Imagen de archivo del Hotel de asociaciones Gloria Mas.
IU denuncia la falta de espacio para las actividades y talleres propios de los Servicios Sociales en el Zaidín, un problema extensible a Beiro y Albaicín. En los tres distritos los trabajadores del área solo disponen de espacio cedido en los centros cívicos, no propio, «con lo que la posibilidad de desarrollar sus actuaciones se ve limitada al priorizarse su uso para participación vecinal», critica.
Según advierte la edil de izquierdas, Maite Molina, en el Zaidín se ven obligados a utilizar para los talleres tres colegios públicos y el hotel de asociaciones. Además, «deben solicitar con un año de antelación su uso para reuniones y demás actividades, lo que hace que las situaciones especiales se demoren en el tiempo hasta poder ser atendidas”, recrimina la concejal. Incide, asimismo, en que los colectivos de participación ciudadana «tienen preferencia en el uso de los espacios con lo que las actuaciones propias y prioritarias de los servicios sociales están desbordadas y sin un lugar reservado para realizar una labor más imprescindible que nunca”.
A su entender “la magnitud de estos servicios, y más en una época de vulnerabilidad cada vez mayor, no se corresponde con la realidad de los espacios de los que se dispone para poder desempeñar de manera eficaz la atención e intervención de colectivos con multitud de problemáticas”.
Molina recuerda, por otro lado, que la entrada en vigor en 2015 de la reforma de la administración local pondrá en «grave riesgo de desaparición prestaciones esenciales» como las «ayudas de emergencia, el trabajo contra el absentismo escolar, la intervención en zonas con necesidades de transformación social del Zaidín y Norte, la dependencia, totalmente paralizada a día de hoy, o la atención de sectores vulnerables, como los inmigrantes”.
La edil critica que el equipo de gobierno del PP gestione el área de Bienestar Social «bajo mínimos» al recortar distintos programas y subvenciones, así como “la privatización de multitud de servicios sociales», lo que ha supuesto para los trabajadores sueldos «inferiores a su categoría profesional”.
Para Molina las más de 13 mil personas atendidas por Cáritas en Granada capital por falta de alimentación, empleo y vivienda hablan por sí solas de la necesidad de «incrementar las prestaciones, los espacios de atención así como de garantizar la subsistencia de los servicios sociales como competencia propia de los Ayuntamientos».
«Desmantelamiento» de los Servicios Sociales, según el PSOE
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Cuenca, ha dado a conocer esta martes una respuesta escrita del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada en el que reconoce que «se deshará de la prestación de los Servicios Sociales municipales en aplicación de la reforma de la Administración Local puesta en marcha por el gobierno de Rajoy». Para el socialista, “el PP ha reconocido finalmente por escrito lo que llevamos denunciando meses. No tienen la intención de mantener los servicios públicos por lo que llevan meses forjando el desmantelamiento de los Servicios Sociales”.
Cuenca cree que el responsable del área, Fernando Egea, ha dejado de ser un interlocutor válido por lo que exigió al alcalde, José Torres Hurtado, que dé la cara “de inmediato” y “explique a los granadinos y a los trabajadores del área qué va a pasar con los Servicios Sociales municipales”.
El máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento ha recordado que los populares comenzaron el desmantelamiento “el año pasado con la supresión de la teleasistencia, y ahora, preparan el cerrojazo final, en un momento en que los servicios sociales son más necesarios que nunca”.
El gobierno del PP lo desmiente
Sobre este asunto, el concejal de Familia, Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades, Fernando Egea, ha afirmado que el Ayuntamiento continuará prestando el servicio de ayuda social, y ha acusado a los socialistas de “asustar a los granadinos con anuncios apocalípticos que no se ajustan a la realidad”.
Egea recuerda que las competencias en materia de Bienestar Social, según la Ley de Reforma de la Administración Local, seguirán prestándose por los ayuntamientos hasta el 31 de marzo de 2015, si bien antes la Junta de Andalucía deberá establecer la adaptación “de Granada y todos los municipios andaluces a la nueva normativa, así como la actualización de los convenios a esta ley”.
«Seguiremos garantizando los puestos de los trabajadores de esta área, pese a que estemos bajo mínimos por culpa de los recortes de la Junta de Andalucía”, ha afirmado Egea, a la vez que ha negado que los trabajadores hayan pedido traslado a otras áreas. Egea, asimismo, ha advertido a los socialistas que el hecho de que la Junta haya recurrido la ley “no la exime para su cumplimiento”.
(01/04/2014)
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