Condenados los ‘okupas’ desalojados

Agentes locales vigilan los aledaños de la casa ocupada. Foto: Pepe Torres

El resultado del desalojo del inmueble de siete plantas situado en la calle Joaquín Costa, en el bajo Albaicín, se ha saldado en un juicio rápido con condenas menores de cárcel para los once ‘okupas’ detenidos durante la operación policial, en la que resultaron heridos leves tres agentes locales.

Los ‘okupas’ se vieron obligados a cambiar de aires tras la intervención de una veintena de agentes de la Policía Local y Nacional, en colaboración con efectivos de los Bomberos de Granada. A primera hora de la mañana del lunes, 30 de mayo, desalojaron por la fuerza a los jóvenes que allí residían después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada autorizara la intervención.

No resultó sencillo el desalojo de la ‘Indiskreta’ –nombre con el que bautizaron el edificio- pese al intento de las autoridades de sitiar el desvencijado inmueble al amanecer, cuando se supone que la guardia de los habitantes permanece bajada. La operación se saldó con once ‘okupas’ detenidos y un agente herido –tres jóvenes heridos, según los expulsados- pero, lejos de quedar ahí la cosa, la noticia acabó amplificada y vinculada a la acampada de Granada que promueve el Movimiento 15 de Mayo, lo que provocó cierto desconcierto.

Los ‘okupas’ contaron con el apoyo de una treintena de ‘indignados‘ que acampan en la plaza del Carmen y que se desplazaron hasta el lugar para protestar –de forma pacífica y a título personal, nunca en nombre del colectivo- contra la acción policial. No hay que olvidar que uno de los muchos debates que se han producido en torno al M15 guarda relación con el derecho a una vivienda digna, un renglón que viene reflejado en la Constitución pero que representa un problema real para los ciudadanos. De hecho, el movimiento de indignados tiene como principales enemigos, no sólo a los banqueros y a la actual clase política, sino también a los especuladores urbanísticos.

Operarios de Inagra retiran una pancarta junto al inmueble 'okupa'. Foto: Pepe Torres

Desde la acampada de Granada reconocen, a través de un comunicado, que los desalojados han prestado «apoyo logístico, humano y material», para el mantenimiento de la acampada, al tiempo que solicitan una “respuesta conjunta” –desde el “respeto y la no violencia”- por lo que consideran un “ataque indiscriminado”. Tras la acción policial, algunos acudieron a los juzgados de La Caleta para protestar por el desalojo -uno de ellos resultó detenido, según su versión de los hechos- y a continuación protagonizaron un breve encierro en la Facultad de Políticas. De ahí buscaron refugio en la acampada.

Las versiones de lo sucedido, como suele ser habitual, son opuestas. Mientras la Policía sostiene que los ‘okupas’ opusieron gran resistencia al desalojo, llegando a arrojar por las ventanas pintura roja y aceite para impedir la entrada de los agentes; los expulsados denuncian que se empleó el uso de la fuerza con «pelotas de goma y gases lacrimógenos». Es por ello que desde la acampada de Granada se exigió desde el primer momento que «se depurasen las responsabilidades contra los agentes que intervinieron».

El incidente con  la Policía obligó a convocar por la tarde una asamblea informativa de carácter extraordinario aunque se creyo conveniente madurar la respuesta y no hacerla pública hasta mañana martes. Algunos de los testigos dieron su versión de los hechos coincidiendo en denunciar el supuesto empleo de la violencia por parte de los agentes del orden. Más de uno alertó del intento por dividir al colectivo asociándolo al movimiento ‘okupa’ y a otros de corte extremista.

Por su parte, una de las jóvenes que se refugiaba en la ‘Indiskreta’ responsabilizó al propietario del edificio, el ex concejal José Miguel Castillo Higueras, del acoso que venían sufriendo desde que accedieron al edificio. «No era nuestra casa, era la de todos y ahora nos la han arrebatado», se quejó. Pese a la hora en la que se produjo el desalojo y la supuesta violencia empleada, no se han dado a conocer las imágenes que al parecer se grabaron, circunstancia que extrañaba a más de uno de los allí presentes partidarios de difundir los hechos por internet como ocurrió con la carga policial de los mossos en Barcelona.

La historia de los desalojos se repite. Después de años sin preocuparse por el estado del edificio –en este caso el inmueble de oficinas permanecía diez años cerrado- aparece el propietario para denunciar a los que allí residían por no ajustarse a la legalidad. De nada han servido los intencionados propósitos de los ‘okupas’ de limpiar y restaurar el edificio, y de ofrecer alternativas culturales.

La falta de una eficaz política de vivienda por parte de las administraciones, lo desorbitado de los precios y la proliferación cada vez mayor de pisos abandonados, a muchos de cuyos propietarios sólo les interesa especular con futuros pingües beneficios,  alimentan actitudes como la de los jóvenes desalojados que, a buen seguro, preparan ya el abordaje a otro espacio que les sirva de residencia, igual de ‘Indiskreta’.

(1-6-2011)