El edificio de la Caleta, donde se encuentran los juzgados de Instrucción de Granada.
El restaurante Jardines Alberto tendrá que responder ante la justicia por el despido de tres trabajadores después de que participaran en la huelga de la hostelería el año pasado. Los afectados denunciaron al conocido establecimiento, enclavado en la Alhambra, por rescindir sus contratos como «represalia» por secundar el paro del sector pasados 29 de agosto, 10 y 11 de septiembre.
El juicio por el primero de los tres casos, el de Francisco Vázquez, se celebrará el próximo 16 de abril. Se da la circunstancia de que el extrabajador había sido nombrado delegado de la sección sindical del SAT en el restaurante antes de que lo cesaran.
Según sostiene su abogado, Antonio Folgoso, en su caso la empresa ha incurrido en una presunta «vulneración de los derechos fundamentales de huelga, libertad sindical y de garantía de indemnidad», que protege a los trabajadores de posibles represalias al denunciar irregularidades. Así, previa a la rescisión de su contrato, los ya exempleados habían recurrido a la inspección de trabajo ante el incumplimiento de Jardines Alberto «de la normativa laboral en materia de contratos, horarios, formación y número de jornadas laborales”.
En vista de los hechos, el letrado de los trabajadores exigirá la nulidad de su despido y su readmisión inmediata o, «en caso subsidiario, su improcedencia». La empresa, por su parte, alega que el cese del trabajador responde a motivos disciplinarios «por una disminución continuada y voluntaria en el rendimiento».
La justicia tendrá la última palabra al respecto. Coincidiendo con la vista, a las 11.30 horas, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que pertenecen los tres afectados, ha convocado una concentración frente a los juzgados de la Caleta. La protesta se suma a la que vienen protagonizando los extrabajadores cada sábado frente al restaurante para exigir su readmisión. Esta lucha ya les costó una denuncia de Jardines Alberto, que finalmente el juez archivó, recordó Folgoso.
A su entender esta nueva «represalia» representa «la persecución de los perseguidos», que han iniciado una «valiente» batalla legal y sindical en defensa de un derecho por el que rara vez se alza la voz: el de huelga.
Y es que, si bien sobre el papel está conquistado, no son pocos los casos de trabajadores que no lo ejercen por temor a perder su puesto, lamentó Folgoso, para el que resulta paradójico que no se reclame con igual intensidad que el derecho al trabajo el de huelga. «Llama la atención que la prensa dedique tantas páginas a la supuesta violencia de los piquetes, pero no a los empleados que quieren secundar un paro y que no lo hacen por miedo, lo que desarma la única herramienta que tienen para protestar ante la precariedad de sus condiciones laborales», concluyó.
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