La Vuelta al Cole ha estado marcada por protestas que reclaman mayor seguridad en las aulas. Fotos y vídeo: Lucía Rivas
Los estudiantes ya están en las aulas, esas que tuvieron que abandonar deprisa y corriendo cuando, el pasado mes de marzo, se decretó el estado de alarma a causa del Covid-19. No han faltado padres (con o sin Síndrome de la Cabaña) que han mandado a sus hijos a los centros educativos con indisimulada aprehensión, pero la sensación generalizada, dentro de ese colectivo, es que los niños debían volver a su normalidad, aunque a ésta la anteceda el dichoso prefijo de “nueva”. Se les cortó de cuajo su rutina, se les apartó de su entorno, sus amigos y su día a día. No estaban cómodos en casa. Como tampoco lo estaban muchos padres obligados por las circunstancias a teletrabajar y, por tanto, a compartir espacio y actividades con sus hijos. Pero ésa es otra historia.
Como era previsible (todo el mundo coincidió de antemano en que el riesgo cero era imposible de alcanzar), en Granada ya se han producido incidencias. Hay niños en cuarentena y clases que se han visto obligadas a cerrar. Pocos casos, pero los hay. Como también hay equipos directivos de centros educativos que han dimitido de sus cargos, al entender que las cosas no se están haciendo nada bien. Lo cierto es que esos mismos docentes ya advirtieron hace meses de que no se estaba planificando bien el curso, con lo que esas renuncias de ahora tienen un cierto aroma a la muy extendida expresión “te lo dije”.
En este grupo podría encuadrarse perfectamente Daniel Sánchez, profesor del colegio público José Hurtado, en el barrio del Realejo, quien en un reportaje publicado por GranadaiMedia el pasado mes de julio ya resaltó que “aquí le han soltado el mochuelo a los directivos de los colegios, les han venido a decir que cada cual se busque la vida. No entiendo, por ejemplo, que si no se permiten reuniones de más de quince adultos, vaya a haber entre 20 y 25 alumnos por clase, en un lugar cerrado y por tanto con más riesgo de contagio”. Aportó entonces una solución, o por lo menos un paliativo: que los ayuntamientos, “que en eso sí tienen margen de maniobra, habilitaran espacios públicos disponibles”, si bien expresó sus serias dudas de que eso se produjera. “Han tenido tiempo para moverse y nadie ha dado ningún paso”, subrayó.
En el mismo sentido, otra docente, Gema Vílchez, vaticinó en una carta enviada a este periódico lo que ocurriría en cuanto llegara septiembre, una situación indeseada porque «no ha sido posible dividir clases, utilizar espacios públicos o disminuir la ratio por falta de docentes. Es imposible guardar la distancia de seguridad dentro de las clases, entrarán un mínimo de tres docentes a cada grupo de alumnado, ya que es obligatorio impartir todas las especialidades. No podemos aumentar las puertas de entrada para evitar aglomeraciones”, enumeraba, para dejar claro a renglón seguido que eso no sólo ocurría en su centro de trabajo sino que hablaba de una situación generalizada.
Reacciones adversas
Ya con las clases en marcha, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Alhambra, Rosa Funes, confirma todas esas sospechas. “Se ha actuado muy tarde, seguimos con las ratios muy altas y no se ha garantizado la seguridad. Algunas aulas ya se han aislado, desde el primer día de curso”, afirma la dirigente, preocupada por el efecto acumulativo que puede tener todo esto. “Es que es como una cadena, porque no sólo se pueden contagiar los estudiantes, sino también los profesores y los padres, y eso a su vez afectaría a las empresas en las que estos trabajan y terminaríamos encontrando ante un grave problema sanitario”, advierte.
Rosa Funes lo tiene claro: “Se ha perdido el verano, la posibilidad de hacer algo en ese tiempo. Se optó por dejar toda la carga en los hombros de los equipos directivos y no se facilitaron todos los recursos que se necesitaban. Se dejó todo en el aire”, sentencia.
