La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (antigua EPSA) estrenó ayer su residencia 14 de abril, 28 viviendas de VPO reconvertidas en 80 alojamientos para estudiantes universitarios con bajas rentas y un proyecto de intervención social en Almanjáyar.
Casi a la misma hora que el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, «entregaba las primeras llaves» del edificio, la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, enviaba una nota a los medios criticando el cambio de uso de este inmueble, ubicado en la calle Poetisa Handuna.
«Izquierda Unida ha destinado unos alojamientos sociales a residencia de estudiantes. Se trata de apartamentos de un dormitorio con servicios comunes y en régimen de alquiler, que consiguieron la licencia de primera ocupación en 2011 como alojamientos protegidos de VPO», refiere la edil de Urbanismo, que critica que «con esta maniobra IU ha burlado el destino del edificio para personas en riesgo de exclusión social y lo destinan a una actividad lucrativa, con la que intenta hacer caja”.
Los alojamientos, que no sólo están destinados a estudiantes sino a licenciados o graduados, técnicos superiores, profesores o investigadores «que realicen algún curso de formación específica en la Universidad de Granada o en algún centro de investigación asociado a ella», tienen un coste de 60 euros al mes, a los que hay que sumar los gastos comunitarios y de suministros. Para acceder a ellos los ingresos familiares del aspirante no podrán superar las 2,5 veces el Iprem (es decir, con ingresos anuales por debajo de 18.600 euros netos).
Morales ha asegurado a GranadaiMedia que estas viviendas ahora convertidas en alojamiento universitario formaban parte de un parque de 200 pisos de VPO destinados a compra-venta que se encontraron en el barrio cuando la formación de izquierda llegó a la cartera de Fomento. «No tenían ninguna demanda por la falta de créditos y decidimos pasarlas a alquiler», asegura. La decisión de convertir la promoción de 28 viviendas de Poetisa Handuna en alojamiento para estudiantes con un proyecto de intervención social fue consensuada, asegura, con la Mesa de la Vivienda, un órgano de participación y consulta de AVRA en el que intervienen vecinos y entidades que trabajan en el barrio.
La denuncia de la concejal de Urbanismo esta vez no ha ido hacia la Junta de Andalucía, sino directamente hacia Izquierda Unida, el partido político que controla Vivienda en la Junta de Andalucía, una formación particularmente beligerante con el Ayuntamiento de Granada en temas de viviendas sociales y desahucios, como se ha podido comprobar en el asunto de las cuevas del Cerro de San Miguel, las viviendas vacías de Emuvyssa o más recientemente el caso del anciano de San Ildefonso, sobre el que se pronuncia Nieto en su nota criticando que IU «izara la bandera contra los desahucios y dijese que la Junta no tiene viviendas en Granada para estos casos, cuando en realidad están cambiando el uso a los alojamientos sociales que tienen vacíos”.
Lo cierto es que ni «cambiando de uso» estas viviendas de la antigua EPSA consiguen tener salida. La comunidad universitaria no parece muy interesada los nuevos alojamientos, que tienen 28 plazas de garaje y trasteros, además de cocina, comedor y lavadero. Bien por la ubicación, bien porque la información sobre esta convocatoria circuló en verano o por la obligación de pertenecer a una familia de escasos recursos, la residencia 14 de abril apenas tiene inquilinos aún.
A la sensación de vacío que ofrece, se suma la intervención que se ha hecho en su perímetro para reforzar su seguridad con chapas metálicas que bordean todo el inmueble y le confieren una sensación de ‘búnker’ entre el colegio público María de Zambrano, la piscina municipal de Almanjáyar y la escuela de magisterio La Inmaculada. El periodo de solicitudes sigue abierto.
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