¿Quién se acuerda de Rey Badis?

Mati perdió a su marido y a uno de sus hijos. José Luis, a su padre y a su hermano. Cuatro meses después del doble asesinato en Rey Badis les marean entre papeles y burocracia. Sólo quieren cambiar de piso y no tener que pasar todos los días por la escalera del trágico suceso.

mati y josé luis, familiares de las víctimas del doble asesinato de rey badis

Mati y José Luis sólo quieren cambiar de piso para no tener que pasar a diario por la escalera.

El 28 de febrero vivieron una tragedia que conmocionó al barrio y les cambió la vida para siempre. Mati perdió en cuestión de segundos a su marido y a uno de sus hijos. José Luis no sólo perdió a su padre y a su hermano, sino que fue testigo del trágico suceso. Casi cuatro meses después, andan perdidos en un laberinto de trámites burocráticos para cambiar de piso y alejarse de la maldita escalera donde Israel ‘El Caracoles’ acabó a tiros con la vida de Joaquín padre y Joaquín hijo.

«Me han llegado a decir que me venden un piso por once millones de pesetas. ¿De dónde saco yo ese dinero?», comenta José Luis y asegura que el último papel que les han pedido es una declaración de que son víctimas de la violencia. Como si ninguna administración tuviera noticas del doble asesinato o una nube de amnesia nublara la memoria de funcionarios y autoridades.

En la junta municipal del distrito Norte de junio, la asociación de vecinos de Rey Badis llamó la atención sobre esta situación. «Ni siquiera los están atendiendo psicológicamente», criticaba una de las representantes vecinales. «Les han dicho que no los han atendido por haber hecho la deuncia públicamente«, añadía la vecina. Mati y José Luis apuntan que la única ayuda que están recibiendo es de la psicóloga de la parroquia Jesús Obrero, en el vecino barrio de Almanjáyar.

No es la primera vez que la asociación de vecinos solicita ayuda para esta familia. El 15 de marzo enviaron una carta a los medios que pedía, entre otras cosas,  que las administraciones buscaran «un nuevo hogar» a las familias de las víctimas. Una petición que también ha sido desoída.

La Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública de Suelo (EPSA), es propietaria de una bolsa de pisos sociales en la zona Norte, algunos de  ellos vacíos dado que muchos son de alquiler con opción a compra y cada vez hay menos gente que se puede permitir los 300 euros de alquiler. De hecho, en otras situaciones de ‘emergencia social’, como la ocurrida en Molino Nuevo el año pasado, han realojado a alguna familia «expulsada» del edificio.

Mati y José Luis no piden cambiarse ni de barrio ni de distrito, se conforman con un piso «en la plaza de más abajo».

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(18/06/2012)

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