Un gobierno maniatado por la deuda

El hoy alcalde en funciones preside uno de los plenos. Archivo GiM

La deuda municipal sigue siendo un misterio a medias. El tamaño del agujero en las arcas municipales es a día de hoy de 260 millones de euros, según informó recientemente el gobierno municipal, si bien la oposición presupone que supera los 300 millones.

Durante las elecciones municipales y los contactos posteriores para formar gobierno, todos los partidos políticos, a excepción del PP, han reclamado una auditoría para conocer la deuda real. PSOE, IU, UPyD, Ciudadanos y Vamos Granada incluyeron en su programa la necesidad de verificar la situación económica y financiera para tener las cuentas claras. También ha quedado reflejado en los distintos documentos que se han cruzado en los contactos posteriores para formar gobierno.

Torres Hurtado heredó del gobierno tripartito 179 millones de deuda. Hoy reconoce 260 aunque la oposición dice que son 300

Este compromiso parte de la “falta de transparencia” que la oposición viene denunciando desde hace años, lo que considera un ejemplo de “oscurantismo” que se sustenta en el informe de la ONG Transparencia Internacional. Esta organización sitúa al consistorio a la cola en las buenas prácticas de acceso a la información pública.

Lo que sí se conoce es la deuda que asumió José Torres Hurtado cuando llegó al poder hace ahora doce años. El primer compromiso del hoy alcalde en funciones, cuando en 2003 tomó por primera vez posesión de su cargo, fue que gobernaría desde la “austeridad, eficacia y transparencia” (El País 16/06/2003). A los cien días ofreció una rueda de prensa para hacer balance de la herencia recibida del gobierno tripartito. Entonces cifró la deuda municipal en 179,27 millones de euros: 133,87 contraída con los bancos a medio y largo plazo, y otros 45,4 millones a los proveedores del Consistorio (El País 23/09/2003).

Si se tiene como cierta la mejor de las cifras que el hoy gobierno en funciones contabiliza como endeudamiento -260 millones de euros-, se concluye que en doce años de gestión de Torres Hurtado la deuda, lejos de reducirse y por tanto cumplir con sus premisas de ahorro y eficacia, se ha incrementado en más de 80 millones de euros.

Que supere los 300 millones, como viene asegurando el resto de las formaciones políticas, significaría que la deuda se situaría al límite de lo que permite la Ley de Haciendas Locales, afrontando a partir de los próximos años el pago de intereses que la oposición considera abusivos por el préstamo asociado al Plan de Pago a Proveedores de 2012 del Ministerio de Hacienda.

El concejal en funciones de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma, ha repetido en varias ocasiones para tratar de justificar la refinanciación de la deuda que prefería deber a los bancos que a las familias, en alusión a saldar cuanto antes las obligaciones con los proveedores que han prestado servicios al Ayuntamiento. Pero son los ciudadanos de Granada los que deberán asumir el agujero ocasionado en las arcas públicas, tanto es así que la deuda por habitante se ha duplicado desde 2011.

A nadie se le escapa que el futuro gobierno tendrá las manos atadas por la excesiva carga financiera y muy poco margen de maniobra para poder financiar proyectos que generen empleo o invertir en políticas sociales y de vivienda pública. El futuro gobierno, del color que sea, estará maniatado por la enorme losa que supone el pasivo. Es la factura a pagar.