La Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, antigua EPSA), ha puesto en manos del juez en los últimos meses hasta cinco casos de desalojos forzosos de pisos sociales en el distrito Norte de la ciudad. El delegado de Fomento y Vivienda en Granada, Manuel Morales, aseguró en la junta de distrito de este mes de noviembre que este es «el elemento más serio» con el que se enfrenta la administración en materia de vivienda en estos barrios, que aglutinan gran parte del parque público de AVRA en la provincia de Granada.
«Nos preocupa que determinados clanes familiares se dedican, bajo coacciones y amenazas, a echar a familias de sus pisos, que son públicos, para meter a otras familias o para montar invernaderos«, aseguró Morales, quien añadió que se ha pedido que la Justicia investigue estos desalojos/ocupaciones como «crimen organizado».
«No se trata de quitarle a nadie su vivienda, sino de devolvérsela a quien se la han quitado por la fuerza», explicó Morales, que califica estos hechos como «un atentado contra los derechos humanos».
«¿De qué clanes familiares habla, de los bancos?», preguntó el presidente de la asociación de vecinos de La Paz, Juan Heredia, al representante de la Junta, para añadir que «es la primera vez» que tenía noticia de esta situación. «Ante un caso así los propios vecinos impedirían el desalojo», aseguró.
Pero ocurre. El pasado verano, sin ir más lejos, unos diez miembros de una misma familia tuvieron que poner pies en polvorosa y cambiarse hasta de Comunidad Autónoma, presionados por otra familia del barrio que al día siguiente ya había ocupado los pisos. Al menos dos de las denuncias interpuestas por AVRA en los últimos meses están relacionadas con este episodio, según han confirmado fuentes de la agencia a GranadaiMedia.
El asunto, con todo, no es nuevo. Tanto vecinos como administraciones y entidades que trabajan en el distrito llevan años hablando del trasiego incontrolado de pisos y aunque en años anteriores se ha intentado poner coto a la situación y regularizar gran parte del parque público de vivienda, las iniciativas no acaban de dar resultados. Lo reconoció hace más de un año el propio delegado de Vivienda a raíz de la ocupación de varias pisos vacíos en Almanjáyar.
Desde AVRA y desde la Delegación de Vivienda se pide a los vecinos colaboración para atajar esta situación, dado que muchas veces las familias afectadas descartan denunciar por miedo. Pero no parece que esa colaboración vaya a venir de manos de muchas de las asociaciones de vecinos del distrito, que reclaman a EPSA participar y tener voz en los planes de rehabilitación del barrio, de los que se sienten excluidos.
Fue la posición que defendió en particular el presidente de la asociación de vecinos de Almanjáyar, Ángel Rubio, que pidió participar en la Mesa de la Vivienda de Norte y fue muy crítico con actuaciones recientes de AVRA en su barrio como la intervención en la Plaza Merced Alta, donde a su juicio «se ha tirado el dinero público», o la conversión en residencia de estudiantes del bloque de 28 viviendas sociales de la calle Poetisa Handuna.
Tanto el delegado de Vivienda como el director de AVRA en Granada, Juan Hidalgo, y el jefe de Servicio de Vivienda de la Junta en Granada, Nahum Álvarez, que acudieron a la junta de distrito a explicar los planes de rehabilitación anunciados recientemente, defendieron que la participación se está canalizando «bloque por bloque», hablando con los vecinos. Ante la insistencia de otras asociaciones de vecinos como La Paz y Cartuja, Morales matizó que pueden solicitar participar en la Mesa de la Vivienda pero no van a tener «la exclusividad» porque «los vecinos prefieren que tratemos estos asuntos bloque a bloque».
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