hasta que no se haga la regularización. Las administraciones deben impulsar que se regularicen los suministros», concede, pero ese trabajo de campo «lo deben hacer los vecinos de la zona».
Mediación y justicia gratuita
Muchos afectados por los cortes han acudido a la Justicia. África Morata, presidenta del grupo de Derechos Humanos Colegio Abogados, respalda y apoya esa iniciativa, pero con un deje de ironía deja claro que «aunque parezca que, como abogada, a lo mejor lo primero que puedo aportar es recomendar que todo el mundo ponga una demanda, que está bien porque se ejercita una presión, creo también que una de nuestras misiones es mediar, siempre».
Ciñéndose al problema, incide en que la colaboración entre las administraciones es crucial. «Nosotros podemos asesorar e informar, pero si las instituciones no ayudan, no hacemos nada». Y arrimándose a su función profesional, recuerda un dato importantísimo: en Granada «ya hay alguna demanda a Endesa por vulneración del derecho a la vida, a la integración física, a la educación, a la salud, a la infancia…». Palabras mayores, o así lo parecen.
La letrada no echa balones fuera. Sabe que «el problema de la marihuana» está ahí. «No lo vamos a negar, es evidente», explica, pero precisamente eso hace necesaria «una mayor coordinación para que la gente no se vuelva a enganchar ilegalmente a las redes» y que las administraciones lideren un «seguimiento constante» de esas irregularidades.
No obstante, por encima de eso que no niega, existe en el distrito algo que considera más acuciante. «Nos estamos encontrando en la zona con un grave problema de pobreza energética». Se podría paliar, sugiere, con más coordinación y más implicación de las administraciones, a las que demanda «una auditoría externa y un mapeo para saber en qué condiciones está allí la red».
Otra protesta contra los cortes de luz en el distrito Norte de la capital. Foto: GIM
En la misma línea, aboga por que el ayuntamiento dé más protagonismo en la zona a los trabajadores sociales «porque se tiene que conocer la pobreza energética de allí, puerta a puerta». Y por supuesto, considera imprescindible que Endesa participe. «Sin un equipo conjunto, lo que se haga no sirve de nada. Endesa tendría que revisar sus instalaciones, lo cual tiene un coste importante, pero debe saber que allí hay problemas muy grandes y que no se solucionan sólo con medidas como que un electrodependiente lo certifique y así se asegure de que no le cortarán la luz. Porque hay personas allí que necesitan un grupo electrógeno. ¿Cómo lo consiguen y quién lo paga?», inquiere.
Sin renunciar a esa labor mediadora, regresa a la senda de la respuesta legal ante los presuntos atropellos, con todas sus consecuencias. «Debemos asesorar e intentar que los afectados puedan acudir a un tribunal de manera gratuita. Yo propongo que de esa forma, sin pagar, podamos llegar incluso al de Estrasburgo, cosa que hasta ahora no se ha conseguido».
El lado combativo
Combativo se mostró José Chamizo, presidente de la asociación Voluntarios por otro mundo. «¿Por qué no logramos más impacto con lo que estamos haciendo hasta ahora?», inquirió, para a continuación abogar por «cambiar nuestro nivel de agresividad y pasar de las concentraciones de protesta a un punto mayor, porque somos demasiado nobles y los oídos de la sociedad se han anestesiado», sentenció.
El que fuera Defensor del Pueblo Andaluz, que participó de forma virtual, fue más allá y calificó de «obsoleto» el planteamiento que se ha hecho hasta ahora por parte de los afectados. «Este modelo de lucha no está funcionando y, si pacíficamente no estamos resolviendo las cosas, tendremos que pasar a otro estadio dentro del movimiento asociativo». Todo un llamamiento a las barricadas del que no especificó más. Sí concluyó diciendo que todos los agentes sociales implicados «debemos luchar por defender derechos de colectivos que son muy amplios».
De Manuel Rosa, presidente de la plataforma Nosotros también somos Sevilla, se esperaba quizás que fuera más explícito y detallara qué iniciativas concretas ha puesto en marcha su asociación, que integra a afectados de seis barrios del Polígono Sur de la ciudad hispalense.
Tampoco participó de forma presencial sino por videoconferencia, y habló de cosas que ocurren allí y que aquí son ya más que sabidas, como la imposibilidad de calentar los biberones de los niños y el «dolor» y la «impotencia» de los vecinos. Dibujó, y ahí tocó más la fibra, un futuro poco alentador porque el polígono, desde que empezaron los cortes de luz hace tres años, ha sufrido «un deterioro urbano y humano que se está extendiendo».
«Toda la culpa no es de Endesa, las administraciones tienen la obligación de fiscalizar su actuación», propuso, como también que se creen «grandes grupos de investigación» que estudien «los riesgos asociados» a los apagones.
Otro momento de las jornadas. Foto: GIM
De todas formas, en las conclusiones que los organizadores extrajeron a la conclusión de las jornadas, se dice textualmente que «habría que valorar si seguir el ejemplo de otras comunidades autónomas que han impulsado normas interesantes de protección y defensa en la materia». Mencionan, en ese sentido, la Ley de garantía y calidad de suministro, aprobada en Cataluña; la instrucción del Servicio Catalán de Salud que habla de un certificado de electrodependencia; el protocolo de abordaje de la dependencia energética en salud entre el Servicio Catalán de Salud y el Ayuntamiento de Barcelona: la circular del gobierno de Cantabria que habla de suministros con elementos no interrumpibles, basada en un Real Decreto ya en vigor; la resolución de la Dirección General de Industria de Navarra que propone exactamente lo mismo; y la Ley de Pobreza Energética de la Generalitat de Cataluña.
«Si esto ocurriera en el centro…»
Por cerrar el círculo, el artículo retorna a Manuel Martín. Su alternativa es clara: «Las soluciones son que cada parte implicada, Endesa y las administraciones, cumplan con su obligación. Endesa tiene que dar luz a las personas que tienen contrato y pagan. Porque si no, a ver para qué existe ese contrato. Y las administraciones deben velar por las problemáticas del barrio, para que no ocurra lo que en estos 15 años».
Prosiguió con datos: el 72% de los vecinos «pagan su luz y no tienen, un 2% viven en pobreza energética, y luego hay un porcentaje mínimo que hace un uso ilícito de esa luz». Y de ahí llegó a los reproches: «Para pasar a los hechos falta la voluntad política, que es lo que mueve todo. Si esto ocurriera en el centro, ya se habría arreglado, pero es un problema de pobreza humana, que es peor que la económica. Abarca más. Y hay ciertas zonas de las ciudades abandonadas, donde ocurren cosas que se tapan porque no queremos ver».
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