Los costes de rescindir el contrato con Rober

El paso está dado. El Ayuntamiento ha aprobado la rescisión del contrato con Transportes Rober, la concesionaria del servicio de autobús urbano de la ciudad desde hace medio siglo. El coste de la decisión, sin embargo, puede ser elevado. Los trabajadores advierten que la medida puede suponer la destrucción de más de 90 puestos -los sindicatos elevan la cifra a 180- y la oposición denuncia las «indemnizaciones millonarias» que implicará.

La resolución del contrato llega -según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero, en rueda de prensa- después de que la propia empresa pusiera sobre la mesa que el Plan de Movilidad modifica sustancialmente el convenio actual, con lo que, a su entender, «procedía su rescisión» para sacar a concurso público el servicio.

Así, la reducción del número de líneas y kilómetros que plantea el proyecto con la puesta en marcha de los autobuses de Alta Capacidad y el metro supone modificar en más del 20% las condiciones actuales del acuerdo con la Rober, «con lo que el objeto del contrato ha pasado a ser otro, como bien trasladó la compañía en sus alegaciones», apuntó el concejal.

Sede de Transportes Rober, ubicada en el Zaidín

Según precisó, la concesionaria «tendrá un plazo de 10 días» para presentar sus alegaciones y puede, asimismo, «optar al futuro concurso público», que podría iniciarse «en mes y medio». El edil eludió hablar del coste de posibles indemnizaciones y, en su lugar, señaló que se trata de «un expediente largo que habrá que ir estudiando para ver su resolución final». Recordó, además, la existencia «un procedimiento abierto por el Ayuntamiento ante el impago de lo recaudado en los autobuses por parte de Rober», cosa que «hay que tener en cuenta», añadió, no sin antes subrayar la intención del gobierno local de «mantener todos los puestos actuales».

Con esta idea se intentará «absorber el sobrante» de conductores reubicándolos en el nuevo sistema de control de tiquets que plantea el Plan de Movilidad, deslizó el edil, que habló de la necesidad de iniciar una labor de vigilancia en tierra que requerirá de personal.

Pese a sus palabras, a los trabajadores de la Rober no le salen las cuentas. Y las matemáticas no fallan. «De la documentación presentada para el plan de Movilidad se derivan unos 93 despidos mínimo. La empresa ya explicó en sus alegaciones que los cálculos del proyecto no están bien hechos, pero el Ayuntamiento no lo ha aceptado y sigue con su hoja de ruta», señaló Juan Francisco Muñoz, presidente del comité de empresa de Rober (CCOO).

Para conocer la «incidencia que tendrá sobre el empleo» la rescisión del contrato y «los motivos» que han llevado al Ayuntamiento a tomar esta decisión, los trabajadores solicitarán una reunión con la concejal de Movilidad, Telesfora Ruiz, anunció Muñoz.

De momento, tanto la Federación de Transportes,  Comunicaciones y Mar de UGT como el sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO han mostrado su rechazo a la decisión por la destrucción de puestos que supondrá y la «merma del servicio».

Ambos sindicatos cifran en 180 los trabajadores que podrían pasar a engrosar las listas del paro. Recuerdan, por otra parte, que el propio Ayuntamiento reconoció que la nueva distribución de líneas supondría «una pérdida de 8 millones de viajeros» y lamentan el recorte de kilómetros en un 26%.

Interior de las cocheras de la Rober.

Tanto CCOO como UGT exigen, teniendo en cuenta estos datos negativos, que el Ayuntamiento y la nueva concesionaria -sea Rober o no- garanticen el empleo actual y la calidad del servicio, cuyo coste «se incrementará» para los usuarios, a pesar de que sufrirán «una disminución del número de autobuses, aumento el tiempo de espera en las paradas y la obligación de realizar varios trasbordos para recorridos que, hasta ahora, se hacían en una sola línea».

A los más que posibles despidos, también denunciados por la oposición, IU y PSOE suman la «indemnización millonaria» que puede implicar la medida. Según Izquierda Unidad, la cantidad rondaría los 40 millones de euros. Al menos, esa fue la cantidad en la que el equipo de gobierno valoró la rescisión del contrato cuando en 2008 el partido de izquierdas le preguntó por el coste de tal decisión para las arcas municipales, explicó Paco Puentedura, su portavoz.

Su homólogo en el PSOE, Paco Cuenca, recriminó, además, la intención del PP de sufragar el coste de plan de Movilidad, “en torno a diez millones de euros, a costa del despido de trabajadores”. Para José María Rueda, responsable del área de movilidad del grupo socialista resulta, por otra parte, “sospechoso que días después de que grandes empresas de autobuses se pasearán por este Ayuntamiento [en alusión al acuerdo firmado recientemente con ALSA] conozcamos la noticia de que se rompe el contrato con la Rober”.

(15/03 /2013)