García Royo niega la ‘trama’ urbanística

García Royo (izq) abandona los juzgados junto a su abogado. Foto: NGP.

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha visto este miércoles la primera sesión del juicio del ‘caso Palacio de Hielo’, con la declaración del ex concejal de Urbanismo, Luis García Royo, y dos de los funcionarios del Ayuntamiento imputados.

García Royo negó ante el juez que existiese una connivencia con los promotores para aumentar las parcelas municipales y el espacio a edificar, e incluso recordó que denunció por injurias a uno de ellos, José Julián Romero, el cuál, además, es el denunciante original de esta causa en la que ambos están imputados.

El ex concejal entre 2003 y 2007, durante el primer mandato de Torres Hurtado como alcalde, aseguró no conocer los detalles del convenio urbanístico firmado en 2005 ni haber negociado con los promotores los detalles, ya que «mi preparación urbanística me lo impide» y «mi labor como concejal no descendía hasta esos niveles».

En segundo lugar, declaró el que entonces era Gerente de Urbanismo y ahora es Jefe de Obras del Ayuntamiento, Manuel Lorente, el cuál aseguró que no se conocía que las parcelas ‘apropiadas’ por el Ayuntamiento durante la reparcelación fuesen del Ministerio de Fomento porque este no las había inscrito en el registro. Los funcionarios insistieron en que todo se realizó «conforme al procedimiento» y negaron una «trama».

Este jueves día 8 continuarán las declaraciones de los imputados con el resto de funcionarios y los dos promotores implicados.

Los hechos juzgados se remontan a 2005, cuando dos de los promotores imputados, los responsables de José Julián Consulting S.L. y Promociones Arcomarex, además de Caja Rural, que no está procesada, firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Granada para el desarollo de las parcelas del Cerrillo Maracena donde estaba previsto el futuro Palacio de Hielo, que construiría JJ Consulting. Además, se construirían también un centro comercial y varios desarrollos de viviendas. Todo ello proyectos que nunca llegaron a ser realidad.

El presunto delito se encontraría en el trazado de las parcelas, ya que se incluyeron hasta tres que no pertenecían al Ayuntamiento, sino al Estado. En concreto, al Ministerio de Fomento: dos de Demarcación de Carreteras y una tercera de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Si el Ayuntamiento pretendía recalificarlas, debería haberlos tratado como un propietario más e incluirlos en la Junta de Compensación, algo que nunca se produjo. Según Fiscalía, el edil de Urbanismo intentaba aumentar los ingresos del Ayuntamiento, ya que los promotores le comprarían terrenos más amplios, y estos últimos aumentar el área edificable y, por tanto, sus futuros beneficios.

El caso ha venido adornado, además, por dos ‘culebrones’. Uno, el de la negativa de uno de los promotores, José Julián Romero, propietario de JJ Consulting, a pagar el total de lo acordado, asegurando que se debía a conocer la ilegalidad de la operación y tratando de exculparse. Algo que derivó, entre 2009 y 2010, en que el Ayuntamiento iniciase un procedimiento de expropiación de sus bienes de hasta 4 millones de euros. En diferentes apariciones en los medios, Romero intentó también implicar en el caso a la sucesora en el cargo de García Royo, Isabel Nieto, y al alcalde.

El otro ‘culebrón’, también judicial, viene derivado del acuerdo del Ayuntamiento con Romero y la otra promotora, Arcomarex, para recuperar los terrenos conveniados en 2005. El PSOE denunció al alcalde por «perdonar» la presunta deuda de 8,2 millones de euros a los promotores a cambio de los terrenos y luego venderlos por un valor inferior, en la oscura operación con la empresa Property Masters que tampoco cuajó. En cualquier caso, el juez archivó está denuncia considerando que los socialistas omitieron datos para «inventar» un presunto delito.

(08-05-2014)