Imagen de archivo de una de las protestas para exigir la readmisión de los trabajadores despedidos de Jardines Alberto.
La victoria judicial de los tres trabajadores de Jardines Alberto despedidos tras su participación en la huelga de la hostelería de 2014 se ha saldado con una «mejora de las condiciones laborales» de la totalidad de la plantilla del restaurante, situado junto a la Alhambra. Después de la incorporación de dos de los afectados a su puesto -Francisco Vázquez y Daniel Galdeano- y el acuerdo de la empresa con el tercero, Samir Amar, se ha producido un punto de inflexión en la rutina laboral del establecimiento. Con el conflicto se destaparon varias prácticas, «por desgracia habituales en la hostelería», que «precarizaban» la situación del personal. En cambio, hoy por hoy «se respetan los turnos reales y nadie trabaja más de 40 horas semanales», declara Galdeano, que recuperó su empleo en mayo.
Daniel Galdeano (Izda) y Paco Cabello recuerdan los pormenores del caso.
Para su «sorpresa» -y lejos de lo que cabría esperar en estos casos, en los que son «comunes situaciones de mobbing muy difíciles de probar para forzar al empleado a tirar la toalla»- su vuelta al trabajo se ha producido en un «ambiente de compañerismo normal». De hecho, el gerente que «capitaneó la denuncia» contra los trabajadores por protestar por su despido frente al establecimiento -una demanda a la que la justicia dio carpetazo con su archivo– le trasladó las «órdenes explícitas» de tratarlo lo mejor posible para no despertar sospechas equívocas de discriminación.
«La victoria en esta lucha ha redundado en beneficio de todos», algo que «valora el resto de la plantilla», ya que Jardines Alberto se encuentra hoy día «entre los pocos» establecimientos de Granada que cumplen «a rajatabla las condiciones estipuladas en el convenio del sector», se alegra Paco Cabello García, responsable de la sección de hostelería en Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que pertenecen los tres.
La resolución del caso de Galdeano llegaba poco después de que la justicia anulara el despido de Vázquez, quien, como sus compañeros, denunció que su cese respondía a represalias por su actividad sindical. El juez condenó a la empresa, Mercasal Iniciativas S.L., a readmitirlo y a abonar los salarios que dejó de percibir desde la rescisión de su contrato. Se da la circunstancia de que Vázquez, que finalmente ha renunciado al trabajo para finalizar sus estudios universitarios, había sido elegido además delegado sindical del restaurante.
Tras este varapalo judicial, Jardines Alberto «intentó llegar a un acuerdo económico» con Amar y Galdeano, cuenta éste último. «Nos negamos porque no queríamos que la empresa escribiera el último capítulo de esta historia y que todo se redujera a un conflicto más resuelto a base de dinero», señala.
Paco Cabello: Jardines Alberto se encuentra hoy día “entre los pocos” establecimientos de Granada que cumplen “a rajatabla las condiciones estipuladas en el convenio del sector”
A mitad de su vista, el Juzgado de lo Social número siete instó a las partes a alcanzar un acuerdo. Los responsables aceptaron entonces la reincorporación del trabajador, el pago de los salarios de tramitación desde el 15 de marzo, cuando se supone arranca la temporada turística en la Alhambra, y el abono de una nómina que le adeudaban, según recoge el acta de conciliación, a la que ha tenido acceso GranadaiMedia.
Más complejo se presentaba el caso de Amar, ya que «pese a ser el que más tiempo llevaba en el restaurante de los tres, siempre había trabajado en negro». «Sobre el papel» solo se le reconoció un año de antigüedad poco después de que se denunciara ante la inspección de trabajo que los eventuales de la plantilla como él realmente eran fijos discontinuos. Ante la dificultad de demostrar una relación laboral más allá, se optó por cerrar un acuerdo con la empresa, que finalmente ha reconocido la improcedencia de su despido y le ha ofrecido una indemnización superior a la que inicialmente le correspondía, detalla su compañero, satisfecho porque «la lucha ha merecido la pena».
Aún queda mucho por hacer, sin embargo, ante la «precariedad» del sector de la hostelería en Granada y provincia, advierte Cabello. «Un 20% de los profesionales trabaja sin contrato y alrededor del 70% lo hace encadenando contratos por obras y servicios, temporales o en prácticas. De esta forma el empresariado se garantiza un despido fácil. En la mayoría de los casos no se recoge la verdadera categoría profesional, sino una inferior, ni las horas de jornada reales», lamenta. «Aún es más sangrante la situación de las mujeres que, bien cobran entre un 25% y un 30% menos por el mismo trabajo, bien por el mismo salario se ven obligadas a asumir más carga que sus compañeros, a los que por lo general no encargan tareas de limpieza», denuncia.
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