IU denuncia que el Ayuntamiento deje en la calle familias en riesgo de exclusión por carecer de ingresos mínimos, mientras mantiene alrededor de 60 viviendas de titularidad municipal vacías en barrios como el Zaidín, la Chana o el Fargue.
Panorámica de la barriada de Santa Adela.
Según el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura Anllo, el gobierno municipal rechaza peticiones de alquiler social de familias al borde del desahucio porque sus ingresos no alcanzan los 550 euros, condición que exige la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa) para optar al parque de viviendas municipal en zonas como Santa Adela.
Puentedura explicó al respecto que hace unos meses el equipo de gobierno ofreció en alquiler social 15 viviendas municipales situadas en esta barriada del Zaidín “dirigidas a familias en riesgo de exclusión que estuvieran en peligro de desahucio por estar en «proceso de ejecución hipotecaría”. Según datos de Emuvyssa, se registraron unas 45 peticiones, de las que 13 fueron admitidas con la adjudicación de un alquiler social “que ronda de los 100 a 150 euros”. Del resto, unas 20 se rechazaron “por no reunir los requisitos de ingresos mínimos, alrededor de unos 550 euros al mes”.
Para el portavoz de IU “es indecente que se rechacen peticiones de familias con rentas muy bajas, por el criterio de no alcanzar un mínimo de ingresos, sobre todo cuando Emuvyssa dispone de viviendas de titularidad municipal suficientes para atender estas peticiones”. El concejal recordó que el Ayuntamiento cuenta con unas 60 viviendas vacías, si se suman las 40 situadas en el Edificio Apache, entre la Chana y Bobadilla, la docena de pisos del residencial Los Olivos en el Fargue, las ubicadas en edificio de la Calle Lepanto, en el centro de la ciudad, y las de Santa Adela.
Puentedura resaltó que no se trata de «regalar ninguna vivienda a nadie, sino atender la situación de emergencia social que viven numerosas familias por el contexto de crisis, facilitándoles un alquiler social para evitar que su situación de vulnerabilidad les lleve a la exclusión social”. El edil calificó de «vergüenza» que el Ayuntamiento rechace peticiones de «madres con hijos menores a su cargo que se han visto en la calle por un desahucio o de casos de violencia de género”. Criticó, asimismo, que también se hayan rechazado solicitudes de “familias con todos los miembros en paro, cuyos ingresos dependen de una prestación social o renta de inserción y de personas mayores que dependen de una pensión minúscula”.
Ante esta situación, Puentedura exigió que «todas las viviendas municipales vacías se ofrezcan en régimen de alquiler social” y que “se elimine el criterio de ingresos mínimos, en referencia al IPREM (unos 550 euros), porque justamente el alquiler social debe priorizar a las rentas más bajas”.
(16/06/2014)
¡Danos tu opinión!