Algo que a su juicio se debería haber intentado es partir la jornada, de manera que algunos alumnos pudieran acudir al colegio por la tarde. “No se planteó, como tampoco que el ayuntamiento cediera espacios públicos próximos”.
En el fondo, añade, ha sido todo un problema de falta de inversión. “Los niños tenían que volver a clase, en eso estábamos todos de acuerdo, pero en unas condiciones de seguridad que no se han dado porque eso significaba gastar más dinero”, resalta. Un gasto que habría estado más que justificado por ese efecto acumulativo del que hablaba, por esa cadena. “Gastar más en esto habría significado a corto plazo un beneficio para las familias, para las empresas, para la propia sanidad… Habría repercutido en un ahorro considerable a todos los niveles”, concluye.
Sindicatos muy críticos
Desde los sindicatos, la valoración no es mejor. Javier Valdés, de Ustea, sintetiza la cuestión diciendo que «no se ha podido hacer peor» y recuerda que su organización, que ya denunció el curso pasado en dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo lo que consideraba «ratios ilegales», en éste ha puesto los hechos en manos de la Fiscalía al entender que «ya no sólo es algo ilegal, sino una grave irresponsabilidad y un posible delito contra la salud pública».
«No se han puesto soluciones encima de la mesa por parte de la administración autonómica, que no se ha planteado contar con locales como asociaciones de vecinos para alojar a escolares ni ha hecho caso a ayuntamientos como el de Pulianas, que puso a su disposición un catálogo de espacios para ese mismo fin», enumera el sindicalista, que encuentra una explicación muy clara a esa supuesta falta de interés: «No se ha querido buscar dinero para contratar a nuevos profesores».
En Granada, asegura, sólo hay tres técnicos para valorar si se cumplen en los colegios las normativas de prevención de riesgos laborales, cuando «debería haber doce»; un problema que «se arrastra desde hace años» pero que ahora se hace más patente. «En la práctica son los equipos directivos los que controlan eso, sin tener una formación específica. Se les obliga a ejercer unas funciones que no les corresponden».
Con todo lo anterior, no es extraño que Javier Valdés pronostique un futuro delicado, menciona el caso de Israel, «donde la no reducción de la ratio escolar ha sido determinante para los nuevos rebrotes» y llega a afirmar que, aquí, los profesionales de la educación «están poniendo en riesgo sus vidas».
María José Romero, de UGT, hace un resumen de lo vivido en estas últimas semanas: «Aulas con 28 alumnos, equipos directivos que han dimitido, docentes estresados y preocupados, medidas de seguridad insuficientes o que no se cumplen…»
Pone énfasis en la falta de efectivos y de recursos humanos porque para ella también ése es «el fondo de la cuestión». Entiende que «todo está llegando tarde» y que lo que no tiene explicación alguna es que «las cosas hayan empezado a verse cuando los niños ya estaban en las aulas», por lo que, recurriendo a la jerga de su gremio, concluye que la Junta, responsable en materia educativa, «no ha hecho los deberes».
La ugetista tira de una fórmula (más o menos) matemática para revertir la situación: + docentes – ratio = + seguridad. Admite que algunas de las medidas que se han puesto en marcha son «buenas ideas», como los llamados grupos burbuja, pero también tiene claro que, para que eso funcionara bien, haría falta «una mayor dotación de recursos». Con lo que vuelve a la fórmula matemática que ya ha lanzado.
Exterior del instituto Padre Manjón.
Mercedes González, de Comisiones Obreras, acusa directamente a la Delegación de Educación de la Junta en Granada de «dejación de funciones», puesto que ha tenido «tiempo más que de sobra desde que se decretó el confinamiento para prever el futuro, para analizar la situación, para llamar a los centros uno a uno y preguntar qué necesitan, porque cada uno tiene una realidad distinta. No se ha hecho nada ni en junio, ni en julio ni en agosto».
