Los representantes de las entidades sociales han reclamado un «giro» en la política social.
Diez asociaciones de la zona norte de Granada han dicho hoy “basta” a los recortes sociales que han emprendido las administraciones, en concreto la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada. Aseguran que están “cansadas de oír” que las personas en riesgo de exclusión social, los más necesitados, no van a sufrir las consecuencias del tijeretazo.
Los datos que ha expuesto el presidente de la Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía (AEIA), Francisco José Carrillo de la Plata, hablan por sí mismos. Sólo en resoluciones aprobadas en 2011, en lo concerniente a políticas activas de empleo, se les adeuda en torno a 3,8 millones de euros. Curiosamente, Andalucía es la comunidad española donde más empresas de inserción laboral hay, pero también es la única que no tiene un marco regulador, lo que dificulta la puesta en marcha de políticas eficaces contra el desempleo.
Carrillo denuncia que la situación es insostenible y que se ha pasado la «raya roja», que hay trabajadores que no cobran desde hace cinco meses, que presidentes de algunas entidades han preferido que les embargaran los bienes para no paralizar los proyectos que tienen en marcha en la zona norte de Granada, a la espera de obtener la subvención de la Junta que se demora en el tiempo.
“Está muy bien pagarle a los bancos y la deuda, pero no es de recibo que se toquen las políticas sociales”
Pero más allá de la situación particular de las personas que integran las diez entidades sin ánimo de lucro, Laura Guillén, coordinadora de la Asociación Socio Cultural de Adultos de Cartuja, lamenta que “se esté jugando con la ilusión de las personas”. Se refiere a toda esa población vulnerable que fueron admitidos para participar en escuelas talleres y casas de oficio y que han visto cómo no han podido formarse porque no llega el dinero de la administración. Según datos de empleo oficiales, el paro en la zona note ronda el 70% cuando la media en otras zonas de Granada es del 30%.
La asociación que coordina Laura es el primer auxilio para los mayores dependientes que tienen un informe favorable y que deben esperar meses para recibir la ayuda. Hace unas semanas, la asociación ha tenido que terminar con ese programa por falta de fondos.
“Está muy bien pagarle a los bancos y la deuda, pero no es de recibo que se toquen las políticas sociales”, censura Carrillo, quien hoy ha puesto en evidencia la propaganda de la Junta de Andalucía en lo concerniente a políticas sociales.
Recortes previstos de la Junta en acción social
En la propuesta de resolución para la concesión de subvenciones que realiza la Consejería de Salud y Bienestar Social a entidades privadas que desarrollan programas de acción social y que se les dio a conocer ayer a las asociaciones o colectivos afectados, se contemplan las siguientes reducciones:
- la Asociación Granada Acoge tiene fijada, como cantidad propuesta a recibir, 10.440 euros, un 40% por ciento menos que en 2011
- la Asociación Benéfico Social ‘Virgen de la Cabeza’, 32.340 (-36%)
- la Asociación para la Igualdad y la Solidaridad, 9.300 (-50%)
- la Asociación de Educadores ‘María de Borja’, 16.000 (-28%)
- la Asociación de Pensionistas y Jubilados del Polígono de Cartuja, 19.000 euros (-27%)
- la Congregación de Religiosas de la guardería infantil Jesús-María, 4.500 (-25%)
- la Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, para el programa ‘Inserjoven’, 7.000 euros (-30%); esta misma entidad para actuaciones complementarias de empleo, 9.800 (-30%) y para comedor social, 23.800 (-30%)
- la Asociación de Mujeres Gitanas Romi, para la promoción de la cultura gitana, 4.500 (-30%) y para programas de intervención con los jóvenes de la Zona Norte, 7.650 (-30%)
- la Asociación Socio-Cultural de Adultos Cartuja, para talleres de inserción, 16.500 (-30%) y para apoyo a familias con personas y enfermos dependientes, 74.920 (-28%)
- la Asociación Gitana Anaquerando, para el programa mujer y empleo, 3.500 (-30%)
- la Asociación ‘Los Primeros’, 13.000 (-30%)
- la Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, 5.670 (-30%)
- la Asociación Juvenil Amigos de Almanjáyar, 9.350 (-30%)
- la Asociación Cultural de Trabajadoras del Hogar, 3.500 (-68%)
- y la Asociación Sierra Nevada, 10.200 (-35%).
“La situación no está normalizada”
Precisamente, una cuestión que reprocharon a las administraciones tiene que ver con que se les asocie a una actividad “asistencialista”. “Ninguna de las entidades que comparecemos realizamos una política asistencialista, sólo intentamos que las personas más desfavorecidas, con menos recursos, dispongan de una formación integral y social, tratar de llegar donde no llega la administración”, aclara Laura Guillén, para quien estos ciudadanos “no son números ni meras estadísticas, son caras y rostros conocidos y sabemos qué se encierra en cada casa”.
“No pueden decir que en la zonaNorte todo el mundo está normalizado, que no existe ningún problema porque la realidad es muy dura. ¿Quién es el responsable? Que cada cual se lo pregunte”, añadió.
También tienen que hacer frente a la “exclusión” de los concursos públicos de la Junta de Andalucía de las entidades que trabajan en zonas desfavorecidas y que se otorgan a las grandes empresas que “no generan empleo y tienen a sus trabajadores en condiciones poco dignas”.
Se da la circunstancia de que para solicitar una subvención o presentarse a una convocatoria, las entidades están obligadas a estar al día en las cuotas a la Seguridad Social, cuando las deudas que las están asfixiando económicamente están directamente relacionadas con los impagos de las administraciones.
Como botón de muestra, dos asociaciones de larga tradición en la zona Norte, Anaquerando y Alfa, exponen su situación a GranadaiMedia:
Francisco José Carrillo de la Plata insiste en que “se ha pasado la raya roja” y que hoy día hay entidades sin ánimo de lucro que podrían desaparecer, lo que agravaría la situación de los vecinos más necesitados de ayuda. Es por ello que reclamó, en nombre del resto de entidades, un “giro social” en las políticas para que no se castigue a la población más vulnerable.
(22-11-2012)
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