“He intentado negociar un alquiler social, pero el banco me dice que si me lo concede será en otra casa, lo que supone una crueldad tremenda porque se trata de nuestro hogar, donde hemos criado a nuestros hijos, donde guardamos todos nuestros recuerdos…”
Lo cuenta Fernando, uno de los cerca de 100 ciudadanos que cada miércoles se reúne en Stop Desahucios Zaidín para evitar, “a través de la unión, el único arma del pueblo”, que el banco se lleve “lo poco” que le queda: el techo donde su familia ha compartido las alegrías y las penas de toda una vida.
Su situación actual podría ser el espejo en el que se miran muchos de sus compañeros de asamblea: familias que conviven con el miedo a quedarse en la calle, arrastrando una deuda imposible de asumir para que otro hogar se sume a las miles de viviendas vacías en manos de los bancos. Porque “la línea para verse al borde del desahucio es tan frágil que le puede pasar a cualquiera. Con perder el trabajo y no encontrar otro es suficiente. Llega el día en que, ya sin paro ni ayudas, tienes que decidir entre pagar o comer. Las entidades financieras juegan entonces con el miedo. Empiezan las llamadas diarias reclamando la deuda. Si tienes aval, la cosa empeora porque prácticamente se cierran las puertas a la negociación”, cuenta Francisco, también activista de Stop Desahucios Zaidín.
Esta asamblea, una de las 15 de la plataforma ciudadana en la provincia, se celebra en el Local de la Ribera y recibe una media de cuatro casos nuevos cada semana. “Luchamos por aquellos que se implican. Y lo hacemos para que los logros siembren precedentes”, indica Francisco. En el colectivo, nacido del 15M, «todos aprenden de todos» a través de talleres semanales en los que se forman «para así ayudar a buscar soluciones para las familias afectadas por la hipoteca», detalla. Si el banco se cierra a la negociación, «todos luchan por todos» mediante protestas coordinadas por el Grupo de Acción, sin importar las multas y cargas policiales con las que en más de una ocasión lidian cuando se movilizan para intentar evitar que los ciudadanos se queden en la calle.
Resulta ‘comprensible’ que los bancos actúen como usureros. Lo lamentable es que los políticos se lo permitan
Lo afrontan convencidos de que “el pueblo solo tiene al pueblo porque los políticos solo nos hunden más. Unidos logramos algo que no conseguíamos hace un año”, defiende la plataforma ciudadana, que en los primeros seis meses de 2014 logró soluciones para 64 familias granadinas, gracias a la labor de sus distintas asambleas. Su fin no es otro que “acabar con el drama de los desahucios”, endémico desde que estalló la crisis: solo en la provincia, más de 4.200 familias están al borde del desalojo. Y un total de 1844 perdieron su hogar en 2013, lo que ha multiplicado por diez el número de ejecuciones hipotecarias.
El arma para conseguirlo pasa por “unirse y luchar contra esta estafa inmobiliaria”, defienden sus integrantes. “Cuando estalló la crisis financiera se liberaron millones de dinero público para rescatar a los bancos, pero se olvidaron de las personas”, coincide el colectivo, para el que resulta ‘comprensible’ que los “bancos actúen como usureros”. Lo “lamentable es que los políticos se lo permitan, haciendo que paguen la crisis los que menos tienen”, subrayan.
Como ejemplos citan el varapalo “a la Iniciativa Legislativa Popular para regular la dación en pago«, así como «a la ‘ley antidesahucios’ de Andalucía”. A estas trabas se suman normativas que “solo han servido de parche”, como el Código de Buenas Prácticas Bancarias o la Ley 1/2013, lamenta Stop Desahucios. De ahí que la plataforma afronte ahora una nueva batalla: exigir al juez decano de Granada, Jesús Ignacio Rodíguez, declarar ilegal la ley hipotecaria. Con este propósito se presentarán escritos en los Juzgados de la Caleta, iniciativa a la que invitan a unirse este 23 de septiembre, a las once.
Gracias “a la presión popular” se han conseguido sentencias europeas favorables a las familias desahuciadas, lo que ha permitido “sentar jurisprudencia con respecto a las cláusulas abusivas”, cuentan. De momento, el Gobierno ha “desoído las reprimendas» de los tribunales europeos «por dejar al hipotecado en inferioridad de condiciones respecto al banco». De hecho “ha aprovechado el verano para aprobar un real decreto ley sobre materia concursal que vuelve a vulnerar el derecho de los afectados al dejarles el plazo de un mes para que recurran el embargo de su vivienda”, critica el colectivo, convertido en un pilar fundamental para sus miembros.
“Esta lucha social nos convierte en una familia, en amigos. Nos apoyamos y compartimos un vínculo enorme”, coinciden sus integrantes, conscientes de que muchos ciudadanos sufren esta pesadilla en soledad, sin compartirla con sus seres queridos “por vergüenza”. Por este mismo motivo, sumado a la “desesperación ante la perspectiva de quedarse en la calle, un alto porcentaje se ve superado” por el duro revés y acaba con su vida. “De un suicidio que sale a la luz hay cuatro que no”, lamenta Francisco, quien incide en los problemas de salud que generan los desahucios.
Precisamente para reivindicar la necesidad de que las “víctimas de la especulación bancaria no sientan vengüenza” el colectivo se sumó al combativo pasacalles de las fiestas del Zaidín, donde exigió “no más muertes”, además de “derecho universal de suministros básicos, como agua, luz o gas”.
Para financiar su lucha organizó, igualmente en el marco de los festejos, una comida solidaria en la caseta reivindicativa, donde ha tenido un papel activo este año integrando la red de colectivos que la organiza. Gracias a este tipo de encuentros, así como a la venta de pins y camisetas, sus activistas consiguen fondos para continuar sus acciones. Reconocen, no obstante, que la mejor forma de ayudarlos pasa por “implicarse” en su lucha contra la tragedia de los desahucios. Porque «se necesita una lucha colectiva para demostrar que ¡sí se puede!»
(22/09/2014)
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