El SAI mantendrá la asesoría jurídica

Olalla, Sánchez y Puentedura, durante la rueda de prensa.

Los grupos en la oposición –PSOE, IU y UPyD– presentarán una moción en el próximo pleno para tratar de «evitar el desmantelamiento» del Servicio de Atención a Inmigrantes (SAI) de la ciudad, con sede en el Zaidín. Aunque el Ayuntamiento ha rectificado y no despedirá a su asesor jurídico -como anunció- aún peligra el puesto de una trabajadora social, lo que «mermará» esta competencia municipal, coinciden los tres partidos.

Según recordó Jemi Sánchez, concejal del PSOE, hace unas semanas que el edil de Bienestar Social hizo público el despido de dos de los cuatro profesionales de este servicio municipal, en concreto una trabajadora social y el asesor jurídico. Ante la «presión social» por esta decisión, el PP ha decidido mantener al experto en extranjería, el único especialista en esta materia «público y gratuito de la ciudad, así como de la provincia», a la que también asesora, informó Sánchez.

Olalla, Sánchez y Puentedura, durante la rueda de prensa.

Olalla, Sánchez y Puentedura, durante la rueda de prensa.

Este cambio de postura no afecta a la trabajadora social, que se quedará en la calle. Si esta profesional pierde su empleo, el SAI solo contará con tres personas para atender a más de 3000 usuarios anuales, lamentó la edil socialista, que denunció «la arbitrariedad» de estos despidos, dado que «no responden a motivos económicos».

Al respecto, el concejal de IU, Paco Puentedura, subrayó que «no es excusa, como trata de hacer creer el Ayuntamiento» que la Junta haya reducido las ayudas. Así, en los presupuestos para 2013, el Gobierno andaluz «ha aumentado en un millón y medio de euros» los fondos de nivelación, con los que se cubren los servicios de competencia municipal, como es el caso, defendió el edil.

Puentedura reparó en que resulta «inviable» para una atención adecuada que el SAI tarde «una media de nueve meses» en tramitar los informes de arraigo o habitabilidad, con los «problemas administrativos que este retraso acarrea a las personas inmigrantes a la hora de renovar sus tarjetas de residentes, acceder a un contrato normalizado, a la Sanidad y la Educación».

Resulta inviable para una atención adecuada que el SAI tarde una media de nueve meses en tramitar los informes de arraigo o habitabilidad

Este servicio se puede «financiar solo», además, si funciona con eficacia, añadió el edil. De hecho, «al evitar situaciones de desregularización» hace posible que los inmigrantes se empadronen en la ciudad, que recibe «unos 600 euros más al año por cada persona censada», explicó.

La concejal de UPyD, Maite Olalla, se sumó, por su parte, a la idea que puso sobre la mesa la junta de personal: que el equipo de gobierno se recorte el sueldo en la misma proporción que a los funcionarios, un 7,14%. «Con ese dinero se pueden salvar estos dos puestos», resaltó Olalla, para la que resulta «insostenible» que se sigan manteniendo «gastos superfluos» mientras se recortan los pilares esenciales del Estado del Bienestar. «Es muy fácil pedir a los demás que se ajusten el cinturón sin tomar la misma cucharada de ricino», sostuvo.

La concejal mostró, por otra parte, su preocupación por el «aumento de la xenofobia», a través de un discurso que no hace sino «enfrentarnos a los débiles». «Abrimos las puertas a los inmigrantes cuando todo iba bien e interesaba mano de obra barata y sumisa. Ahora los queremos echar a patadas, mientras damos la bienvenida a los extranjeros ricos para que compren las casas que los bancos no pueden vender. Con estos no nos importará compartir la Sanidad», recriminó la edil.

Planteó, por último, «cómo nos gustaría que tratarán en otros países a los miles de jóvenes que tienen que abandonar España para buscar trabajo».

(28/11/2012)

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