Antonio muestra a la delegada de la Junta el estado de su vivienda, en Santa Adela. Foto: J. M. Grimaldi
La delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Sandra García, ha visitado esta mañana el barrio de Santa Adela, donde ha podido comprobar el deterioro que soportan los edificios de la tercera fase de un plan de reforma paralizado.
Este miércoles está prevista una reunión en la que Junta, Ayuntamiento y vecinos buscarán un primer acuerdo para terminar con las disputas. De cara a este encuentro, García ha garantizado la voluntad del Gobierno autonómico, sin olvidar que es el consistorio local el promotor de las obras.
Sandra García ha iniciado su intervención recordando el retraso en las obras de la tercera fase del barrio de Santa Adela por parte del Ayuntamiento de Granada, para acto seguido hacer hincapié en que su visita no ha sido “para echar balones, ni la Junta al Ayuntamiento, ni el Ayuntamiento a la Junta”. Ha repetido en tres ocasiones esta premisa, dejando claro en todo momento la voluntad que existe por parte de ambas administraciones. “El Ayuntamiento de Granada va a tener un aliado en la Junta de Andalucía para impulsar la tercera fase del barrio de Santa Adela”, remataba la delegada.
Después de comparecer, la delegada ha realizado una visita al barrio guiada por el arquitecto Mariano Martín Civantos. También componían la comitiva el presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, Antonio Ruiz, el concejal del PSOE, Paco Cuenca, y un buen puñado de vecinos que han denunciado la situación de desamparo a la que dicen sentirse sometidos ante el retraso de las obras y su urgencia.
La ruta ha incluido la visita a varios edificios, incluyendo algunas viviendas particulares. La delegada del Gobierno andaluz en Granada ha podido comprobar los desperfectos que muestran las casas: humedades, hundimiento de suelo, ausencia de aislamiento, malos olores, peligrosas instalaciones eléctricas, problemas de condensación, grietas, desprendimientos, puertas que ya no encajan en el marco… Una larga lista de deterioros a la espera de una respuesta institucional para su arreglo.
«Hay que demoler, contruir y alojar». Martín Civantos resume así las obligaciones urbanísticas que tiene el Ayuntamiento con este descuidado pedazo del barrio.
Los bloques visitados se encuentran dentro de la tercera fase del plan de reforma que hace diez años se orquestó para la renovación del barrio, probablemente la zona en peor estado de todas. Aunque el deterioro es notorio a simple vista, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) –a cuenta del Ayuntamiento- valoró en una media de 6.500 euros el coste de los arreglos por inmueble. “Es una cantidad muy pequeña. Sólo arreglar este salón son 10.000 euros por lo menos”, apunta Martín Civantos durante una parada en el domicilio de Antonio, cuya casa se hunde, y no es una metáfora.
No es el primer reconocimiento llevado a cabo por representantes políticos en el barrio. Concejales de toda la oposición pasearon por sus calles hace poco más de cuatro meses. Esta nueva visita se salda con esperanza por parte de los vecinos, que creen que las reformas prometidas están cerca.
(22-07-2014)
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