La campaña electoral se coló este lunes en la Residencia de la Huerta del Rasillo. Los usuarios y trabajadores de este centro en el que habitan grandes dependendientes no llegaron a concentrarse frente a la Delegación de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, como tenían previsto, pero tampoco recibieron soluciones concretas por parte del delegado, Higinio Almagro. La amenaza de cierre, que supondría el traslado y dispersión de unos y el despido de los otros, sigue pendiendo sobre sus cabezas.
La situación de precariedad de esta residencia se prolonga desde hace meses por la deuda, impagos y despidos dentro del proceso de quiebra de la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física (CANF), actualmente investigada por posible fraude con fondos públicos e intervenida por un juzgado de lo mercantil de Sevilla para su proceso de disolución. Lo casi 40 trabajadores han llegado a acumular hasta cuatro nóminas sin pagar.
A comienzos de febrero, cuando se convocó la primera manifestación de trabajadores y residentes ante la Delegación de Políticas Sociales, en Plaza Gracia, Higinio Almagro ya la atajó anunciando que no habría cierra, pues el administrador concursal nombrado por el juez había accedido a cambiar la titularidad del centro, que pasaría a ser gestionado por la Federación Granadina de Dispacidad (Fegradi). Sin embargo, entonces no explicó que la condición era que el «heredero» de la CANF asumiese el millón y medio que adeuda de esta residencia, más la deuda de su otro centro en Sevilla, anunciando un ERE para los trabajadores y el cierre si no se conseguía.
La reunión del delegado de Políticas Sociales de la Junta y un grupo de trabajadores y usuarios del centro comenzó poco antes de las 10.30 de la mañana y fue mucho más tensa que la del 3 de febrero en la que impidió la primera manifestación. Lo acompañó Martín Ortega, presidente de Fegradi, y la propuesta de ambos, aunque la reunión se prolongase varias horas, se resume en que han pedido al administrador que acceda a que la deuda se pague fraccionada, haciéndose cargo la nueva gestora sólo de 300.000 euros.
Entre tanto, apareció por allí el parlamentario andaluz del PP y candidato a la reelección -aunque en un puesto más bajo de la lista-, Vicente Valero. El ‘popular’, cuando hizo uso de la palabra para culpar a la Junta de Andalucía de la situación, fue reprendido por los trabajadores y por el propio Higinio Almagro por «traer la campaña» a la residencia. Cuando le pidieron que abandonase el lugar, Valero pidió que también se obligase a salir a Marta Gutiérrez, de Podemos, presente en ese momento, pero los trabajadores permitieron que se quedase por entender que había criticado la situación sin hacer propaganda de su partido. En otro momento también se incorporaría Manuel Merino, coportavoz de Equo.
Más tarde se incorporaron varios delegados y manifestantes del sindicato CCOO, llegados desde Plaza Gracia al ver que no se incorporaban a la manifestación los propios afectados. Diego Molina, secretario general de Enseñanza del sindicato, acusó en dicha reunión a Almagro de estar intentando impedir la protesta y de «no poder ofrecer soluciones» e incluso de mentir. El delegado de la Junta intentó echarlo de la reunión alegando lo mismo que con Valero, pero de nuevo los trabajadores pidieron que se quedase, junto con su representante legal, Alejandro Ruiz, también de CCOO.
Este martes tendrá lugar una reunión con el administrador en la que participarán tanto Junta de Andalucía como sindicatos y Fegradi, y en la que está pendiente que acepte no sólo fraccionar la deuda del Rasillo, sino separarla también de la del otro centro de la CANF en Sevilla, para el que la Administración no encuentra organización que se haga cargo.
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