«Nunca pensamos protagonizar una noticia de desahucios»

El grupo Granada Stop Desahucios del Movimiento 15M ha convocado una concentración (este 30 de enero, a las once de la mañana) frente a la sucursal del Santander de la calle Recogidas (número 13) para protestar contra la amenaza de desahucio que pesa sobre una familia del Zaidín por no poder pagar la hipoteca.

Rosa y Emilio, en el salón de su casa, ahora subastada por el banco.

Se trata de Emilio Linares y Rosa Ruiz, un matrimonio del barrio que vive “una pesadilla” desde que el banco ha puesto en subasta su hogar. “Cuando veíamos en las noticias casos de desalojos nunca pensamos que nos podría pasar a nosotros. Ahora somos conscientes de que le puede tocar a cualquiera”, subrayan.

La pareja -que tiene dos hijos de 14 y 16 años y al padre de Rosa, de 70, a su cargo- sufrió un fuerte revés económico hace cerca de un año, cuando Emilio perdió su empleo en la hostelería. Para colmo de males, Rosa, que alternaba su trabajo en el comedor de colegio con la limpieza por horas en varias casas, se rompió el tobillo tras una caída. “Tuvieron que darme 80 puntos, ponerme un par de placas y dos tornillos”, recuerda esta zaidinera. Las secuelas que sufre desde entonces le impiden “echar horas” por la escasa movilidad de su pierna, con lo que actualmente solo mantiene su empleo en el comedor.

Orden de ejecución hipotecaria que pesa sobre la vivienda.

“Ni sumando los algo más de 300 euros de paro que le quedaron a Emilio con lo que yo gano y la pensión de mi padre alcanzábamos los 912 euros de hipoteca que desde 2007 pagábamos religiosamente cada mes”, indica Rosario. Por eso decidieron –agrega- ingresar lo que podían desde abril del año pasado y comunicar su situación al banco.

La entidad financiera, en este caso Santander Consumer Finance S.A., les informó de que las cuotas que ingresaban ni siquiera cubrían intereses. “Lejos de entender que no es que no quisiéramos pagar, sino que no podíamos por nuestra situación, nos reclamaron 3.000 euros de atrasos a los que de ninguna forma podíamos hacer frente”, cuenta Rosa con la voz quebrada. «Era elegir entre que  nuestros hijos comieran o seguir pagando la hipoteca», prosigue esta vecina, a la que resulta imposible contener las lágrimas.

Después de que el matrimonio dejase de abonar las cuotas, el banco les propuso que entregaran la casa y firmaran un préstamo para hacer frente al resto de la hipoteca. «Aún nos reclaman unos 220.000 euros, a pesar de que está escriturada en 170.000”, lamenta Emilio, que se plantea “dónde han ido a parar las mensualidades de más de 900 euros entregadas estos años”.

Imagen de la última movilización del grupo Granada Stop Desahucios en la ciudad.

Cuando la pareja trató de ponerse en contacto nuevamente con la entidad, descubrió que sus delegaciones en Granada «se habían esfumado». “Esta financiera del Santander había cerrado su oficina de la plaza del Campillo, así que no podíamos contactar con sus responsables para llegar a algún acuerdo. En el banco Santander, donde abonábamos las cuotas, nos dijeron que ellos no se hacen cargo”, indica Rosa.

Hace poco la familia logró localizar uno de los abogados de la financiera, quien les ha conminado a esperar la orden de desahucio como única solución. Desde entonces, Rosa y Emilio -que dicen sentirse como reos que aguardan su sentencia- esperan atemorizados el día que toquen al timbre para entregarles la orden de desalojo. “Nos da pánico cuando oímos llamar a la puerta o cuando suena el teléfono porque hemos recibido llamadas diarias del banco exigiéndonos el dinero atrasado. Vivimos con miedo. Miedo al momento en que llegue la policía para ejecutar la orden de desahucio. Miedo a vernos en la calle arrastrando la deuda de la casa”, señala entristecida Rosa, que hace unos meses solicitó ayuda al Grupo Stop Desahucios del 15M de Granada.

Convocatoria de la concentración del grupo Granada Stop Desahucios.

La plataforma lucha ahora por conseguir que la entidad financiera conceda la dación en pago a la familia –es decir que la entrega de su vivienda salde su deuda hipotecaria, como ya logró con un vecino de la Chana– así como un alquiler social que les permita seguir en su casa con opción a compra si su situación económica mejora en un futuro, relata el matrimonio.

“Es una injusticia que te obliguen a seguir pagando la hipoteca de una casa que ya no es tuya y en la que no resides porque te la han embargado”, censura esta vecina, para la que este “sinsentido” demuestra las desigualdades de un sistema que “rescata a los bancos con dinero público”, pero permite que estas mismas entidades dejen en la calle a miles de familias –más de 4.000 solo en Andalucía, según Stop Desahucios. “Tienen miles de pisos vacíos sin que ningún partido les obligue a alquilarlos a las familias que van a desahuciar”, lamenta Rosa, que insiste en la necesidad de que la sociedad se movilice para evitar «los abusos de unos bancos» que «condenan a la asfixia económica a muchas personas».

Precisamente sobre la marginación social que origina la actual política hipotecaria repara un informe elaborado por la oficina del Defensor del pueblo, en el que alerta de los problemas de exclusión social asociados a los desalojos:

“La disminución de ingresos por el desempleo y otras circunstancias derivadas de la coyuntura económica reducen la capacidad para hacer frente al pago de las cuotas de los préstamos hipotecarios. Quienes se encuentran en estas circunstancias, aunque quieran, no pueden saldar sus deudas al vencimiento de las mismas. Cada vez son más frecuentes los casos de viviendas que por la bajada de precios valen menos que la deuda hipotecaria. Aumentan los desahucios y el riesgo de marginación social. Como es bien sabido, según el sistema legal vigente en España, el deudor no se libera con la entrega de la vivienda. Rige el principio de la responsabilidad patrimonial universal y tras la ejecución hipotecaria y la pérdida de la vivienda, el deudor consumidor mantiene la parte de deuda no satisfecha. A su vez, la inclusión de las personas desahuciadas en los registros de morosos produce su exclusión financiera. Surge así el desarraigo y el riesgo de la falta de integración social”.

(30/01/2012)