Un paseo por las ruinas de La Virgencica

Los movimientos de tierra para construir un parque en Albayda han destapado algunos restos de La Virgencica.

La mañana del 30 de julio de 1981 el Pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó la creación del Patronato Municipal de la Vivienda y sus estatutos. Este era el primer paso político para trasladar al Polígono de Almanjáyar a las 166 familias que en aquellas fechas aún malvivían en la conocida como barriada de La Virgencica.

El traslado de los afectados por las inundaciones fue un proceso pionero en España en el que colaboró también el Patronato Provincial de la Vivienda, el primero creado en nuestro país conforme al Real Decreto 1614/1981, de 2 de julio y que tenía por objeto regular la promoción de viviendas de protección oficial en el medio rural.

La constitución de ambos patronatos de la vivienda tenía como finalidad cooperar con ayuntamientos, montepíos, cooperativas e incluso asociaciones para la difusión de una vivienda a precio popular para erradicar los elevados índices de chabolismo que afectaban a la provincia de Granada. Surgieron como un recurso ágil y descentralizado para instrumentar las promociones en terrenos cedidos por particulares o entes públicos —mayoritariamente ayuntamientos— con objeto de destinar viviendas a familias cuyos ingresos estaban 2,5 veces por debajo del salario mínimo interprofesional. A través de los patronatos, se conseguía dar prioridad a aquellas familias que carecían de una vivienda digna, garantizando el acceso a la misma mediante unos precios de venta o arrendamiento simbólicos.

En el caso de Granada, tanto el patronato municipal como el patronato provincial tuvieron como misión inicial adquirir a precio de coste una promoción de 170 viviendas que el Estado, a través del MOPU, estaba construyendo en el Polígono de Almanjáyar. Su intención era ponerlas a disposición de las 166 familias que aún residían en ese núcleo de marginalidad.

El plan trazado establecía que cada organismo debía adquirir 85 viviendas al Ministerio de Obras Públicas (MOPU) en las mejores condiciones de precio y financiación, para poder trasladar allí a los vecinos de este barrio.
Como condición, las autoridades locales exigieron que el precio de las viviendas que pretendían adquirir fuese inferior al precio de venta a los compradores, ya que entendían que ambos patronatos debían gozar de sustanciosos beneficios subsidiarios del Estado por destinarse las viviendas a una labor social. De ese modo, la compra de las viviendas que el Instituto Nacional de la Vivienda acababa de construir en el Polígono de Almanjáyar se pactó finalmente en 297 millones que las entidades debían abonar en 25 años.

Las corporaciones solicitaron además al ministerio que, tras el traslado de los vecinos y la demolición de los barracones, les fuera vendido el Polígono de La Virgencica. Un conjunto de solares sobre los que se asentaban los barracones y que el Patronato del Ayuntamiento y de la Diputación pretendían que se distribuyera a partes iguales para poder destinarlos a nuevas zonas de servicios y a la construcción de nuevas viviendas sociales que permitirían encaminar acciones sociales en el futuro que cubriesen las necesidades de la población.

Las viviendas hexagonales de La Virgencica tuvieron un premio de arquitectura.

Tras la visita del presidente de la Diputación, José Sánchez Faba (UCD), y del alcalde en funciones, César Valdeolmillo Alonso (UCD), al subdirector general de la vivienda, se acordó que el Instituto Nacional de la Vivienda vendería a los patronatos del Ayuntamiento y de la Diputación los solares sobre los 106.000 metros cuadrados sobre los que se extendía la barriada de La Virgencica por 46 millones que ambas administraciones deberían abonar en dos años.

De esa cantidad 20 millones debían ser abonados el primer año —10 millones el Ayuntamiento y 10 la Diputación— y 26 millones durante el año 1982, es decir 13 millones cada corporación. Un precio verdaderamente irrisorio si tenemos en cuenta que los terrenos estaban tasados por el propio Ministerio de Obras Públicas en 52 millones. Estos precios tan excepcionales exigían que ambos patronatos destinasen los suelos a la construcción de viviendas de protección oficial y a la dotación de servicios que eran muy necesarios en la ciudad, precisamente la función social para la cual habían sido constituidos.

Visita a las viviendas y un acuerdo de compra

El 7 de agosto de 1981 el presidente de la Diputación Sánchez Faba y el alcalde accidental, Valdeolmillos Alonso, acudieron a visitar junto al delegado provincial del MOPU, Delfín Velasco, las viviendas del Polígono de Almanjáyar que tenían previsto entregar en septiembre de aquel año a los habitantes de los barracones de La Virgencica.

La visita pretendía determinar cuáles debían ser las viviendas que se entregarían en régimen de alquiler social a los vecinos de la barriada una vez que se materializara la compra por parte de los patronatos de la Diputación y el Ayuntamiento. Tras visitar las promociones, aquella misma mañana los patronatos firmarían en la sede del MOPU los escritos por los que se solicitaba la compra de 173 viviendas. De ellas, 86 fueron adquiridas por la Diputación y 87 por el Ayuntamiento. Se trataba de pisos de 80 metros cuadrados que disponían cada uno de salón, cocina, baño, terraza, tres dormitorios, agua caliente y calefacción.

