Los trabajadores y los residentes de la Residencia de la Huerta del Rasillo quieren soluciones y no más promesas o polémicas vacías. El problema es que la situación administrativa de los 38 grandes dependientes y los 40 trabajadores que los atienden está lejos de tener una solución fácil, con negociaciones a tres bandas que continúan estancadas, pero que dejan en los afectados la sensación de abandono y de estar sirviendo como arma arrojadiza electoral.
La manifestación de este jueves se ha desarrollado entre la puerta de la propia residencia y la Delegación de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, situada en la zona de Caleta. Los afectados piden que no se traslade ni a residentes ni a trabajadores y se mantenga la actual residencia. En concreto, los usuarios lamentan que aunque ellos aportan el 75 por ciento de sus pensiones para el mantenimiento del centro «podamos pagar la mala administración de otros», en referencia a la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (CANF), a la que tenía concertada el centro la Junta de Andalucía y cuyo concurso de acreedores por las deudas acumuladas pone en peligro su supervivencia.
La protesta llega tras la reunión ayer miércoles en Sevilla de los representantes de los trabajadores con la administración concursal nombrada por el juez. En las negociaciones que se desarrollan actualmente, el principal escollo es la deuda de 2 millones de euros que la CANF acumuló entre su otra residencia situada en Sevilla y la del Rasillo, y que a efectos del actual administrador se considera «indivisible«. También parece descartada la readmisión de los empleados despedidos los meses previos al concurso de acreedores, que reclaman los afectados, y entre los que se incluye la antigua directora.
En la protesta de este jueves no hizo su aparición el delegado de Políticas Sociales, Higinio Almagro, como si había hecho en ocasiones anteriores, ni tampoco el parlamentario andaluz del PP, Vicente Valero, expulsado de la última. Tampoco contó con el apoyo de los sindicatos, aunque estos si informaron a lo largo de la mañana a los trabajadores de la situación legal actual, que por el momento los aboca al ERE. Si aparecieron representantes de Podemos y Equo, cuyo coportavoz, Manuel Merino, criticó que pueda perderse «una residencia de grandes dependientes que es referencia en Andalucía».
Negociaciones a tres bandas
El secretario general de Enseñanza de CCOO, Diego Molina, explicó a GranadaiMedia que actualmente las negociaciones se producen a tres bandas. Por un lado, los sindicatos negocian con el administrador el ERE que debe liquidar a la plantilla. El actual administrador de la empresa, que debe liquidar la deuda, ha iniciado los trámites para despedir a los empleados de la CANF en ambas residencias y acabar con la deuda acumulada con ellos. Se encuentra en fase de negociaciones entre sindicatos y ‘propietario’, aunque el próximo viernes 28 de marzo será la reunión definitiva sobre este particular y, firmen o no, con las actuales leyes laborales en la mano, el administrador puede imponerlo sin negociar.
Por otro lado, Molina explicó que la ONG Fegradi se encuentra negociando con el propio administrador asumir sólo la parte de la deuda a la Seguridad Social acumulada por la residencia de Granada, de 400.000 euros, y no el conjunto de los 2 millones totales. De esta manera, Fegradi estaría dispuesta a asumir tanto el centro como a la actual plantilla. Aún así, según el sindicalista, esta opción es «poco probable».
En caso de fallar, finalmente, CCOO negocia con la Junta de Andalucía que usuarios y plantilla sean trasladados al centro que tiene en Granada la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM), que dispone de espacio suficiente y a la que la administración aumentaría la ratio de trabajadores para que pudiese asumir a los del Rasillo. Sin embargo, esta última opción no es bien vista por los afectados, que como han puesto de manifiesto esta mañana, quieren a toda costa permanecer en su actual residencia.
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