Trabajadores municipales denuncian los despidos en el SAI.
La plantilla municipal ha denunciado el «progresivo desmantelamiento» del Servicio de Atención a Inmigrantes (SAI) con la «excusa de la crisis y los recortes». Así, el equipo de gobierno ha comunicado el despido de dos empleados, concretamente el asesor jurídico y una trabajadora social, lo que «compromete» el funcionamiento del servicio, «pese a estar destinado a uno de los colectivos más desfavorecidos», recriminó la presidenta de la junta de personal del Ayuntamiento, Camino G. Casal.
El SAI asesoró el año pasado a más de 3.000 personas y elaboró más de 600 peticiones para tramitar los informes de arraigo y habitabilidad necesarios para solicitar los permisos de residencia y trabajo. Aunque las estadísticas encierran dramas humanos difícilmente perceptibles a través de los números, el alto porcentaje de usuarios del servicio, enclavado en el Zaidín, permite entrever, al menos, su necesaria labor. De hecho, solo el asesor jurídico atendió a más de 2.300 usuarios.
«Este experto en Inmigración lleva once años trabajando en el servicio y es un referente nacional en esta materia», señaló G. Casal, quien concretó que no solo asesora a los usuarios, sino también «a profesionales del SAI y de otros centros municipales del Ayuntamiento» en cuestiones legales relacionadas con Extranjería.
Su marcha y la de la trabajadora social, cuyos contratos vencen a finales de diciembre, dejará la atención a inmigrantes «reducida a una animadora sociocultural y tres trabajadoras sociales, de las que solo una permanece a tiempo completo en el edificio. El resto solo dedica un día a este servicio, que se verá mermado al 50%«, lamentó G. Casal.
Para evitar su desmantelamiento, la junta municipal de personal recoge firmas desde la semana pasada -ya ha superado las 400 registradas. Ha remitido, además, un escrito al alcalde, José Torres Hurtado, en el que solicita al equipo de gobierno que «se recorte el sueldo en la misma proporción que a los empleados municipales» y que «destine el dinero ahorrado al mantenimiento íntegro de la plantilla con jornada al 100%».
Edificio que alberga el Servicio de Atención a Inmigrantes, en la calle Santa Rosalía.
Entre el regidor y los concejales perciben «de 2,5 a 3 millones de euros en sueldos, sin contar coches oficiales, dietas, móviles corporativos, etc. Los responsables políticos solo se bajaron un 1,56% sus emolumentos», mientras que han reducido el de los empleados municipales «entre un 25 y un 30%«, informa la junta de personal, que abogó por «revertir la diferencia para evitar despidos».
Según el gobierno local, los recortes en atención a inmigrantes se deben a la menor aportación de la Junta, que destina al programa del SAI 19.050 euros. El Ayuntamiento completa la cuantía «hasta los 114.000 euros«, una cantidad con la que no se pueden mantener los contratos actuales.
El gobierno local «no cuenta», sin embargo, que «el Consistorio recibe cuatro millones de euros más» que el año pasado -de tres a siete millones- «de los denominados fondos de nivelación. La administración andaluza destina ese importe a que las entidades locales cubran sus competencias delegadas y compartidas, como es el caso del SAI», relatan los trabajadores, que se preguntaron los motivos «por los que no dedica ese dinero a mantener estos puestos».
La junta de personal denunció, en este sentido, el «desorbitado gasto» en partidas «menos importantes» como la adquisición de una pantalla marcador para el campo de fútbol en la que gastarán 277.000 euros, «mientras siguen sosteniendo que no hay dinero». El propio traslado del SAI a la calle Santa Rosalía, donde se encuentra actualmente, supuso una inversión de 700.000 euros hace un año, una decisión muy cuestionada en su momento por los trabajadores por la “falta de adecuación y la lejanía” del inmueble, recordaron.
«Realizan un elevado gasto en trasladar un servicio del centro al Zaidín para después reducirlo a un trabajador», recriminó la junta de personal, que mostró su «repulsa» ante el «desmantelamiento» del SAI, así como del desaparecido Instituto Municipal de Formación y Empleo (Imfe), que atendía a más de 20.000 demandantes.
(30/10/2012)
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