Las cuevas resisten

[Reportaje gráfico y video: Jesús Ochando].

Desde antes del alba, los habitantes de las cuevas de San Miguel alto esperaban unidos la llegada de las autoridades. Entre ellos unos 50 invitados no residentes que aceptaron el llamamiento de los propios afectados para pasar la noche anterior en sus refugios de cara a impedir el desalojo acordado mediante decreto municipal.

Otros también madrugaron para plantarse allí antes de las 9, la hora convenida por el gobierno municipal para llevar a cabo el desahucio, una intervención que coincidía con el Día de los Derechos Humanos.

Ante la incertidumbre de lo que pudiera suceder, se obsequió a quienes iban llegando con un desayuno a modo de gratificación por su respaldo.

El gobierno municipal del PP pretendía cerrar hoy ocho cuevas de un total de 50 o más. No está del todo claro el número de viviendas excavadas sobre una parcela de 25.000 metros cuadrados, de las que el Ayuntamiento de Granada se considera legítimo propietario. Los habitantes de las cuevas reclaman que se haga un peritaje sobre el estado de las mismas de cara a desmontar el principal argumento de Urbanismo para echarlos, que no es otro que la ruina inminente de las viviendas y el riesgo para la integridad de las personas.

Miembros de Stop Desahucios también se hicieron ver. Uno de los portavoces recordaba el convenio suscrito el pasado 2 de diciembre por el Ayuntamiento de Granada y el Decanato de los Juzgados para destinar recursos a las personas que se viesen obligadas a abandonar sus hogares.

Los concejales de IU Maite Molina y Paco Puentedura, contrarios a la decisión adoptada por el Gobierno de Torres Hurtado, se personaron de igual modo en el lugar para trasladar su apoyo a los afectados.

También lo hizo Marisa Dávila Martínez, letrada de la organización Abogados en Red que asesora a los ‘cueveros’. En declaraciones a GranadaiMedia la abogada aseguró que quieren agotar todos los plazos y han solicitado una suspensión cautelar del decreto municipal de desalojo hasta que no se resuelva el recurso de reposición que se presente por la vía administrativa. Entienden que la decisión de “expulsar” a los habitantes de las cuevas vulnera el derecho constitucional a una vivienda y no descarta la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa si no se ofrece ninguna garantía a sus clientes.

«No pueden negar una realidad, que aquí viven personas a las que no se le ha dado el plazo establecido para que aleguen contra el desahucio», comentó la letrada, quien recordó que «la Policía Local no tiene potestad para desalojar» las cuevas.

Los concentrados en San Miguel han impedido esta mañana el cierre de las cuevas. Foto: JESÚS OCHANDO

A las 9:30 de la mañana nadie del Ayuntamiento se había presentado en el cerro. Los jóvenes organizaban la «resistencia» en caso de que la Policía Local hiciera acto de presencia. Se trataba de formar tres grupos o «cadenas humanas» para taponar los accesos a las cuevas. «Ni se compran ni se venden, las cuevas se defienden», era el cántico que se escuchaba. Una dotación de la Policía Nacional aparcó en las inmediaciones de la ermita de San Miguel pero no llegó a acercarse a la zona de protesta. Su intención no era otra que la de controlar la concentración, no intervenir en el desalojo, una tarea encomendada a la Policía Local, tal y como explicaron a una representación de los residentes en las cuevas.

La versión de los afectados

La mañana transcurrió con calma. Según sostienen los afectados, no habido ningún estudio pericial sobre el estado de las cuevas y no tienen conocimiento del informe municipal de 2010 que declaraba la zona en ruina.

Inma Martín, una joven estudiante que reside en una de las viviendas que el Ayuntamiento pretende sellar, invita a pasar para comprobar el interior. «No tengo miedo a que se desplome. El informe de los técnicos se ha hecho desde fuera, guiándose por el aspecto exterior».

