Protesta contra el desalojo de ocho familias

Concentración de Stop Desahucios frente a la sede del PP.

Al grito de «¡la vivienda no es un lujo es necesidad!», decenas de personas convocadas por Stop Desahucios se han concentrado frente a la sede provincial del PP en el Zaidín para denunciar el inminente desalojo de ocho familias de la Zubia, a las que Visogsa, la empresa provincial de vivienda de la Diputación, «echará a la calle por no poder hacer frente a su alquiler ‘social'».

Durante la protesta, el colectivo ha explicado que alcanzó un acuerdo con el gerente de Visogsa y actual alcalde de Dílar, el popular José Ramón Jiménez, para evitar el desahucio de las 30 personas afectadas, entre éstas 18 pequeños. En la reunión «se comprometió a  paralizar los desahucios y revisar de nuevo los contratos, adaptándolos a las difíciles circunstancias económicas de estas familias», que actualmente no pueden costear su alquiler ‘social’ de entre 350 y 400 euros mensuales de media por sus insuficientes ingresos, señaló Stop Desahucios.

Pero Visogsa «ha incumplido su palabra» a escasos días de que comience el desalojo, ordenado para el próximo 9 de junio, y  «donde dijo digo dice diego», denuncia el colectivo. Según parece, la directiva de la empresa, dirigida por el PP como partido al frente de la institución provincial, «se niega a negociar rebajando el alquiler», lamentó Federico Juárez, integrante de Stop Desahucios.

«Se trata de viviendas públicas construidas en suelo igualmente público que hemos pagado todos los contribuyentes. Aún así quieren dejar a estas familias en la calle para hacer negocio con ellas», criticó Jiménez durante la protesta pacífica, que concluyó después de que la Policía iniciara la identificación de los asistentes.

Hasta la sede del PP se trasladaron tres lecheras con más de una docena de agentes que, pasado un tiempo, comunicaron a los presentes su intención de proceder a solicitar los DNI de todos ante la «ilegalidad de la concentración por congregar a más de 20 personas sin permiso».

Disolución de la concentración después de que la Policía procediera a identificar a los asistentes.

La Policía advirtió que la negativa a identificarse supondría pasar de una sanción administrativa, es decir una multa, a otra penal, lo que los obligaría a enfrentarse a un juzgado. De nada sirvieron los argumentos de algunos de los concentrados, que dejaron clara su situación. «Pero si me van a echar de mi casa por no poder pagar como voy a asumir una sanción», señaló una afectada, a la que un agente atajó con el aviso de que «en esos temas no nos podemos meter».

Stop Desahucios criticó esta intervención, motivada a su entender «por estar frente a la sede del PP». Exigió, por último, una «reunión urgente» con el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, como máximo responsable de las actuaciones de Visogsa, para abordar la problemática de vivienda de protección oficial (VPO) en la provincia.

Granadaimedia ha contactado con la institución provincial para conocer su versión, pero de momento no se ha pronunciado.

(04/06/2014)