Empeora las cosas que se haya «sacudido toda la responsabilidad para «dejar la autonomía pedagógica» a los directivos, sin tener en cuenta que lo que está en juego es la salud laboral de una serie de profesionales «y eso es responsabilidad de Educación».
«¿Qué pasa con los 384 millones de euros que se supone vienen a Andalucía para Educación? Porque no se han gastado ni nos han dicho en qué lo harán», continúa Mercedes González, que además señala a la delegada en Granada, Ana Dolores Berrocal, por no haberse reunido con los sindicatos «ni una sola vez» desde que llegó a su cargo en febrero, salvo mediante una videoconferencia a finales del curso pasado, durante el confinamiento. «Pero luego sí que sale en la prensa diciendo que no entiende nuestras protestas y que todo va bien», objeta.
Educación, concluye, es ahora mismo poco menos que un búnker. «La delegación está cerrada a cal y canto, es imposible realizar cualquier gestión presencial. Eso significa, en la práctica, cerrar las puertas a las direcciones de los centros educativos y a la ciudadanía».
Hablan los padres de los alumnos
Por supuesto, este reportaje estaría incompleto si no incluyera los testimonios de padres de alumnos, que sufrieron en sus carnes las consecuencias del confinamiento y los que, ahora, se afanan a diario para cumplir con el protocolo mientras piden, a Dios o a la Naturaleza, que todo salga bien.
Ilustran estas líneas los testimonios de cuatro de ellos. Samira Ben-Menni Schuller tiene una opinión positiva en líneas generales. «La vuelta ha sido adecuada, dentro de unas circunstancias difíciles, pero los niños lo están llevando bien», afirma, para añadir que en su colegio en concreto, el Fuente Nueva, están ahora de obras, una casualidad bastante molesta. Los alumnos no pueden disponer del patio en su totalidad «y se nota que les falta espacio».
Samira Ben-Menni Schuler, en el exterior del colegio Fuente Nueva.
Elia Molina es más crítica. «El protocolo ha llegado tarde, el profesorado ha estado muy apurado trabajando para facilitar las cosas y gracias a su esfuerzo, y también al de las familias, las cosas están yendo más o menos bien, pero Educación podría haber puesto a disposición de los niños más espacios y dotar a los centros de más profesores», resume, y concluye dibujando un futuro no muy optimista: «Cuando llegue el frío se complicarán las cosas y es posible que haya confinamientos por grupos. Por desgracia, creo que habrá contagios en los colegios».
Elisa Muñoz, cerca del colegio José Hurtado.
Estíbaliz Gurruchaga va más allá y habla abiertamente de «una gestión improvisada, deficiente y que ha generado mucha incertidumbre para la comunidad educativa y para las familias». Acusa a la Junta de «falta de voluntad» para buscar «soluciones alternativas» ante unas deficiencias «que ya conocíamos en verano, meses antes de volver» y valora muy positivamente «el gran esfuerzo que están realizando los profesores y las familias».
Estíbaliz Gurruchaga, otra madre del centro educativo del Realejo.
El muestreo termina con Gonzalo Caba, que echa en falta «más recursos humanos» y una mayor «anticipación» de la administración educativa ante una situación que conocía. «Ha faltado previsión y también medidas para rebajar la ratio, como dar clases por la tarde o disponer de más espacios. La Consejería ha ido dando bandazos y no ha sido previsora», critica. Como los demás, eso sí, salva de la quema a los docentes y a los trabajadores de las escuelas. «Están haciendo un gran esfuerzo, y por supuesto también los padres y los niños».
Gonzalo Caba, entre el Capitán América y Hulk (es una broma…)
La ESO y la semipresencialidad
A partir de tercer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria, los alumnos van a conocer en primera persona qué significa una expresión que, como otras (nueva normalidad, por citar la más recurrente), se ha instalado en nuestro lenguaje desde que llegó la pandemia. Se trata de la semipresencialidad, que en su caso quiere decir que algunos días darán clases en las aulas y otras, desde casa a través del ordenador.