Borislav Petrov Peshev, otro de los vecinos amenazados con la expulsión de la que es su casa durante los últimos diez años, está convencido de que «las cuevas se abrirán a los tres días de cerrarlas» como ocurrió hace siete años. Pierre, su vecino francés desde hace cuatro años, estaba dispuesto a atrincherarse en el interior de su vivienda. «No pienso ponerlo fácil», advierte mientras limpiaba la cafetera y enseñaba los tablones que ha clavado en la puerta para encerrarse llegado el caso.

Inma Martín, afectada: «No tengo miedo a que se desplome. El informe de los técnicos se ha hecho desde fuera»

A veinte metros, un poco más distanciados de la muralla nazarí, la joven Diarra explica a los periodistas qué es El Templo: una cueva para la práctica del culto musulmán de la comunidad senegalesa que sirve al mismo tiempo de almacén. «Si derriban este sitio que sepan que es un lugar de reunión religiosa».

Juanan, por su parte, asistió al desalojo de hace siete años. Lleva ocho en el cerro, en una zona de titularidad privada, pero se solidariza con las personas que están a un paso de verse en la calle. En el tiempo que lleva en San Miguel no ha visto intervención alguna por parte del Ayuntamiento: «Negligencia pasivo agresiva. El cerro está dejado de la mano de Dios, los servicios no llegan. Lo que se pretende es legitimar una intervención de barrido». Desde su punto de vista es necesario «erradicar el concepto de la propiedad privada y apostar por una cooperativa basada en la cesión de uso», un modelo que defiende el colectivo Stop Desahucios.

Declaraciones de Isabel Nieto

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, ha intervenido por teléfono en los informativos de Onda Cero Granada para confirmar que pedirá «auxilio judicial». «Estas cuevas son artificiales, hechas con pico y con pala; no son naturales y por eso carecen de seguridad. Sin un ingeniero de minas no se puede hacer». «Los estudios previos han sido largos y pormenorizados, y los funcionarios están preocupados de que  podamos tener cualquier responsabilidad si ocurre una  desgracia«, ha añadido Nieto, para quien «los ocupantes nunca son las mismas personas, son transeúntes que van y vienen». «Se les notificó que íbamos a hacer obras y dijeron que se marcharían. Dos personas, un marroquí y un ruso, dijeron que no se iban. Da igual si tienen o no papeles, son personas, y no podemos permitir que vivan en una situación de riesgo, están viviendo como animales«.

Tanto a la concejal como al alcalde les parece «incoherente» la campaña de movilización emprendida por IU, y Nieto llegó a asegurar en estas declaraciones que «si ocurre algo, será responsabilidad suya». «Las obras las tenenemos adjudicadas y se empezarán cuando se pueda. Si no se puede, pediremos auxilio judicial. No podemos mirar para otro lado porque la situación es de riesgo», insistió la edil. De hecho, «íbamos a actuar en ocho cuevas, pero una ya se ha derrumbado sola», afirmó. [Los afectados aseguran que no es cierto que en las últimas semanas se haya caído cueva alguna]

Isabel Nieto, concejala de Urbanismo: «Si no se puede, pediremos auxilio judicial»

Isabel Nieto explicó a Onda Cero que dichas cuevas son de propiedad municipal, fruto de una permuta con Emuvyssa, y que la complicación se presentó al descubrir que aparecían cuevas nuevas, algo que «se ha demostrado con fotos antiguas y aéreas, y hace el terreno más inestable y peligroso. «Con independencia de la titularidad, no se puede permitir este peligro, da igual de quién esté».

Según la concejal, el proyecto municipal pretende anular estas cuevas y regenerar el paisaje, «como dice el PGOU», y devolverlo a su estado natural con las flora autóctona. Sobre la posibilidad de que se construya un complejo turístico sobre este suelo, Nieto aseguró que no se puede hacer porque es rústico, y «no tiene ni dotaciones, ni saneamientos ni acometidas de agua ni de luz».

