La Diputación no devolverá el ‘tasazo’

Turistas pasan por delante de la basura que se acumula junto a los contenedores de Plaza Nueva.

La Diputación de Granada, con un gobierno en minoría del PSOE, no devolverá las cantidades cobradas indebidas por el tratamiento de la basura, tal y como le ha solicitado el gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital y el resto de partidos de la oposición tras conocerse una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El fallo que anula la ordenanza fiscal de 2013 de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales no afecta al pago del recibo, según ha asegurado hoy la diputada provincial de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, quien ha subrayado que la resolución judicial no tiene incidencia alguna en los recibos que el anterior equipo de gobierno (PP) puso al cobro tras las elecciones municipales.

La Diputación tiene que adecuar la ordenanza a la sentencia que, “en ningún caso, plantea la anulación del cobro ni la devolución de la tasa que el anterior gobierno del PP impuso”

“Los actos anteriores a la sentencia permanecen inalterables, por tanto, la sentencia no afecta al padrón ni a los recibos ni a los cobros”, ha señalado la diputada provincial. En este sentido, ha aclarado que, a partir de ahora, la Diputación tiene que adecuar la ordenanza a los términos de la sentencia que, “en ningún caso, plantea la anulación del cobro de la tasa ni la devolución de la tasa que el anterior gobierno del PP impuso a los ciudadanos”.

Blanco ha precisado que el equipo de gobierno socialista de la corporación provincial va a iniciar ya los trabajos para redactar una nueva ordenanza fiscal en la que va a primar el reciclaje en origen. Según ha avanzado la responsable del área de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, la futura normativa tendrá en cuenta la producción por toneladas de basura de los municipios y no el valor catastral de la vivienda.

La diputada ha recordado que el grupo socialista se opuso en el anterior mandato a la ordenanza que aprobó el PP, “a conciencia de que iba a generar un problema”. “Advertimos de que esa ordenanza era un disparate”, y ha destacado que el anterior gobierno provincial disolvió Resur y le quitó las competencias que tenían los ayuntamientos. Blanco ha responsabilizado al PP de la situación que ha creado al imponer una ordenanza a sabiendas de los problemas que podía generar.

La ordenanza, recurrida por el Ayuntamiento de Baza (PSOE), fue aprobada por el anterior gobierno de la Diputación que presidió Sebastián Pérez y anulada tras las recientes elecciones por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por “no ajustarse a derecho”. Los ayuntamientos gobernados por el PP, entre ellos el de la capital, transfirieron las competencias de gestión de residuos sólidos a la Diputación, que empezó a cobrar directamente a cada ciudadano el servicio. El resto de partidos consideró “injusto” que se fijase la tasa de tratamiento de las basuras en función del valor catastral de la vivienda sin tener en cuenta el volumen de basura generada.

Tras conocerse el fallo, el mismo gobierno de la ciudad que votó a favor de la transferencia de competencias se apresuró a exigir al recién constituido gobierno socialista de la Diputación las cantidades que desde 2013 se han podido cobrar de forma indebida. La reclamación se producía horas después de que su compañero de partido en la Diputación y responsable de la elaboración de dicha ordenanza, José Antonio Robles (PP), asegurara que no se había cobrado el impuesto de forma irregular porque la norma fue derogada a tiempo.