
Miguel muestra un cartel en el que denuncia lo ocurrido.
Estaba contratado a media jornada, pero según cuenta trabajaba «más de 60 horas semanales». En su rutina laboral los festivos y horas extra no entraban en el vocabulario y mucho menos en las cuentas de su nómina, recrimina. La historia de Miguel Castillo, joven dependiente de una frutería del Centro, es la de «otros muchos trabajadores del sector del comercio o la hostelería», para los que «los convenios parecen no existir y se vulneran con frecuencia las condiciones del contrato». En su caso, tratar de luchar por sus derechos con la constitución de una sección sindical le ha costado «el puesto», según ha denunciado ante la justicia.
Castillo comenzó a trabajar en la frutería Gonzalo en octubre de 2013. Los propietarios del negocio, con dos establecimientos entonces, planeaban inaugurar un tercero en Ancha de Capuchinos para el que necesitarían ayuda. «La idea era empezar por un contrato de 20 horas y ampliarlo a 30 si les gustaba», detalla. La realidad, como comprobó posteriormente, se mantuvo en las antípodas de lo pactado: «Echaba más de 20 horas por encima de la jornada completa a la semana. Si descansaba un día, me restaban la parte proporcional y el sueldo de 900 euros se quedaba en 735, aunque seguía trabajando 50 horas o más», relata. Con el tiempo firmó un contrato de 30 horas, pero comprobó en la Seguridad Social que «no las estaba cotizando porque habían prorrogado el anterior».
El joven, afiliado a CCOO, se planteaba la posibilidad de denunciar el «incumplimiento» del contrato cuando la inspección se presentó de oficio en la frutería. «Los obligaron a hacerme indefinido y a reconocerme la jornada completa. A raíz de ahí la tensión fue máxima», por lo que decidió crear la sección sindical de la frutería, de la que fue nombrado delegado al ser el único empleado afiliado.
Dos semanas después de su constitución recibió carta de despido en la que «reconocían la improcedencia y aducían causas económicas». Sin embargo, semanas antes «habían empezado a formar a otro trabajador por las mañanas», algo de lo que se enteró «por la clientela», ya que sus jefes «trataron de ocultarlo», advierte. Para el trabajador, la razón alegada por la empresa «cae por su propio peso», ya que su puesto «lo han cubierto con otro dependiente». Las ventas, precisa, «no solo no cayeron, sino que se incrementaron porque traspasaron sus otros dos establecimientos meses antes, desconozco en qué condiciones, y parte del público asiduo pasó a esta tienda», apunta.

Fragmento de la carta de despido.
Sintiéndose víctima de una injusticia optó por denunciar la «nulidad» de su despido, a su entender motivado como «represalia» por su actividad sindical. «Huelen la palabra sindicato y te conviertes en persona non grata», se entristece. De momento los responsables de la empresa «se han ausentado» de los actos de conciliación previstos en el CMAC, con lo que la demanda ha seguido su curso. El juicio ya tiene fecha y hora: el 6 de julio, a las 11 horas. Coincidiendo con la cita en los tribunales, CCOO ha convocado una concentración frente a los juzgados de la Caleta, protesta a la que precederá otra el próximo 27 de junio, a las 12 horas. Entre tanto, Castillo ha comenzado a repartir octavillas frente a la frutería para protestar por lo sucedido. «Al verme en la puerta me amenazaron con denunciarme, pero los clientes salieron en mi defensa», refiere.
Los responsables del comercio mantienen que el despido se debe a causas económicas y niegan que hayan contratado a otro trabajador. «Nos hemos visto obligados a cerrar las otras fruterías. Somos autónomos y ante el descenso de ingresos era despedirnos a nosotros o a él», declara uno de ellos. La Justicia tendrá la última palabra sobre lo sucedido.
En Granada esto es habitual y sobre todo en la hostelería explotan a la gente y los dueños buenos cochazos y no cumplen con sus obligaciones. Defraudando a hacienda y la SS y encima se quejan. Pocas inspecciones hay. Vividores y caraduras de la hosteleria muchos es granada.
juan