Clece ya ha pagado las nóminas de enero a sus trabajadores. IU pide al Ayuntamiento que multe a la empresa por incumplimiento del contrato en el servicio de ayuda a domicilio. El PSOE pregunta qué ha hecho el gobierno local con el dinero que ingresó la Junta en 2011 por este concepto.
Ecologistas en Acción ha pedido al al Defensor del Pueblo Andaluz que tome cartas en el asunto ante el deterioro de la muralla a su paso por el Huerto del Carlos. El colectivo lamenta que las administraciones competentes «se pasen la pelota y la fiscalía se ponga de perfil» después de que decidiera archivar la denuncia.
No han cobrado el mes de enero y les deben atrasos de 2011. Clece, la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Granada, no paga a sus trabajadores porque, dice, el gobierno local no les paga a ellos. Los principales accionistas de la empresa (Florentino Pérez, los Albertos y los March) se reparten hoy 127 millones de euros.
Un grupo de vecinos de la barriada de La Paz obliga a paralizar las obras adjudicadas en varias calles del barrio para exigir puestos de trabajo para los desempleados.
Todo está preparado para la tradicional romería en la explanada de la abadía del Sacromonte. No faltarán las salaíllas, el bacalao, las habas y el agua, pero este año los vecinos del Sacromonte tampoco tienen voz. El Ayuntamiento, según ellos, se impide.
El expolio en la hacienda de Jesús del Valle, donde José Ávilas Rojas proyecta un hotel, será investigado por la Fiscalía de Granada tras la denuncia de Ecologistas en Acción. Se culpa de desidia a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada.
Los artesanos de la Chumbera han conseguido, por el momento, que el Ayuntamiento de Granada no pueda desalojarlos de sus locales del Sacromonte. Una juez considera que el desalojo que quería el gobierno del PP «puede acarrear perjuicios de imposible y difícil reparación».
El Ayuntamiento de Granada ha propuesto aumentar la restricción a los vehículos privados que quieran acceder al Albaicín. Los vecinos exigen, además, que se prohíba el paso por la Carrera del Darro a los autobuses de transporte privado.
