Las cuevas del cerro de San Miguel, en el aire

Justo debajo, unas cuevas con la Alhambra de fondo.

Si hay una zona de Granada con las vistas más privilegiadas, ésa es el Cerro de San Miguel. Desde allí la majestuosidad de la Alhambra eclipsa, se domina toda la ciudad, un paraíso reservado para unos cientos de habitantes que residen en sus más de sesenta cuevas diseminadas por el Cerro. Pero no todo resulta idílico en San Miguel Alto: el acceso hasta las cuevas es tortuoso, la salubridad no está garantizada en muchas de ellas y luego esté el riesgo de derrumbes por el mal estado de algunas viviendas.

No acaban ahí los problemas. Muchos de los que allí se refugian pueden tener los días contados. Aquella escena del despliegue policial que tuvo lugar en enero de 2007 para desalojar a unos cuantos de sus habitantes y escoltar a las máquinas excavadoras para que enterrasen varias cuevas, puede repetirse de nuevo. La aprobación en el pleno municipal de este viernes, 28 de julio, del informe jurídico sobre la titularidad de las cuevas, donde sólo se reconoce la legítima propiedad de siete cuevas, ha despertado recelos y reabierto una polémica que ha permanecido aletargada en los últimos cuatro años. La batalla está servida. Mientras los concejales se reúnen en el pleno para debatir ésta y otras propuestas, los vecinos del cerro de San Miguel se manifiestan por lo que consideran una maniobra de acoso al servicio de especuladores.

Los vecinos del Sacromonte saben mejor que nadie que sus cuevas casi nunca han estado registradas. Antaño no existían papeles o, al menos, no los que acreditaban sin la menor duda la propiedad. Hay más o menos constancia de que la titularidad de la mayor parte de las cuevas ha ido pasando de unas manos a otras: del Patronato de Santa Adela a la empresa municipal Emuvyssa, y luego al Ayuntamiento de Granada. Hay vecinos que llevan años residiendo en ellas y otros -estudiantes, extranjeros o mendigos-, con apenas recursos, que no pueden afrontar el pago de un alquiler y han encontrado su madriguera en lo alto del cerro.

En realidad el informe jurídico que se aprueba en el pleno se sustenta en la inspección que en su día ordenó el entonces concejal de Urbanismo, Gerardo García-Royo, un informe que ha permanecido guardado cuatro años en su cajón con la excusa de rastrear la propiedad de las cuevas. El problema es que muchos vecinos no confían en el plan de excelencia turística que las administraciones elaboraron para convertir la zona en un bazar de tiendas cuando es constatable el abandono que sufre el Sacromonte. Temen que en un futuro se complete la ronda este y se autorice la construcción de viviendas de lujo.

Luego está el deterioro de la zona, las alteraciones sobre el terreno de caminos y veredas. O las apropiaciones de suelo público por parte de moradores que han cercado de forma indebida sus cuevas.

Quedan por tanto varios interrogantes que resolver: por un lado, a quiénes se quiere desalojar y, por otro, para qué o, lo que es lo mismo, qué uso se le quiere dar a la zona.