Piden multa y prisión por ultraje a la bandera

detenidas por ultraje a la bandera granada

La Fiscalía ha pedido finalmente multa de 1440 euros para dos de los acusados del ultraje a la bandera en la manifestación republicana del pasado 2 de junio y dos años de prisión para el tercero, tras finalizar la investigación del caso por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada. Además, exige el pago de 538,2 euros a cada uno de los dos primeros acusados y 854,1 euros al restante en concepto de daños causados a la bandera y el mástil reclamados por el Ayuntamiento de Granada.

El fiscal emitió escrito de acusación el pasado 19 de enero, documento al que ha tenido acceso GranadaiMedia, después de que el juzgado diese por finalizada la instrucción del caso al renunciar, precisamente, el Ministerio Público a la práctica de la última prueba pendiente, el testimonio de dos agentes de la Brigada de Información que participaron en el dispositivo de seguridad desplegado ese día, y que debían aclarar si los imputados eran los autores de los hechos que se les atribuyen.

La renuncia a este prueba por parte de la Fiscalía, que se produjo también el pasado 19 de diciembre, llega tras recurrir los abogados defensores la decisión del juez de permitir que dichos policías declarasen como testigos protegidos ocultando su identidad y su rostro a los propios letrados. Como ya informó el pasado diciembre GranadaiMedia, esta decisión llegó a petición de la propia Jefatura de la Policía Nacional, al considerar que los abogados «por norma general participan en las convocatorias a las que acuden sus defendidos» y comprometerían la identidad de los agentes.

Sin delito de desórdenes

Los letrados Antonio Folgoso y José Antonio Mazuecos interpusieron sendos recursos a la decisión del juez y pidieron amparo al Colegio de Abogados de Granada, al considerar que se estaba vulnerando el derecho a la defensa de sus representados. Folgoso, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), valoró para GranadaiMedia que la petición de la Jefatura «pone de manifiesto que la Policía hace determinado tipo de seguimientos relativos a hechos que nada tiene que ver con delitos, sino más bien con el ejercicio de Derechos Fundamentales como el de reunión o manifestación», vinculándola con las llamadas «listas negras».

La Fiscalía, eso sí, se reserva volver a llamar a los agentes durante la celebración del futuro juicio. Incialmente, se atribuía a los tres acusados, además del ultraje a la bandera, un delito de desórdenes públicos, que habría supuesto una petición de penas mucho más duro. Finalmente, sólo se pide a dos de ellos el ultraje y al tercero, además, un delito de daños por incendio. Aunque la pena de este último incluye cárcel, al ser de dos años y no tener antecedentes, no tendría que cumplirla ingresando en prisión.

El abogado consultado por este diario encuentra la petición «más razonable», pero añade que «entendemos que no existió ningún ultraje a ninguna bandera, y así lo defenderemos en el acto de juicio». Para Folgoso «da la sensación de que en su día pudo haber incluso instrucciones políticas de ‘engordar la gravedad’ de los hechos, para transmitir el mensaje de que la Monarquía no se tocaba, y que no se iban a permitir actuaciones de protesta».

Fiscalía buscaba «abreviar» el proceso

Por su parte, la Fiscalía de Granada, consultada por GranadaiMedia, ha restado importancia a este cambio aclarando que es «habitual» en la instrucción de muchos casos que el Ministerio Público matice su criterio, en este caso por entender que «no era una prueba esencial» y buscando «abreviar la instrucción», que los recursos de los abogados «podían haber dilatado excesivamente».

Aclararon las misma fuentes de la Fiscalía que la petición de delitos «tiene el límite de gravedad que marque la calificación del juez de instrucción, pero el fiscal siempre puede considerar que los hechos tienen menos entidad y pedir penas menores, como ha sido el caso».

Finalmente, la Policía Nacional, preguntada por este diario, aclaró que «no es su función valorar cuando es necesario» el testimonio de los agentes, ya que es una decisión judicial, y que estos acuden a declarar, en este o en cualquier otro caso, cuando así lo deciden jueces o fiscales. Sobre las «listas negras», la respuesta de la Jefatura fue que «no valora opiniones» de los abogados.

Comunicado del SAT

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) emitió a última hora del martes 27 de enero un comunicado de prensa en el que expresaba su rechazo a la petición del fiscal, por considerar que «la información para imputar e identificar a nuestros compañeros se ha realizado por las listas negras que maneja la Policía Nacional», algo que califican de «persecución» y «que se ha extendido a nuestros abogados». Opinan, además, que en los vídeos difundidos se observa que el autor del destrozo de la bandera no es uno de los imputados.

Pero, añaden, «más allá de quien fuera el responsable de quitar la bandera  entendemos esta acción como un acto simbólico de protesta social, no de un delito», e informan de que «esta misma semana iniciamos una campaña por la absolución de los compañeros y contra la Monarquía bajo el lema Andalucía sin monarquía«, en la que estarán incluidas varias «acciones sorpresa».

¡Danos tu opinión!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.