Policías ‘protegidos’ de abogados activistas

Policías nacionales han pedido que se proteja su identidad de los abogados defensores en el caso del ultraje a la bandera de Constitución durante la manifestación republicana del 2 de junio. Alegan que los letrados son también activistas sociales y el anonimato de los agentes debe ser protegido tanto de ellos como de los acusados.

Manifestación detenidos ultraje bandera

Un momento de la protesta por las detenciones por el ultraje a la bandera el pasado junio. Foto: GiM.

Dos agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional han pedido declarar como testigos protegidos en el caso del ultraje a la bandera de la Avenida de la Constitución durante la manifestación del pasado 2 junio. Una medida que no es rara excepto porque han solicitado que su identidad se proteja también de los dos abogados de la defensa, alegando que estos participan de manera habitual en las mismas movilizaciones que sus detenidos.

En un escrito del 5 de noviembre de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, al que ha tenido acceso GranadaiMedia, el Comisario Jefe de la Brigada de Información solicita que para la declaración de los agentes se tomen «las oportunas peculiaridades para ocultar su identidad», de manera que no coincidan o puedan ser identificados por parte de los acusados. Acaba el escrito pidiendo que dichas medida «se haga extensible» a los abogados, ya que «por norma general participan en las convocatorias a las que acuden sus defendidos«. El juez y el fiscal aprobaron dicha petición.

Los abogados afectados, Antonio Folgoso y José Antonio Mazuecos, representan a los tres imputados como presuntos autores del descuelgue y rotura de la bandera de Constitución, que supondrían delitos de desórdenes públicos, ultraje a la bandera y daños. El Ayuntamiento es parte perjudicada. Los agentes de Información deben declarar para confirmar la identificación visual y la toma de imágenes, que realizaron de paisano, es decir, como ‘secretas’. Su declaración ha sido aplazada al próximo 16 de diciembre, aunque en principio se preveía para el mes pasado.

Folgoso, preguntado por GranadaiMedia, explicó que en estos momentos han pedido la nulidad de la actuación, sobre la que debe decidir el juez de Instrucción 3, y estudian plantear la cuestión al Colegio de Abogados de Granada. Si quiso señalar lo «extraño» de la «ambigua» redacción del informe de la Policía, preguntándose «cómo tienen constancia» de su participación o la de su codefensor en algún tipo de movilización. No quiso valorar si su militancia en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha podido tener que ver en esta petición de la Policía.

Consultado sobre esta medida, el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Bellido, aclaró a GranadaiMedia que es «lo habitual» que los agentes de la Brigada de Información declaren como testigos protegidos «porque su trabajo es muy delicado y se pone en riesgo su eficacia si su identidad es conocida». Bellido no quiso valorar este caso concreto por estar aún pendiente de la decisión del juez, pero indicó que «se debe más a motivos de preservar el anonimato por el tipo de trabajo que hacen que a seguridad, ya que no estamos hablando de casos de terrorismo o similares».

Según ha podido saber GranadaiMedia, peticiones similares se han registrado en los últimos meses para al menos otros dos abogados, el letrado de Stop Desahucios Granada, José Iglesias, y la del sindicato CNT, Montserrat López. López indicó a este periódico que le causó «extrañeza» la medida pero que «nunca actuando como defensora he tenido acceso a un testigo protegido, en instrucción o en vista oral, porque la mampara los tapaba de mi vista también. Lo raro es que se explicite tan claramente, parece un intento de desprestigiar a los letrados».

Precisamente José Iglesias es un habitual de las protestas contra las llamadas «listas negras», presuntas listas de activistas sociales con datos de los mismos en poder de la Policía Nacional y de carácter irregular, que se utilizarían para multar en diferentes movilizaciones. Stop Represión ha organizado diferentes protestas a lo largo de los años, señalando los casos de multas a conocidos activistas «por identificación visual» aunque ni siquiera se encontraban en Granada en el momento de los hechos.

Existe un precedente en la persona del abogado Erlantz Ibarrondo, al que la Brigada de Información de Madrid quiso imputar pertenencia a organización criminal utilizando un informe en el que se detallaba su participación en diferentes movimientos sociales, y que diversas asociaciones de abogados denunciaron como ilegal. Ibarrondo es conocido por ser el representante legal de los ‘Bukaneros‘, la peña del Rayo Vallecano considerada de extrema izquierda.

Comentarios en este artículo

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    Policías piden proteger su identidad de abogados activistas

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