El tiempo dirá si es o no una buena idea, pero de entrada ha provocado recelos. Rosa Funes considera que el nivel académico «va a diferir entre unos colegios y otros» en función de cómo se manejen con la informática. Si la tecnología falla, los estudiantes a los que ese día les toque quedarse en casa lo van a tener complicado.
Lo confirma un profesor de un instituto de Granada, que prefiere guardar el anonimato pero que asegura que, para él, la semipresencialidad se está traduciendo en «trabajar el doble». Por la mañana da su clase y, como el sistema informático da problemas, por la tarde tiene que repetirla para los chicos que en esa jornada no tenían que acudir al centro.
Javier Valdés, de Ustea, también advierte de que ese sistema «ya está dando muchos problemas» y que, también en eso, la Junta ha delegado las decisiones en los equipos directivos. «Cada instituto decide», abunda María José Romero, de UGT, que entiende que todo es parte del mismo problema, «la falta de efectivos y de recursos humanos porque no se ha invertido lo suficiente». Y Mercedes González, de CCOO, aúna esos problemas a todos los derivados de «la improvisación, la falta de medios y el nulo interés por lo público» que a su juicio está demostrando la administración andaluza.
A comer, a casa
Otro de los problemas asociados ha sido el cierre de dos comedores escolares en Granada. Uno de ellos es el del colegio Abencerrajes, del Zaidín, y la vicepresidente de su AMPA, Olga Leralta, lo atribuye a que la empresa concesionaria los dejó «colgados», pero matiza que eso, en parte, ha pasado porque la nueva situación le obligaba a adaptarse para cumplir las normas de seguridad y eso le generaba un gasto extra que no quiso asumir. «Si la administración no adjudicara por sistema esos servicios a la oferta más barata…», se lamenta.
Aun así, entiende que hay una solución para que los 140 alumnos que frecuentaban el comedor vuelvan a disponer de él. «Tenemos cocina propia y, aunque durante los últimos nueve años hemos recurrido a una empresa de catering, podemos gestionarla con alguna pequeña empresa local». La autorización, precisa, depende de Educación, pero el colegio lleva «dos semanas buscando una cita para hablar del asunto y la delegación se limita a echar balones fuera».
La delegada de Educación responde a las críticas
La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Granada, Ana Berrocal, ha respondido al aluvión de críticas asegurando que, con los datos en la mano, este año ha habido menos incidencias en el arranque del curso que en otros años y ha precisado que las incidencias Covid de los centros educativos de la provincia «afectan al día de hoy al 0,32% de las aulas». (Según datos de la Junta proporcionados el 25 de septiembre, no se ha producido ningún cierre completo en los 856 centros de la provincia y sí el cierre parcial de 29 de las 8.700 aulas, lo que significa un 0,33%)
Y niega categóricamente que haya habido improvisación o falta de interés. «La gestión del retorno a las aulas ha supuesto un trabajo técnico muy riguroso, consensuado y muy organizado, contemplando todos los escenarios posibles. Comenzó antes de verano y desde entonces hemos trabajado sin descanso 24 horas».
Para Ana Berrocal Jurado, que contestó por escrito el cuestionario que le envió GranadaiMedia, no es en absoluto cierto que su delegación haya actuado sin oír a nadie. «Hemos escuchado las distintas opiniones de todos los componentes de la comunidad educativa y estamos trabajando desde el primer día que se desató la pandemia para dar respuestas rápidas y ajustadas a cada necesidad», indica, para añadir que el consejero, Javier Imbroda, ha mantenido más de 180 reuniones con los representantes de distintos colectivos. «Se ha atendido y se ha dialogado y, en consecuencia, se ha trabajado en la elaboración de distintos documentos, en coordinación con la Consejería de Salud y Familias, para garantizar la seguridad en la vuelta presencial a las aulas. Se está trabajando con criterios técnicos muy rigurosos para atender peticiones infinitas con recursos finitos. Se debe entender que ahora los tiempos los va marcando el Covid y las medidas se tienen que ir reajustando conforme a esta circunstancia», enfatiza.
