El PP no garantiza la vuelta de los despedidos

Momento de la rueda de prensa en CCOO para denunciar los despidos en TG7

El concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes (PP), se ha reunido hoy con los representantes de la oposición para ofrecer la versión del gobierno municipal respecto a los despidos de cinco trabajadores de la televisión municipal TG7, decisión de la que responsabiliza a la empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Granada, la productora CBM, debido a motivos económicos y de reducción de carga de trabajo. La oposición ha solicitado la readmisión de los trabajadores pero el PP solo ha ofrecido más participación en la futura comisión de control para consensuar los contenidos.

Al tiempo que Fuentes se reunía los representantes de los distintos partidos, CCOO y trabajadores despedidos comparecían ante los medios de comunicación para informar de que acudirán a los juzgados para solicitar la nulidad de los despidos por posible vulneración de los derechos fundamentales.

A la espera de que se apruebe en el próximo pleno la constitución de la comisión de control de seguimiento, Fuentes ha eludido la responsabilidad del gobierno en lo concerniente a las relaciones laborales pese a que los trabajadores afectados apuntan directamente al equipo que dirige José Torres Hurtado. «Quien contrata y despide en TG7 es el gobierno municipal a través de su personal de confianza», rebaten los trabajadores despedidos.

«Quien contrata y despide en la televisión municipal TG7 es el gobierno municipal a través de su personal de confianza», rebaten los trabajadores despedidos

Sin embargo, Fuentes ha justificado la decisión de empresa de reducir la plantilla tras la semana santa, el Corpus y las elecciones autonómicas y municipales; acontecimientos por los que, según el equipo de gobierno, se reforzó el personal de apoyo de la televisión. Según el edil popular,  se ha despedido al mismo número de personas que se contrató, si bien la oposición le ha recordado que, salvo uno, todos los afectados tienen varios años de antigüedad y, en algunos casos, habían iniciado los trámites para constituir un comité de empresa en defensa de los derechos de los trabajadores, de ahí que denuncien persecución sindical.

Sobre este asunto, Juan Antonio Fuentes opina que no se ha vulnerado el derecho fundamental de representación sindical y ha remitido la polémica a los tribunales. «No se trata sólo de un tema judicial sino que hay una responsabilidad política, ya que es un servicio municipal, dirigido por este concejal, coordinado por personal del Ayuntamiento y financiado con fondos públicos», denuncia la portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez.

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, coincide en que existe una responsabilidad del equipo de gobierno puesto que es el que gestiona la jornada de trabajo de la plantilla. Ha recordado que la rescisión de los contratos se produce en mitad de unas elecciones y «son perseguidos» aquellos que se postulaban como enlaces sindicales.  Entiende que cualquier proceso de selección debe realizarse a través de una bolsa de empleo en la que primen criterios profesionales.

Por su parte, el portavoz socialista, Francisco Cuenca, ha anunciado que llevará al pleno los despidos en TG7 para que Fuentes responda a las denuncias de los trabajadores sobre «malos tratos, venganzas, tratos vejatorios, manipulación y humillaciones»; acusaciones de las que el concejal del PP dice no tener constancia. El PSOE solicitará que las reuniones de la comisión de seguimiento se convoquen de manera bimensual, dotándola de instrumentos de control eficaces ante el uso «sectario y partidista» que, según él, ha venido realizando el PP. «Vamos a exigir y forzar para que TG7 sea gestionada de forma transparente y atendiendo a principios de pluralidad y veracidad en sus informaciones».

Sobre este asunto, Juan Antonio Fuentes ha manifestado que cada mes se realizarán reuniones de la comisión de control del servicio de TV en la que tendrán representación todos los grupos políticos y en las que se tratarán la parrilla de programación y la contratación de la publicidad.

Vamos Granada entiende que lo que está en cuestión es la independencia y objetividad de la gestión realizada por los responsables municipales, por lo que ha solicitado una auditoria sobre los gastos realizados durante el último año y ha solicitado información sobre el proceso de selección de la coordinadora del servicio y la evolución de la plantilla de CBM asignada al mismo.

Solicitud de nulidad de los despidos

CCOO solicitará la nulidad de los cinco despedidos en el televisión municipal TG7 por entender que ha producido «vulneración de los derechos fundamentales» por parte CBM, empresa del grupo Efecto Global encargada de la contratación de la plantilla, con el amparo del gobierno municipal.

El sindicato ha puesto a disposición de los trabajadores su servicios jurídico para «esclarecer esta situación y paliar la agresión a los derechos fundamentales de representación sindical que se están sufriendo en TG7». El secretario provincial de CCOO Granada, Ricardo Flores, se ha referido al intento infructuoso del sindicato por entablar diálogo con el concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes, o el propio alcalde José Torres Hurtado, pero «ninguno ha cogido los teléfonos ni nos han dado fecha para una reunión pese a solicitarla insistentemente».

Las cinco personas despedidas consideran bastante probable que se efectúen dos despidos más que completarían la lista de los siete que anunciaba TG7

Flores considera que lo sucedido en TG7 es una «agresión» a los derechos fundamentales de las trabajadores y contra la libertad de expresión. Por su parte, Rafael de la Poza, secretario general del sindicato de servicios a la ciudadanía ha explicado se solicitará la nulidad de todos los despidos realizados por considerarlos «discriminatorios». A su juicio, es «lamentable» que los despidos estén amparados por el Ayuntamiento granadino, un organismo que debería representar la cuna de la democracia.

Por su parte, Isidro Prieto, trabajador despedido tras anunciar que iba a encabezar la candidatura de CCOO en elecciones sindicales, ha declarado que “nos consideramos represaliados por haber hecho uso de un derecho amparado por la Constitución: que las trabajadoras y trabajadores elijan a un representante para defender sus derechos”. Prieto ha manifestado su intención de “seguir defendiendo los derechos de la plantilla contratada a través de CBM para TG7”. También ha denunciado que en la televisión municipal existen varias personas contratadas que no tienen ninguna responsabilidad y ni siquiera aparecen por el puesto de trabajo, “algo que se debería de investigar”.

Las cinco personas despedidas hasta la fecha consideran bastante probable que se efectúen dos despidos más que completarían la lista de los siete que anunciaba TG7. Quieren dejar claro que los despidos han sido una decisión personal de Cristina García, coordinadora del Servicio Municipal de Radio Televisión de Granada, y persona de confianza del concejal responsable del Servicio, Juan Antonio Fuentes. Los afectados se han mostrado «perplejos» porque los despidos se hayan efectuado ante la posibilidad de nombrar un delegado sindical. Es por ello que apelan a la «sensatez» de los directivos de TG7 y CBM para encauzar el conflicto.