Una imputación para distraer la investidura

El juez de Instrucción 4 de Granada mantiene la imputación de los ocho concejales socialistas salientes, entre ellos el actual candidato Francisco Cuenca, por presunta denuncia falsa contra José Torres Hurtado.

Cerrillo de Maracena, palacio de Hielo

Los concejales del PSOE, en el Cerrillo de Maracena. Solo el edil electo Eduardo Castillo, a la izda., no está imputado.

En un momento importante del calendario político, cuando se negocia el futuro gobierno del Ayuntamiento de Granada que arrancará este sábado con el debate de la investidura, se ha dado a conocer la providencia del juez de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, en la que mantiene la imputación al candidato socialista a la alcaldía de Granada, Francisco Cuenca, y a los otros siete concejales del grupo municipal del PSOE saliente por un presunto delito de denuncia falsa contra el alcalde José Torres Hurtado.

La querella del alcalde tiene su origen en otra que el PSOE presentó en su día por irregularidades en los terrenos donde se iba a construir el Palacio del Hielo, una supuesta especulación urbanística relacionada con el Plan Parcial del Cerrillo de Maracena PPT1 en la que se vio envuelto el gobierno municipal del PP y técnicos de Urbanismo y que finalmente archivó la justicia.

El hoy alcalde en funciones entendió que se había dañado su imagen y la de la propia ciudad por lo que decidió presentar una querella las pasadas navidades, seis meses después de que la Audiencia Provincial de Granada diera la razón al gobierno municipal y a tan solo cinco meses de las elecciones municipales. Fue el pasado mes de febrero cuando el juez la admitió a trámite y decidió incoar diligencias previas al entender que Torres Hurtado podía demostrar un “interés legítimo y personal” al verse afectado por las imputaciones vertidas contra él, a la vez que descartaba que el alcalde quisiera hacer un “uso instrumental en el contexto de estrategias políticas”.

La reciente providencia del juez con fecha 3 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha adelantado este miércoles ‘Onda Cero‘ Granada, se conoce justo tres días antes del debate de investidura y en medio de las negociaciones que socialistas y populares llevan a cabo con Ciudadanos y el resto de fuerzas políticas para la formación de un gobierno.  Tanto Ciudadanos como Vamos Granada e IU no creen que sea un caso de corrupción política que impida el diálogo y los acuerdos puntuales.

El juez tomó declaración a los ocho ediles socialistas el 27 y 28 de abril y ha practicado el resto de pruebas. En su escrito mantiene la imputación y da diez días hábiles a las distintas partes para que presenten alegaciones que determinarán si continúa el procedimiento penal o se procede al sobreseimiento de la causa.

José Torres Hurtado fundamentó su querella en las imputaciones que le atribuyeron desde el principal partido de la oposición a sabiendas -según consta en el auto del juez- de que eran falsas.

En su escrito de querella hacia los ocho concejales socialistas, el alcalde aludía al “oscurantismo”, “maquinación” y “falta de información” que le atribuyó el PSOE; acusaciones que el gobierno municipal desmontó con los documentos aportados a la causa por la Secretaría del Ayuntamiento de Granada. El alcalde entiende que el PSOE trataba de “instrumentalizar” una operación urbanística de la que no solo eran “conocedores” sino que también “participaron en la toma de decisiones de los acuerdos”.

Para ello se apoya en la argumentación del juez de instrucción de 1 que consideró “sorprendente” que el principal partido de la oposición no tuviera conocimiento de un cambio de uso de los terrenos cuando votó a favor. “Bien pudieran haber sido llamados en calidad de imputados en esta causa sobre la base de lo expuesto por ellos mismos en su querella”, censuraba el juez, un argumento que rescata el alcalde en la denuncia que presentó en navidad.

Las declaraciones de los ocho ediles socialistas no han convencido al juez. Los socialistas sostienen que cumplieron con su “obligación y responsabilidad”, y se limitaron a “defender los intereses de los granadinos” al considerar que la operación urbanística ocasionaba un perjuicio económico para la ciudad.

 

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