Los estudiantes de los institutos pueden optar por dar clases semipresenciales.
En cuanto a la posibilidad de que pudieran impartirse clases por la tarde, la delegada ha manifestado que «cada centro, en el ámbito de su autonomía organizativa, ha podido optar por las medidas de flexibilización horaria y organizar la docencia en todos los escenarios posibles (presencial, telemática y semipresencial) lo que puede permitir reagrupamientos que disminuyan de facto el número de alumnos en un grupo. Por tanto, la posibilidad de impartir clases por la tarde se contempla como medida de flexibilización organizativa que cada centro puede decidir en el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa. A esto se suma la inversión extraordinaria de la Consejería de Educación de 600 millones de euros, con casi 6.500 profesionales de la educación extras».
En parecidos términos se ha pronunciado sobre la posibilidad de disponer de instalaciones complementarias: «Los ayuntamientos tienen la capacidad de ofrecer espacios municipales a los centros educativos. El debate puede ser amplio pero tiene una respuesta muy sencilla: son los centros educativos, en el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa y con los recursos disponibles, quienes deciden el uso o no de los locales que les ofrece el ayuntamiento. Con el agradecimiento por delante y como muestra de la buena relación entre las instituciones implicadas, me consta que hay centros que han aceptado tales propuestas y otros que las han desestimado porque suponía más perjuicio que beneficio a la organización del centro».
«La bajada de las ratios es uno de nuestros objetivos»
Ana Berrocal ha incidido en que uno de los objetivos del gobierno autonómico es la bajada de ratios, pues entendemos que aunque no supone un factor determinante, sí que incide en la calidad de la educación. Pero este proceso implica una planificación que puede llevar una o más legislaturas». Del mismo modo, también se ha pronunciado sobre la semipresencialidad, posible en este curso a partir de tercero de ESO, para decir que los centros han sido los que «han organizado la docencia de forma presencial, telemática o semipresencial, en función de la flexibilidad permitida para este curso».
Respecto a las inversiones realizadas, la representante de la Junta considera que, dadas las circunstancias, es «un logro la inversión extra de 600 millones que Javier Imbroda dispuso para hacer frente a la situación derivada por el COVID, una cifra que se suma al presupuesto de 6.800 millones de euros previsto para Educación a principios de este año. Este esfuerzo económico se traduce en un refuerzo extraordinario de profesionales en los centros educativos de más de 6.400 docentes extras, además de otros profesionales de la limpieza… Se ha invertido igualmente en material sanitario (test al profesorado, reparto de geles hidroalcohólicos y mascarillas…), se ha concedido un presupuesto de 25 millones en partida extra para obras en los centros (cada centro ha podido obtener hasta 50.000 euros), se ha procedido al aumento de la partida de gastos de funcionamiento para los centros educativos… Por otra parte, desde hoy mismo se está procediendo al reparto de los 150.000 dispositivos electrónicos financiados por la Junta para los centros docentes… A esta partida se sumarán los 180.000 dispositivos facilitados por el Ministerio de Educación y cofinanciados al 20% por la Consejería de Educación».
Por último, y respecto a lo que pueda deparar el futuro próximo, la responsable de Educación en Granada mantiene que «si bien es cierto que el riesgo cero no se puede asegurar y seguiremos teniendo casos en los centros educativos, sí podemos adelantar que la incertidumbre y la ansiedad que han caracterizado el inicio de curso han bajado considerablemente, lo que está permitiendo el desarrollo de la actividad lectiva presencial o flexibilizada, de una forma normalizada en esta situación de pandemia dentro de la aplicación de los protocolos puestos en marcha por los centros educativos».
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