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, quien ha dejado claro que no va a permitir que «las cuevas se derrumben y ocurra una desgracia». Tampoco ve similitudes con los desahucios que se han producido en los últimos meses. «No son viviendas que se vayan a desalojar porque [los inquilinos] no pagan», ha puntualizado, un tanto molesto con IU por haber presentado un recurso de reposición al decreto municipal de desalojo. «Si ocurre algo [una desgracia] la responsabilidad es de IU», ha apostillado Isabel Nieto.

Finalmente, y al igual que sucediera hace siete años, el desalojo no se ha llevado a cabo en su primera convocatoria. Los ‘cueveros’ son partidarios de no bajar la guardia conscientes de que el Ayuntamiento, tal y como han confirmado hoy el alcalde y la concejal de Urbanismo, no parece dispuesto a dar marcha atrás a su decisión de desalojo. Cuestión de tiempo.

(10-12-2013) 9:45 am / 10:20 am / 01.00 pm

La Junta ofrece una «solución integral» para rehabilitar las cuevas

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Granada remitió el mismo día designado para el desalojo de las ocho cuevas del cerro de San Miguel un escrito al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, mostrándose dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento en la rehabilitación integral de las viviendas. En dicha misiva, el delegado Manuel Morales García le recuerda al alcalde que su consejería contempla dentro de los planes andaluces de vivienda «ayudas específicas a la rehabilitación de infraviviendas y de forma muy especial a las viviendas cuevas que proliferan en amplias zonas de la provincia» al objeto de «erradicar esta lamentable situación».

Extracto del escrito dirigido por la Junta al alcalde de Granada

El ofrecimiento parece haber sido rechazado por el gobierno municipal, según ha informado el grupo municipal de IU en una nota de prensa, lo que demuestra -a juicio del concejal Paco Puentedura– que «lo que quieren es el desalojo para dar rienda libre a la especulación urbanística en la zona”. Ayer la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, se mostró firme en su decisión de cerrar las cuevas ante el inminente peligro para la integridad de sus ocupantes. Para ello está dispuesta a solicitar la ayuda del juez.

En la propuesta de colaboración del Gobierno andaluz, además de mostrar su preocupación por no contemplarse en el recurso municipal medidas de realojo a los afectados, Manuel Morales plantea la necesidad de comprobar primero si existe riesgo para los integrantes de las cuevas y, en caso de que lo hubiere, buscar una alternativa de vivienda. También se hace eco de las «discrepancias» sobre la titularidad de las cuevas que , a su juicio, debe ser antes esclarecida.

Paco Puentedura (IU): “[El desalojo] es una operación especulativa para convertir el cerro en un complejo turístico”

Por su parte, el grupo municipal de IU ha criticado hoy la intención del equipo de gobierno del PP de acudir al juez para llevar a cabo el desalojo; una decisión que, en opinión del concejal Paco Puentedura, evidencia que “es una operación especulativa para convertir el cerro en un complejo turístico”.  El edil ha recordado al alcalde que «en su propuesta de plan especial para el Albaicín querían convertir esta zona en un Sistema General donde se preveía un mirador con restaurante y varios alojamientos turísticos, un nuevo pelotazo urbanístico en la ciudad”.  Puentedura ha denunciado que “se ordene el desalojo de las citadas cuevas sin ninguna orden del juzgado” y que pretenda llevar esta operación «a las bravas  sin ningún proyecto de intervención social en la zona”.

IU es partidaria de dotar al espacio de seguridad, limpieza y saneamientos para evitar la degradación del cerro, e insiste en que el Ayuntamiento debe aclarar la titularidad de las cuevas y «evitar una situación de inseguridad jurídica que está impidiendo la recuperación patrimonial del Cerro y la estabilidad y regularización de la situación de sus vecinos”.

(11-12-2013)