Primera querella por acoso inmobiliario

El grupo Stop Desahucios de Granada ha presentado hoy la querella contra los propietarios de la Casa del Aire, uno de los pocos inmuebles de paso catalogados del Albaicín, por el acoso inmobiliario que los inquilinos han sufrido durante los últimos 8 años.

 

Clara Martínez, desalojada en diciembre, y Manuel Prieto, el único inquilino de la Casa del Aire, en los juzgados.

Stop Desahucios de Granada, uno de los grupos de trabajo perteneciente al 15M, ha presentado esta mañana ante la Fiscalía – con la ayuda del grupo de juristas 17 de Marzo- la primera querella criminal en Andalucía por acoso inmobiliario o ‘mobbing’ de Edivara SL -Inmobiliaria Sol, propietaria de la Casa del Aire, uno de los muchos inmuebles catalogados del bajo Albaicín donde aún hoy reside Manuel Prieto, el último  inquilino de la casa de paso.

La querella, en nombre de la ya desahuciada Clara Martínez, se dirige contra la inmobiliaria y sus administradores o representantes legales por un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal, en su modalidad de acoso inmobiliario, o, alternativamente, un delito contra la integridad moral en su modalidad de actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

A mediados de diciembre fue desahuciada Clara Martínez, una de los dos inquilinos que resistían en el inmueble -aunque ya entonces no residía en la vivienda ante la imposibilidad de hacerlo en condiciones dignas-, tras un inusitado despliegue policial. Stop Desahucios considera la Casa del Aire uno de los ejemplos más visibles de la «especulación inmobiliaria».

Los abogados han reconocido que no existe apenas jurisprudencia sobre este asunto por haberse incorporado recientemente como delito en el código penal. En cualquier caso, entienden que han existido coacciones por parte de los propietarios, al tiempo que han incumplido su deber de conservación del inmueble pese a los requerimientos del Ayuntamiento de Granada para que acometiera obras de seguridad.

Declaraciones de Clara Martínez, desahuciada en diciembre de 2011:

Manuel Prieto, que lleva 31 años en régimen de alquiler, se ha referido a los problemas a los que tiene que hacer frente para poder vivir en su vivienda del Zenete. «Hay  un patio llenos de escombros, es antihigiénico, y tengo que entrar a mi casa a oscuras, con una linterna que llevo en el bolsillo».

Los promotores de esta querella denuncian que los propietarios de la Casa del Aire tratan de buscar la declaración de ruina del edificio para «deshacerse» del único vecino que permanece en el edificio después de que éste ganara su contencioso con la inmobiliaria. Sostienen que el acoso es intencionado, dejando que el edificio se deteriore, destrozando techos y tapiando viviendas, cuyas ventanas permanecen abiertas para acelerar el proceso de degradación del edificio. A ello se suma el corte de los suministros de luz y agua, el no reconocimiento del contrato indefinido del único vecino que permanece en la casa, la presión psicológica que ha ejercido en estos años contra los vecinos y la no aceptación del pago de la renta de los que fueron sus inquilinos.

«A todo esto hay que añadir que los vecinos y solidarios han sido los que se han preocupado activamente del mantenimiento del inmueble y de sus habitantes, y de denunciar los procesos especulativos de los que la Casa del Aire es sólo un ejemplo. A cambio, están padeciendo la represión económica desde las administraciones públicas y judiciales, a través de grandes cuantías en multas (más de 5.000€ por manifestarse y denunciar públicamente los hechos) y el sometimiento a mútiples juicios (por repartir octavillas, por oponerse a los desahucios…) que acumulan más de 10.000€ en gastos», concluyen.

Declaraciones de Pepe Iglesias, abogado de Stop Desahucios en Granada:

En octubre serán juzgados seis vecinos que en su día apoyaron a los inquilinos o se vieron envueltos en el desalojo. «Tras ocho años de lucha, los vecinos de la casa, especialmente el que permanece habitándola, siguen sufriendo los hostigamientos de los propietarios», argumenta el grupo Stop Desahucios, que acusa a las administraciones públicas y judiciales de ser cómplices de las prácticas especulativas.

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(28-06-2012)

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