Existían tres modelos diferentes de viviendas, 11 eran en planta baja y estaban acondicionadas para personas discapacitadas, 30 de planta baja normal y 132 repartidas entre segundas, terceras y cuartas plantas, por lo que sus precios oscilaron entre el millón y medio y el millón setecientas mil pesetas.

El 27 de diciembre de 1981 el Consejo de Administración del Patronato Provincial de Vivienda, bajo presidencia de José Sánchez Faba —y cuyo consejo estaba formado por Bermúdez Ocaña, vicepresidente, Pino Jaldo, Hurtado Gallardo, Villamil González, García Larios, Ribés Puig, secretario, Roca García, interventor, Olmedo Orbe y Rodríguez García— ratificaría los acuerdos adoptados entre el presidente de la corporación provincial y el Instituto para la Promoción de la Vivienda del MOPU en relación con la compra de cuatro bloques de viviendas en la ampliación del Polígono de Cartuja y que debían destinarse a albergar a los habitantes de la barriada de La Virgencica y cuyo usufructo pretendían ofrecer al Ayuntamiento de Granada.

El derribo de La Virgencica

A pesar de estar todo dispuesto y de contar con censos elaborados por los servicios sociales para concretar qué familias serían beneficiarias de las viviendas, el desalojo de la barriada se retrasó hasta el 20 abril de 1982. Durante la mañana de ese día tendría lugar una macrooperación desarrollada por los Patronatos de la Vivienda del Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial. Un centenar de personas participaron en los trabajos de evacuación y demolición del barrio bajo vigilancia de la Policía Local y Nacional para evitar que volvieran a renacer nuevos asentamientos.

Concluía así la historia de las en viviendas hexagonales de 37 metros cuadrados cuyo diseño constructivo incluso había logrado un premio internacional de arquitectura, pero que conforme pasó el tiempo demostraron que eran insuficientes para mantener en unas mínimas condiciones higiénicas y de habitabilidad a familias de hasta catorce miembros.

Acababan dieciocho años de provisionalidad para 173 familias de afectados por las inundaciones del Sacromonte acaecidas en el año 1962 y que desde 1964 aún malvivían en parte de los 919 albergues (casas unifamiliares) provisionales que fueron construidos para albergar a las 5.000 personas que residieron en la barriada hasta que, a mediados de los setenta, muchos de sus habitantes se trasladaron al Polígono de Cartuja. Allí ocuparon casitas bajas y bloques promovidos por la Obra Sindical del Hogar, por lo que ya entonces se había procedido a derribar centenares de viviendas, quedando sólo en pie las 200 que acogían a las 173 familias gitanas que habían permanecido allí hasta el año 1982.

Fue así como la dramática historia del barrio terminó en un solo día de incesante bullicio de máquinas retroexcavadoras que derribaban con suma facilidad viviendas con techos rotos, paredes por donde chorreaba el agua, alojamientos sin agua corriente, viviendas convertidas en basureros y zonas de donde emanaban efluvios pestilentes de los darros reventados.

Sólo algunas familias que no habían conseguido una vivienda se negaron a abandonar sus casas. Otras, como en el caso de ‘Los Jaros’, se negaron a trasladarse, a pesar de tener asignadas 11 viviendas en un mismo bloque, por estar amenazados de muerte por otros clanes gitanos ya instalados en el Polígono de Cartuja. Ellos ocuparían las únicas once casas que quedarían en pie después de aquel día, junto a la guardería Virgen de la Inmaculada y el colegio Pedro Antonio de Alarcón, hoy conocido como IES La Madraza. El resto quedó convertido en un estercolero en el que sus antiguos moradores pasaron la tarde extrayendo material aprovechable para su venta como chatarra.

El traslado de las familias a los bloques permitió duplicar el tamaño de sus viviendas y solucionar, al menos inicialmente, la situación de indigencia en que vivían los vecinos de La Virgencica. La formalización de los contratos y la distribución de las viviendas, aseguró a los clanes familiares su reagrupamiento por bloques, aceptando en muchos casos pagar un alquiler simbólico de unas mil pesetas mensuales por los nuevos pisos.

Sin embargo, al llegar al nuevo barrio muchas de estas familias acabarían convertidas en auténticas inadaptadas. Aunque los nuevos apartamentos les permitían vivir con más dignidad, en muchos casos, debido a sus costumbres, estas viviendas les impedían ejercer su actividad principal como tratantes de ganado, para lo que se les hacía imprescindible residir en casas bajas que les facilitaban esta labor. Esto provocó que a su llegada al nuevo barrio muchos de los vecinos se vieran obligados a vender sus burros, a levantar nuevas chabolas para albergar a sus animales y, finalmente, a dedicarse a otras actividades para ganarse la vida.