Imagen de archivo de una concentración de apoyo a una de las últimas inquilinas de la Casa del Aire.
La Casa del Aire, el inmueble de paso catalogado que languidece entre las calles Zenete y Beteta, en el bajo Albaicín, regresa en breve a la actualidad informativa. Seis de los vecinos y amigos que han venido participando en los últimos 8 años en acciones en contra de la inmobiliaria propietaria del edificio, a la que acusan de «hostigamiento» y de promover la especulación urbanística, se sentarán en el banquillo el próximo 3 de octubre por presuntos delitos de usurpación y coacciones, según un comunicado remitido por el grupo Solidarios de la Casa del Aire que cuenta con el apoyo de Stop Desahucios.
La acusación que ejercen los propietarios del inmueble, en este caso Edivara SL-Inmobiliaria Sol, solicita penas que entre todos suman doce años de prisión, multas por importe de 13.000 euros e indemnizaciones que en conjunto superan los 40.000 euros, además de solicitudes de órdenes de alejamiento, según informan los responsables del comunicado.
Se da la circunstancia de que el Grupo Stop Desahucios presentó a finales de junio la primera querella criminal en Andalucía por acoso inmobiliario o ‘mobbing’, dirigida contra la propiedad de la Casa del Aire, de la que no se tienen noticias. Cruce de denuncias que evidencia que el conflicto se mantiene pese a que sólo permanece en el inmueble un inquilino.
Manuel Prieto no ha sido desahuciado por la inmobiliaria al tener un contrato indefinido de renta antigua anterior a la ley de la propiedad de Miguel Boyer. Pese a ello, su integridad corre peligro dado el mal estado de la casa, cuyos falsos techos se han echado abajo de forma intencionada, se han bloqueado puertas y abierto ventanas para acelerar el deterioro progresivo de la vivienda y conseguir, según los denunciados, la declaración de estado de ruina con la que poder expulsar al último inquilino.
«Lo que se juzga realmente es la lucha contra la especulación, contra las normativas que lo amparan y los agentes que la promueven. Mientras que los bancos son rescatados con dinero público, a quienes defendemos el derecho a la vivienda se nos multa y criminaliza (un ejemplo de ello es nuestro propio grupo Stop Desahucios, que acumula ya más de 15.000 euros en multas por oponernos a que las familias sean desalojadas de sus casas)», señalan en un comunicado que puede leerse en su integridad en el siguiente enlace.
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(22-9-2012)
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