«Récord» de expedientes disciplinarios

Juan Antonio Fuentes

El concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes, en una comparecencia junto al alcalde.

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Granada ha denunciado el «récord» de expedientes a trabajadores municipales durante el mandato que ahora finaliza, de algo menos de 20 durante el periodo 2007-2011 a 90 desde las pasadas elecciones municipales, un aumento del 500%. Los representantes de los empleados públicos consideran que se debe a una «persecución» contra quiénes cuestionan la política de Personal y «los funcionarios que han alcanzado cierto nivel y se niegan a seguir disposiciones políticas».

El presidente de la Junta de Personal, Justo Fernández, declaró a la prensa que la media de expedientes disciplinarios ha pasado de 4 al año a 22, y que además durante el actual mandato se ha visto acompañado de denuncias a 11 sindicalistas y el cese de otros 16 funcionarios de carrera en puestos de decisión «a los que habían accedido por concurso y méritos, y no a dedo, como las personas que los han sustituido». Así, Fernández cree que se está haciendo «un uso político de las herramientas disciplinarias».

En los expedientes a trabajadores municipales se llevan la palma los recibidos por la Policía Local, hasta 70 de los 90 que se han sumado este mandato. Francisco Ramiro, delegado del SIPAN, uno de los dos sindicatos de la policía con representación en Granada -el otro es el SIPLG-, explicó que todos estos expedientes se abrieron durante las protestas por los cambios en el convenio colectivo del cuerpo.

Por su parte, Antonio Salgueiro, delegado de UGT, explicó a los medios que uno de los casos de «ceses políticos» sería el de uno de los abogados municipales, un oficial letrado que ha defendido al Consistorio en varios pleitos y que recientemente fue suspendido de empleo y sueldo por tres años alegando una incompatibilidad por ejercer también fuera del Ayuntamiento.

Aunque admiten que el caso habrá de resolverse aún, por la denuncia interpuesta por el letrado negando la presunta incompatibilidad, los sindicalistas aseguran que se trata de un cese «político» debido a que era «un funcionario incómodo» que no aceptaba «órdenes políticas» pero aún así «tenía acceso a expedientes y papeles delicados que el gobierno municipal no desea que pasen por manos de funcionarios independientes».

GranadaiMedia intentó conocer la versión del Ayuntamiento, que en el momento de publicar esta información no se había pronunciado al respecto.

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