Manualidades, juegos de memoria e historias son algunas de las experiencias que comparten semanalmente mujeres mayores de Santa Adela para mejorar su Bienestar Personal. Sus reuniones, fruto del proceso de realojo que vivieron mientras reconstruían sus viviendas, se han transformado en el mejor antídoto contra el aislamiento.
El gobierno local asegura que «no hay plazos que cumplir» en esta barriada del Zaidín, con un plan de reforma integral pendiente. Una vocal popular intenta deslegitimar en junta de distrito las protestas de una vecina de la zona basándose en que su vivienda ya está arreglada.
Los vecinos de esta barriada del Zaidín acuden a la junta de distrito cargados de casas de cartón con mensajes reivindicativos para exigir, una vez más, «respuestas» sobre la reforma integral de la zona, actualmente paralizada. La concejal de Urbanismo y el delegado de Vivienda se reunirán el jueves, 7 de marzo, para abordar este asunto.
Vecinos de Santa Adela denuncian los problemas que sufren en esta barriada del Zaidín a consecuencia del deterioro de inmuebles de titularidad pública que se mantienen vacíos. Exigen que este parque inmobiliario en desuso aloje a familias que han perdido su hogar.
Vecinos de esta humilde barriada del Zaidín promueven un estudio con la ayuda de un sociólogo para conocer la situación económica y social de la zona. Su objetivo es mostrar al Ayuntamiento su dura realidad actual y los efectos que tendría para los residentes la obligación de asumir las reformas que se deriven de las Inspecciones Técnicas de Edificios.
Resulta difícil creer que alguna entidad pueda eliminar las monedas del camino para sustituirlas por lo más preciado que poseemos: el tiempo. Esa es la propuesta, sin embargo, de la Red de Mujeres: Un banco en el que “únicamente se puede depositar tiempo» para iniciar una cadena de favores que mejore los lazos de vecindad.
Los vecinos tratan de impedir que el Ayuntamiento dé carpetazo a su sueño de tener una vivienda digna dejando fuera del Plan de Reforma Integral de Santa Adela las 500 viviendas de Jarama y Cataluña. Han acordado poner el caso en manos de abogados.
