Cristina Almagro dimite tras ser condenada

Cristina Almagro y Antonio Fernández Lupión, el día del juicio.

Apenas diez días después de que tomara posesión como concejal de Juventud del PP, Cristina Almagro Molina dimitió hoy martes, 21 de junio, después de ser condenada a 20 meses de prisión y una multa de 3.650 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial. En una rueda de prensa improvisada, anunciaba su decisión de dejar el cargo para «no perjudicar al equipo de gobierno y al Partido Popular», aunque recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial para tratar de demostrar su inocencia, según afirmó.

La dirección del PP, que restó importancia a la acusación que se cernía sobre la hasta hoy concejal incluyéndola en la lista electoral, ha forzado su dimisión después de mantener una reunión con Almagro y dar por zanjado un asunto que minusvaloraron.

Aferrarse en el cargo con una mancha en su estrenada trayectoria política podía dar lugar, según reconoció el concejal de Organización y Personal, José Antonio Fuentes, a una «caza de brujas» por parte de los partidos de la oposición.

Los términos de la sentencia se acercan más a lo solicitado por la acusación particular que a la petición de la Fiscalía, que en sus conclusiones definitivas reclamaba sólo una multa por entender que «no había indicios de delito alguno». Sin embargo, la msgistrada del Juzgado de lo Penal 2 de Granada no ha tenido en cuenta dicho argumento -mucho menos el de la defensa que pedía la absolución- y la ha condenado, junto al otro acusado Antonio Fernández Lupión, a prisión menor al quedar acreditado de forma «palmaria» que manipularon las actas de una asamblea de la Asociación de Vecinos del Albaicín para auparse a la presidencia.  La juez obliga a ambos a hacer frente a las costas del proceso, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo.

El denunciante Miguel Ángel García Segura, denostado por la dirección del PP y tildado de poco menos que loco, se atrevió a denunciar una situación que apenas contó con el apoyo de los vecinos de su barrio pese a que muchos, incluida la anterior junta directiva, conocían los pormenores de la llegada de Cristina Almagro a la Asociación de Vecinos del Albaicín.

Más allá de la falsificación

Almagro mantuvo durante el juicio que todo obedeció a un error concatenado en la tramitación, ante la Delegación de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, de unos documentos donde se oficializaba —con firma de puño y letra de ambos acusados— la renovación de la Asociación de Vecinos del Albaicín, fusionada ya con la de San Pedro, cuya junta directiva estaba encabezada por ellos mismos sin ser socios y sin que ésta hubiese sido elegida en asamblea vecinal, como es preceptivo, según denunciaba el vecino que ejercía la acusación particular. Dicho vecino mantenía incluso que los domicilios de los designados eran falsos y que, en las distintas actas presentadas ante la Junta de Andalucía,  no coincidían los nombres de algunos miembros de la citada directiva.

Los documentos se remitieron al Registro de Asociaciones de Andalucía para obtener la autorización oportuna, sin prestar demasiado celo en los detalles. Los firmantes del documento —los acusados— aparecían como presidenta y secretario de la nueva junta directiva cuando ni siquiera eran socios, e incluso en el caso de Cristina Almagro modificaba su domicilio, o incluían el nombre de tesoreros que no ejercieron dicha responsabilidad.

Examinada la documentación, la juez entiende que el procedimiento fue a todas luces irregular. Le resulta «palmario», y así fue reconocido por los dos acusados, que las certificaciones presentadas ante la Junta, con la firma de ambos como presidenta y secretario respectivamente, «no respondían a la realidad». No da por tanto crédito al argumento de los hoy condenados de que fue un «simple error por un baile de fechas que fue arrastrado en el resto de documentos que tuvieron que presentar para subsanar los errores detectados por la Junta».

En los fundamentos jurídicos, la magistrada alude a los testimonios de anteriores miembros de la junta directiva para desmontar la defensa de los acusados, resta importancia a la versión facilitada por el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Francisco López de Haro, citado a última hora a declarar a petición de la defensa; y subraya el hecho de que los domicilios atribuidos por los acusados no se correspondían con la realidad, según los informes emitidos por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía. Y lo que es más «sorprendente» para la juez: ninguno de los testigos que en su día fueron miembros de la anterior junta directiva vecinal conocía la calebración de una asamblea extraordinaria para renovar a la directiva, tal y como obligan los estatutos.

No deja pasar la juez, pese a que no testificó en el juicio, el testimonio en el proceso de instrucción del vecino que actuaba de tesorero en el equipo de Almagro, quien llegó a afirmar que «tuvieron una reunión con unos amigos, que no había asociación ni nada, que se repartieron los cargos según pudiesen hacerse cargo de los mismos».

En realidad, lo que se denunciaba iba más allá de una «burda falsificación» —así lo calificó su abogado que ejercía la acusación particular—. Se trataba, según él, de un operación exitosa del PP para controlar el movimiento vecinal del Albaicín, huérfano después de la espantada de la anterior directiva a finales de 2005.

Una gestión enfangada sobre la que se han cernido muchas sombras y de la que Cristina Almagro dijo ante la juez «no haberse lucrado». La afectada parece dispuesta a recurrir ante la Audiencia Provincial pero el denunciante no descarta tirar del hilo. Ya en su día denunció otros hechos que pueden ser constitutivos de delito. Por lo pronto, la sentencia ha provocado la primera crisis de gobierno de Torres Hurtado, obligado a sustituir a Almagro por Juan Francisco Gutiérrez Martínez, presidente de Nuevas Generaciones de Granada.

(21-6-2011)