Cristina Almagro: «No me lucré con mi cargo»

Antonio Fernández Lupión y Cristina Almagro, en el banquillo de los acusados.

“Soy totalmente inocente. Nunca he tenido intención de lucrarme o malversar, sólo de ayudar y fomentar las actividades de la asociación del barrio del Albaicín”. La concejal electa del PP Cristina Almagro hacía así uso de su última palabra en el juicio que esta mañana, lunes 6 de junio, le sentaba en el banquillo junto a Antonio Fernández Lupión, entonces secretario de la asociación del Albaicín, por falsificar presuntamente un documento para auparse al frente del movimiento vecinal. En el trasfondo del asunto, cuestión que salió a relucir de soslayo, está la maniobra de los partidos políticos, en este caso del PP, por controlar una asociación de vecinos que naufragaba tras la dimisión del anterior presidente Torcuato Valenzuela. Nadie relevante del PP se asomó por el juicio para arroparle.

Después de casi tres horas de vista oral en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada, el juicio quedó visto para sentencia con escasos cambios en cuanto a los planteamientos iniciales. Llamó la atención que la Fiscalía mantuviera la comisión de un delito de falsedad de certificados para ambos acusados –una multa de 3.600 euros– pero, al mismo tiempo, no estuviera convencido de la existencia del mismo al concluir que los hechos “no son merecedores de condena alguna”.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, que representa al denunciante y vecino del Albaicín Miguel Ángel García Segura, elevó a definitiva su petición de 22 meses de prisión menor y una multa de 6.000 euros con accesoria de suspensión de empleo público por quedar acreditada la “burda” falsedad para “administrar, gestionar y dirigir” la asociación. No alberga dudas de que los procesados cometieron un delito de falsedad de documento oficial sustentado en jurisprudencia del Supremo.

Como era de esperar, la defensa reclamó una sentencia absolutoria por considerar que la denuncia se hace con “plena constatación de su falsedad y por la animadversión” del denunciante hacia sus patrocinados. Para tratar de restar credibilidad al vecino que ejerce la acusación particular, el letrado insistió en que está imputado por denuncia falsa en otra causa con parecidos protagonistas.

Los hechos se remontan a la asamblea extraordinaria de la Asociación de Vecinos del Albaicín, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2005, en la que no participan Cristina Almagro y Antonio Fernández Lupión, entre otras razones porque no eran socios, pero que les sirvió con posterioridad para expedir hasta cuatro certificados, de su puño y letra y con distintas fechas, donde se hacía constar el nombramiento de una nueva junta directiva que encabezaban ellos: Cristina Almagro como presidenta y Antonio Fernández Lupión como secretario.

Estos certificados fueron remitidos en para su inscripción a la Consejería de Justicia y Administración Pública, un requisito imprescindible para ser reconocidos a todos los efectos, acompañados de unos nuevos estatutos donde se comunicaba la fusión de las asociaciones de Vecinos Albaicín y San Pedro. La decisión de unificarse se adopta en una posterior asamblea de mayo de 2006 en la que participan miembros de ambas asociaciones, de la antigua directiva y vecinos del barrio, según la versión de los acusados.

Tanto Cristina Almagro como Antonio Fernández Lupión reconocieron que en dichos documentos aparecían sus firmas pero atribuyeron la fecha de diciembre de 2005 a un “error” del que, según sus versiones, no fueron advertidos por parte de los funcionarios de la Junta. Sí pusieron trabas, según ellos,  a la fusión de ambas asociaciones, de ahí que tuvieran que presentar hasta cuatro certificaciones sin reparar en el error de la fecha. Se escudaron en lo farragoso de la tramitación que les obligó -según sus declaraciones- a recurrir al asesoramiento jurídico de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Granada, cuyo presidente, Francisco López de Haro –testimonio que se incorporó a última hora a petición de la defensa- corroboró la versión de los procesados.

La acusación particular incidió en que el “error” no se limitaba sólo a una confusión en las fechas de las certificaciones sino a cuestiones tan importantes como que dicha junta directiva encabezada por ellos “no hubiera sido elegida en la asamblea de diciembre de 2005, que los domicilios de los designados fueran falsos o que no coincidieran los nombres de algunos miembros de la citada directiva”.

“Aparte de ayudar a barrio, beneficios no he obtenido ninguno, sólo dolores de cabeza”, afirmó Almagro en respuesta a la pregunta de su abogado de si se había lucrado en el ejercicio de su cargo como presidenta. Dijo también que tardó en convocar las elecciones debido a la tardanza de la Junta de Andalucía en formalizar los estatutos de fusión. Las elecciones tuvieron lugar en septiembre de 2008 y que ella sepa “nadie impugnó las elecciones”.

Lo que sí se produjo fue una investigación –a petición de la Fiscalía- de agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría de Policía Nacional que constataron que, de los 46 domicilios facilitados por el denunciante, “ninguno de ellos correspondía con  la residencia actual de las filiaciones reseñadas”. Es decir que se incluyeron a socios que falsificaron domicilios para poder votar, algunos de ellos miembros del PP.

En cualquier caso, Antonio Fernández Lupión dijo en su turno de última palabra que “sólo me siento culpable de haber aportado mi granito de arena para que la asociación de vecinos no naufragase”.

Por su parte, el denunciante Miguel Ángel García Segura, primo del presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, aludió al interés del PP por controlar el movimiento social con personas que “no son vecinos del Albaicín”. Preguntado sobre el posible móvil que pudieran tener los acusados para cometer la presunta falsedad, indicó lo siguiente: “No sé el móvil pero lo que sí sé es que ambos son miembros de un partido, con todos mis respetos, y puede ser que ellos quisieran medrar. Pero su participación en la actividad del barrio ha sido nula. No han rendido cuentas al barrio, no han convocado asambleas ordinarias ni extraordinarias, no hay libro de actas…”. García Segura aseguró que, antes de denunciar, puso los hechos en conocimiento del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada pero vino a decir que su queja cayó en saco roto.

La sentencia se conocerá en el plazo aproximado de un mes. Para entonces, Cristina Almagro ya habrá tomado posesión de su cargo como concejal del PP y estará ejerciendo como concejal de Deportes y presidenta del Distrito Albaicín. Pese a la acusación que pesaba contra ella, la dirección del partido decidió incluirla en las listas por entender que lo sucedido era una cuestión menor.

(6-6-2011)