María José Hueltes y Manuel Guerra, con la sanción que ya ha pagado en la mano.
“Apenas” puede ver y la memoria “empieza a fallar”, confiesa Manuel Guerra al presentarse. Quizás porque este zaidinero de adopción prefiere cerrar los ojos, cuando no olvidar, una realidad que ya creía superada. La misma que, cuatro décadas atrás, lo obligó a marcharse para buscar trabajo en Francia. No sabía leer, ni escribir. Tampoco conocía el idioma. Pero la necesidad pesó más que el miedo. “Aunque los primeros años fueron muy duros, al final me adapté”, reconoce el hoy emigrante retornado de 82 años. De aquella etapa le quedó “una pequeña pensión» que, según los convenios bilaterales entre Francia y España, estaba exento de tributar. Hace unos meses, sin embargo, Manuel recibió una notificación en la que lo acusaban de defraudar 31, 87 euros a Hacienda por su paga en el extranjero, motivo por el que lo sancionaban con 160 euros.
Su caso no es aislado. “La mitad” de la generación a la que Juanito Valderrama puso banda sonora se enfrenta al mismo problema, lamenta la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados (A.G.E.R.), con sede en el barrio. El colectivo se ha convertido en objetivo de Hacienda por “una modificación en la ley 35/2006 de la que no se informó en su momento y que se ha empezado a aplicar desde finales de 2012 con carácter retroactivo –los cinco años permitidos legalmente”, explica María José Hueltes, presidenta de AGER.
De acuerdo a este cambio, todo aquel con pensión extranjera debe tributar “a partir de los 11.200 euros al año, a pesar de que en España se está exento de declarar hasta los 22.000 euros anuales”, señala el Tesorero de AGER, Juan Moreno, que tilda de “injusticia” este diferente trato.
Hasta casi finales de 2013 los propios funcionarios de Hacienda seguían dando una información errónea al asegurar que no era necesario declarar las pensiones extranjeras
El colectivo, formado por personas mayores para las que no existen amnistías fiscales posibles, se enfrenta ahora a “multas e intereses de demora” que en algunos casos superan los 22.000 euros. “Somos emigrantes, no defraudadores. El Gobierno debería de haber hecho una campaña informativa para que supiéramos que había cambiado la ley. Porque se trata de un colectivo con una media de 70 años que no suele estar conectado a internet consultando el BOE. Es más, hasta casi finales de 2013 los propios funcionarios de Hacienda seguían dando una información errónea al asegurar que no era necesario declarar las pensiones extranjeras”, subraya Hueltes.
Es lo que ha sucedido a Antonio M., vecino del Zaidín que trabajó durante doce años en una conservera de Francia. Cuando se jubiló, ya en España, le aseguraron que no debía tributar porque no alcanzaba los ingresos mínimos. Ahora le exigen más de dos mil euros por los años 2008 y 2011, cantidades a las que se suman intereses de demora por reclamar, relata la familia. La sanción llega “en el peor momento”. Hará imposible, de hecho, seguir apoyando económicamente a su hija, con una situación muy difícil porque acaba de enviudar, está en paro y tiene dos pequeños a su cargo.
Como en el caso de Antonio, la mayoría de “afectados son pensionistas que con sus pagas ayudan a sobrevivir a la crisis a sus hijos y nietos”, detalla Hueltes, a la que un alto porcentaje de asociados ya le ha trasladado su intención de renunciar a su paga extranjera. “Hay casos que por cobrar 15 euros mensuales de Francia o Alemania, se pasan de los 11.300 euros y al final tienen que abonar más de lo que perciben por tener doble pagador”, detalla.
Manifestación de emigrantes retornados el pasado 18 de marzo.
“Es vergonzoso que el Gobierno trate de exprimir a los más débiles para sacar dinero”, recriminan afectados como Manuel o Antonio. Ambos recuerdan lo que luchó el colectivo entre los 60 y los 80, décadas en las que sus divisas fueron «clave para paliar la pobreza». “Jamás pensábamos que, años después, tendríamos que echarnos a la calle por algo así”, lamentan, entristecidos por haberse convertido en “arma política”.
“La modificación de la ley se aprobó en la etapa de Zapatero, pero ha sido Montoro quien la ha aplicado con carácter retroactivo, medida con la que recaudará el triple”, recrimina AGER, para la que ambos partidos deberían «dejar de culparse mutuamente» para pasar a “aportar soluciones”.
El colectivo, con las esperanzas puestas en una proposición no de ley que se debatirá próximamente, pide, en esta línea, “no iniciar ningún expediente sancionador y cerrar los abiertos”, además del desarrollo de “una campaña informativa» sobre sus «obligaciones tributarias”. Solicita, paralelamente, “una ampliación de los plazos de pago a interés cero, permitiendo la regularización” de su situación con Hacienda de la forma «menos dolosa posible».
(15/04/2014)
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