Los tribunales de oposición del Ayuntamiento quedan bajo sospecha tras la denuncia pública por parte del sindicato CGT de la «repetición» en los mismos de determinados nombres vinculados al Partido Popular, entre otros varios familiares del concejal Juan García Montero, así como Antonio Fernández Lupión, cargo en el PP municipal y condenado en 2011 por falsedad en documento oficial. Aunque este último ya cumplió su condena, el portavoz de la sección sindical de CGT, Justo Fernández, considera su inclusión «poco ética».
Fernández Lupión es, además, secretario del Área Electoral dentro de Vicesecretaría del Partido Popular de Granada capital. Formó parte de varios tribunales de oposiciones entre 2009 y 2010, entre otros los de administrativos y monitores de participación ciudadana. Su reincorporación se produce en un tribunal para 15 puestos de subalternos al que se presentan 2000 personas y en el que CGT pone en duda todos los nombres menos uno. La información fue adelantada ya por el diario Ideal y explicada por CGT al resto de medios este lunes.
Apuntó igualmente Fernández, dentro de los siete miembros del tribunal, a Javier Montero Peña y Pilar Macarena Gómez Montero, e tío y sobrina, condición que consideran incompatible con el tribunal, y que se agravaría por ser familiares directos de Juan García Montero. Montero Peña ha ocupado importantes cargos en el organigrama municipal, siendo Jefe de Sección de Consumo en la actualidad. Su hermana, también tía del concejal y madre de Pilar Gómez Montero, fue ella Jefa de Servicio de Selección y Formación hasta su jubilación.
El concejal ha defendido la gestión del Ayuntamiento y la legalidad de los tribunales indicando que «ha habido gente de todo tipo e ideología, incluso militantes del PSOE. No son personas que trabajen para una ONG, sino que lo hacen para el Ayuntamiento y están capacitadas para participar en los tribunales». Sobre sus familiares, indicó que la presencia de estos en el Ayuntamiento es anterior a su llegada al mismo como edil.
Finalmente, apunta CGT a la antigua directora general de Personal, que perdió la condición de funcionaria al cumplir los 70 años pero se le hizo un contrato laboral. Dicha contratación fue denunciada por irregular y el Ayuntamiento modificó el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para que el puesto lo pudiese ocupar personal no funcionario. Tanto ella como un sobrino suyo, de nuevo otra repetición de familiares que el sindicato considera irregular, han participado en diferentes tribunales entre 2010 y 2014.
No es la primera vez que se pone en cuestión la limpieza de los procesos de selección municipales. En repetidas ocasiones en el pasado tanto la misma CGT como IU y UPyD -en este último caso con una denuncia del equipo de gobierno contra la concejal que fue archivada- han apuntado a presuntos «enchufismo» y oscuridad en la entrada de nuevos funcionarios, los beneficiarios de talleres o curso o los nombramientos de altos cargos.
De camino podía haber explicado el Delegado Sindical de la CGT por qué lo destituyeron de Director del Centro De Servicios Sociales Norte (el de la Plaza del Rey Badis) y de ahí sus continuos actos de animadversión a todo lo que este relacionado con el equipo de gobierno del Ayuntamiento y el PP en general.
Luis